25 DE ABRIL 2024
Postergan por tercera vez el juicio oral que debe afrontar Lázaro Báez en Chaco
Por:
Hugo Alconada Mon
Viernes 29 de
Diciembre 2023
El tribunal oral federal de Resistencia reprogramó para febrero la primera audiencia por la presunta evasión de decenas de millones de pesos, clave para el entramado de corrupción K
El juicio oral que debe enfrentar Lázaro Báez en Chaco se postergó por tercera vez. El presunto testaferro de la familia Kirchner debía sentarse el 20 de octubre en el banquillo de los acusados, acusado de evadir decenas de millones de pesos provenientes de la obra pública, pero la primera audiencia pasó para el 5 de este mes, luego se postergó para el 19 y terminó por reprogramarse para febrero próximo, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
La decisión de postergar el juicio oral sucesivas veces la adoptó el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a raíz de las demoras registradas para avanzar con la producción de las pruebas; entre ellas, el peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según reportó el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Un dato significativo, sin embargo, es que en marzo de este año el tribunal encomendó a cada parte –fiscalía y defensas- diligenciar las medidas de prueba que propuso, según consta en una copia de la resolución que obtuvo LA NACION, abriendo la posibilidad de que los abogados de Báez y otros acusados retrasen la tramitación del proceso de acuerdo a sus conveniencias.
Báez debe afrontar el juicio oral junto a su socio en la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani, y tres de sus colaboradores más cercanos, Julio Mendoza –quien llegó a presidir Austral Construcciones-, Claudio Bustos y Jorge Chueco, quienes ya arrastran una condena penal en Buenos Aires.
La acusación que Báez y los otros cuatro acusados afrontarán, acaso en febrero, en la capital chaqueña se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani” y que, de confirmarse, podrían configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner arrastra ya por lavado de activos.
Según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, las audiencias se celebrarán una vez por semana y se prevé que se extiendan a lo largo del primer semestre de 2024.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno, montos que, de ser hallados culpables, deberían cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para para Báez y Mendoza, como para Bustos, además, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representó una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con jurisdicción en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez sólo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo penal económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, decisión que confirmó la Cámara del fuero, por lo que el magistrado elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que, al igual que en Chaco, avanza por estos días con la concreción de medidas de prueba suplementarias.
Chaco, eslabón clave
El expediente que tramita ante la Justicia federal en Chaco es, sin embargo, el más avanzado. Se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.
En septiembre de 2020, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y a los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, según estimó Bosch –quien preside el tribunal oral que juzgará a Báez, aunque se excusó de intervenir-, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos de todos los acusados. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.
Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (Casación lo redujo a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
La decisión de postergar el juicio oral sucesivas veces la adoptó el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a raíz de las demoras registradas para avanzar con la producción de las pruebas; entre ellas, el peritaje en el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, según reportó el Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería.
Un dato significativo, sin embargo, es que en marzo de este año el tribunal encomendó a cada parte –fiscalía y defensas- diligenciar las medidas de prueba que propuso, según consta en una copia de la resolución que obtuvo LA NACION, abriendo la posibilidad de que los abogados de Báez y otros acusados retrasen la tramitación del proceso de acuerdo a sus conveniencias.
Báez debe afrontar el juicio oral junto a su socio en la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, el otrora senador nacional por el Partido Justicialista Fabio Biancalani, y tres de sus colaboradores más cercanos, Julio Mendoza –quien llegó a presidir Austral Construcciones-, Claudio Bustos y Jorge Chueco, quienes ya arrastran una condena penal en Buenos Aires.
La acusación que Báez y los otros cuatro acusados afrontarán, acaso en febrero, en la capital chaqueña se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani” y que, de confirmarse, podrían configurar el “delito precedente” para la condena que el presunto testaferro de la familia Kirchner arrastra ya por lavado de activos.
Según determinó el tribunal oral conformado por las juezas Noemí Marta Berros, Mariela Emilce Rojas y Lilia Graciela Carnero, las audiencias se celebrarán una vez por semana y se prevé que se extiendan a lo largo del primer semestre de 2024.
Báez, Mendoza, Bustos y Biancalani llegaron a la instancia oral con embargos por $52 millones cada uno, montos que, de ser hallados culpables, deberían cubrir la cifra que la AFIP estimó que habrían evadido en los impuestos a las Ganancias e IVA mediante el uso masivo e intensivo de facturas apócrifas, en tanto que Chueco sobrelleva un embargo de $3 millones.
Tanto para para Báez y Mendoza, como para Bustos, además, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representó una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
En Bahía Blanca, el juez federal Walter López da Silva los procesó como miembros de una presunta asociación ilícita fiscal destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas públicas por más de $673 millones y los embargó por $120 millones. Pero la Cámara Federal con jurisdicción en esa ciudad revocó el procesamiento de Báez, a mediados de 2021, tras concluir que él y sus alfiles ya eran investigados por esos mismos hechos en Buenos Aires. Tras esa decisión, el juez sólo remitió a juicio oral a los empresarios bahienses que trabajaron para el dueño de Austral Construcciones.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el juez en lo penal económico, Javier López Biscayart, procesó a Báez, Mendoza y Bustos en marzo de 2018 por la presunta evasión de al menos $ 70 millones a través de Austral Construcciones, decisión que confirmó la Cámara del fuero, por lo que el magistrado elevó a juicio oral a Báez y a sus hijos Martín, Leandro y Luciana a juicio, como también a Mendoza, Bustos, Chueco, César Andrés y otros alfiles. Todos deberán afrontar la instancia oral ante el Tribunal en lo Penal Económico N° 3, que, al igual que en Chaco, avanza por estos días con la concreción de medidas de prueba suplementarias.
Chaco, eslabón clave
El expediente que tramita ante la Justicia federal en Chaco es, sin embargo, el más avanzado. Se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos al revisar los libros contables de la constructora “Sucesores de Adelmo Biancalani”, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.
En septiembre de 2020, el juez federal subrogante Enrique Bosch procesó a Báez y a los demás acusados a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Estimó que había pruebas suficientes sobre “la existencia de operaciones inter empresas –controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP”.
Esas facturaciones, según estimó Bosch –quien preside el tribunal oral que juzgará a Báez, aunque se excusó de intervenir-, “sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Ocho meses después, la Cámara Federal de Resistencia confirmó los procesamientos de todos los acusados. “Tenemos por acreditada la autoría de los procesados por prueba indiciaria sumada a los restantes elementos objetivos aunados”, remarcaron los camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Juan Manuel Iglesias.
Para Báez, qué ocurra en Chaco resulta clave para su estrategia defensiva. Entre otros motivos, porque el tribunal con sede en Buenos Aires que en 2020 lo condenó por la “ruta del dinero K” a 12 años de prisión (Casación lo redujo a 10 años) junto a Chueco (6 años), Mendoza (6 años, que se redujo a 5 años) y Bustos (4 años y 6 meses, que bajó a 3 años), argumentó que el origen de esos fondos fue el fraude fiscal de fortunas que recibió de la obra pública. Y a lo largo de la sentencia, invocó repetidas veces lo ocurrido en territorio chaqueño.
