Condenan a siete miembros de una banda narco de Esperanza
Lunes 11 de
Mayo 2020
Fue desbaratada en agosto de 2018, cuando la policía allanó ocho domicilios y se incautaron más de dos kilos de marihuana y cocaína fraccionada para la venta.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a siete integrantes de una banda dedicada al comercio de estupefacientes que operaba en la ciudad de Esperanza y que fue desbaratada en agosto de 2018, cuando la policía allanó ocho domicilios y secuestró una importante cantidad de marihuana y cocaína.
La resolución fue dictada la semana pasada como consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Fiscal General, Martín Suárez Faisal, y las defensas de cada uno de los involucrados. La sentencia, lleva la firma de la jueza de cámara María Ivón Vella, y fue publicada el martes 6 de mayo por el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
“El estupefaciente incautado desde los domicilios allanados tenía como objeto su comercialización futura”, sostuvo la Dra. Vella, tras analizar las circunstancias y el devenir de la investigación judicial iniciada hace casi tres años. Entre los elementos de cargo que llevó a los miembros de la banda a aceptar el acuerdo, constan numerosas escuchas telefónicas y mensajes de texto, a los que la jueza hizo mención, como muestra categórica del comercio de estupefacientes. De allí surgen datos precisos de transacciones que se concretaban bajo la modalidad de “delivery”.
Negocio familiar
La sanción penal alcanza a cuatro esperancinos y un santotomesino de entre 28 y 30 años, los cuales fueron considerados autores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (arts. 5° inc. “c” de la ley 23.737); y a un matrimonio -también de la ciudad de Esperanza-, condenados como “partícipes secundarios” del mismo delito. Cuatro de los integrantes del clan delictivo son miembros de una misma familia.
La pena más alta fue para Marcos Andrés Palo Oliver (30), condenado a 5 años de prisión y multa de 60 unidades fijas ($ 324.000); en tanto Federico Augusto Mealla (28) y Walter Andrés “Chuky” Álamos (28) aceptaron 4 años y medio de cárcel y multa de 54 unidades fijas ($ 291.600) cada uno. El hermano de éste último Emanuel Abel “Tuca” Álamos (30) y Maximiliano Esequiel Reidel (29), cerraron el acuerdo en 4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas ($ 243.000). Y al matrimonio integrado por Orlando Omar “Arbolito” Álamos (51) y Miriam Beatríz Teresita Dudolf (47) se les impuso pena de 2 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de un multa de 27 unidades fijas ($ 145.800 cada uno).
Dos tramos
La resolución del conflicto penal a través de la modalidad del juicio abreviado fue producto de un largo derrotero judicial, iniciado con siete allanamientos en la ciudad de Esperanza y uno en la localidad de Humboldt, en seis de los cuales se secuestraron 1.292,5 gramos de marihuana y 884,6 gramos de cocaína.
El fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, estuvo al frente de los allanamientos simultáneos y requisas de vehículos, ordenados para el 25 de agosto de 2018. Entre los domicilios inspeccionados cuentan una casa de la calle Rafaela al 1200, donde residía Palo Oliver; un kiosco de San Martín al 2500 (cuyo nombre de fantasía era “Friendly”); la vivienda familiar de los Álamos, en calle Sarmiento al 3900; una casa de calle Maestro Donnet al 1900 habitada por “Tuca” Álamos; un departamento en General Paz al 3900, donde residía Mealla; otro de Güemes al 400 habitada por la pareja de Mealla, la cual resultó desincriminada en la causa; y un domicilio de Pittier al 100 ocupado por Reidel. Además, fue allanada una propiedad de calle Moreno al 2000 de Humboldt, donde vivía “Chuky” Álamos. Y fue requisado un Peugeot 206 donde se incautó marihuana. Ese día fueron detenidos seis de los siete condenados.
El juez Federal N° 2, Francisco Miño indagó a los detenidos, que luego fueron procesados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada (confirmado por la Cámara de Apelaciones Rosario el 3 de diciembre de 2018). Además, se libró orden de captura para Palo Oliver, quien se entregó a la justicia el 3 de abril de 2019.
El expediente, que se elevó a juicio en dos tramos, se unificó nuevamente ante el Tribunal Oral Federal, donde la fiscalía alcanzó un acuerdo con las defensas, representadas por el Defensor Oficial, Julio Agnoli; y los abogados particulares Hilda Knaeblein, María de los Ángeles Zelada, Néstor Pereyra y Natalia Giordano.
El auto negro
La causa se inició el 30 de mayo de 2017 a través de una denuncia que el Ministerio Público de la Acusación radicó ante la Fiscalía Federal N° 2, por una cuestión de competencia. La versión sindicaba a un padre y su hijo de la zona rural de Pujato Norte, que supuestamente se encargaban del acopio y distribución de estupefacientes en un auto Renault Megane negro con vidrios polarizados.
Las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes hicieron un trabajo de campo del que surgió que los nombrados se dedicarían al robo de armas de fuego y a la comercialización de estupefacientes; y señalaban a un tal “Gringo” como un nuevo eslabón en la cadena de distribución.
Luego, la investigación decantó en la identidad de un tal “Ezequiel G.” quien era señalado como un empleado el “Tuca” Álamos. Fue a través de este último que se pudo conocer el circuito de ventas de drogas al menudeo en la cabecera del departamento Las Colonias.
Si bien la investigación estuvo a cargo de la Federal, luego pasó a manos de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la policía de la provincia, que fue la que finalmente pudo desbaratar la empresa criminal.
La resolución fue dictada la semana pasada como consecuencia de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Fiscal General, Martín Suárez Faisal, y las defensas de cada uno de los involucrados. La sentencia, lleva la firma de la jueza de cámara María Ivón Vella, y fue publicada el martes 6 de mayo por el Centro de Información Judicial (CIJ) del Poder Judicial de la Nación.
“El estupefaciente incautado desde los domicilios allanados tenía como objeto su comercialización futura”, sostuvo la Dra. Vella, tras analizar las circunstancias y el devenir de la investigación judicial iniciada hace casi tres años. Entre los elementos de cargo que llevó a los miembros de la banda a aceptar el acuerdo, constan numerosas escuchas telefónicas y mensajes de texto, a los que la jueza hizo mención, como muestra categórica del comercio de estupefacientes. De allí surgen datos precisos de transacciones que se concretaban bajo la modalidad de “delivery”.
Negocio familiar
La sanción penal alcanza a cuatro esperancinos y un santotomesino de entre 28 y 30 años, los cuales fueron considerados autores del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (arts. 5° inc. “c” de la ley 23.737); y a un matrimonio -también de la ciudad de Esperanza-, condenados como “partícipes secundarios” del mismo delito. Cuatro de los integrantes del clan delictivo son miembros de una misma familia.
La pena más alta fue para Marcos Andrés Palo Oliver (30), condenado a 5 años de prisión y multa de 60 unidades fijas ($ 324.000); en tanto Federico Augusto Mealla (28) y Walter Andrés “Chuky” Álamos (28) aceptaron 4 años y medio de cárcel y multa de 54 unidades fijas ($ 291.600) cada uno. El hermano de éste último Emanuel Abel “Tuca” Álamos (30) y Maximiliano Esequiel Reidel (29), cerraron el acuerdo en 4 años de prisión y multa de 45 unidades fijas ($ 243.000). Y al matrimonio integrado por Orlando Omar “Arbolito” Álamos (51) y Miriam Beatríz Teresita Dudolf (47) se les impuso pena de 2 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de un multa de 27 unidades fijas ($ 145.800 cada uno).
Dos tramos
La resolución del conflicto penal a través de la modalidad del juicio abreviado fue producto de un largo derrotero judicial, iniciado con siete allanamientos en la ciudad de Esperanza y uno en la localidad de Humboldt, en seis de los cuales se secuestraron 1.292,5 gramos de marihuana y 884,6 gramos de cocaína.
El fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, estuvo al frente de los allanamientos simultáneos y requisas de vehículos, ordenados para el 25 de agosto de 2018. Entre los domicilios inspeccionados cuentan una casa de la calle Rafaela al 1200, donde residía Palo Oliver; un kiosco de San Martín al 2500 (cuyo nombre de fantasía era “Friendly”); la vivienda familiar de los Álamos, en calle Sarmiento al 3900; una casa de calle Maestro Donnet al 1900 habitada por “Tuca” Álamos; un departamento en General Paz al 3900, donde residía Mealla; otro de Güemes al 400 habitada por la pareja de Mealla, la cual resultó desincriminada en la causa; y un domicilio de Pittier al 100 ocupado por Reidel. Además, fue allanada una propiedad de calle Moreno al 2000 de Humboldt, donde vivía “Chuky” Álamos. Y fue requisado un Peugeot 206 donde se incautó marihuana. Ese día fueron detenidos seis de los siete condenados.
El juez Federal N° 2, Francisco Miño indagó a los detenidos, que luego fueron procesados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada (confirmado por la Cámara de Apelaciones Rosario el 3 de diciembre de 2018). Además, se libró orden de captura para Palo Oliver, quien se entregó a la justicia el 3 de abril de 2019.
El expediente, que se elevó a juicio en dos tramos, se unificó nuevamente ante el Tribunal Oral Federal, donde la fiscalía alcanzó un acuerdo con las defensas, representadas por el Defensor Oficial, Julio Agnoli; y los abogados particulares Hilda Knaeblein, María de los Ángeles Zelada, Néstor Pereyra y Natalia Giordano.
El auto negro
La causa se inició el 30 de mayo de 2017 a través de una denuncia que el Ministerio Público de la Acusación radicó ante la Fiscalía Federal N° 2, por una cuestión de competencia. La versión sindicaba a un padre y su hijo de la zona rural de Pujato Norte, que supuestamente se encargaban del acopio y distribución de estupefacientes en un auto Renault Megane negro con vidrios polarizados.
Las primeras pesquisas estuvieron a cargo de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes hicieron un trabajo de campo del que surgió que los nombrados se dedicarían al robo de armas de fuego y a la comercialización de estupefacientes; y señalaban a un tal “Gringo” como un nuevo eslabón en la cadena de distribución.
Luego, la investigación decantó en la identidad de un tal “Ezequiel G.” quien era señalado como un empleado el “Tuca” Álamos. Fue a través de este último que se pudo conocer el circuito de ventas de drogas al menudeo en la cabecera del departamento Las Colonias.
Si bien la investigación estuvo a cargo de la Federal, luego pasó a manos de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la policía de la provincia, que fue la que finalmente pudo desbaratar la empresa criminal.
Con información de
El Litoral
