La Corte Suprema negoció con el Gobierno el 12,5% de aumento para el Poder Judicial
Viernes 02 de
Febrero 2024
Fue oficializado por Acordada y es retroactivo a diciembre. Descomprime tensión a la espera del proyecto oficial de “autonomía”. Persisten dudas sobre lo que ocurrirá luego de que se superen los giros de 2023.
La Corte Suprema –el primer día hábil luego de la feria judicial-, con la firma de todos sus miembros, suscribió la Acordada 1021/2023 en la que plasmó un aumento salarial para el Poder Judicial del 12,5% retroactivo a diciembre pasado.
Supone un incremento que era esperado por todo el servicio de administración de justicia que abarca a jueces, funcionarios y empleados pero también a los Ministerios Públicos y su personal, que tienen cláusulas de enganche con las subas que obtiene la Corte. Ocurrió luego de que Ámbito revelara que la principal preocupación del mundo judicial –sin el traspaso de la justicia nacional en zona crítica- era por su propia recomposición salarial en un contexto inflacionario.
Incide en todas las categorías del escalafón del Poder Judicial y tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2023 considerándolo un incremento correspondiente al año pasado. Es decir que, para la justicia, las paritarias de este año, todavía no se abrieron. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti comunicaron también que le solicitaron al jefe de Gabinete Nicolás Posse que modifique las partidas presupuestarias para cumplir con los aumentos salariales establecidos, algo que es de uso cuando está negociado el incremento con el Poder Ejecutivo.
El Gobierno mantendrá durante febrero la expectativa en otro plano: es que la Corte debe decidir el futuro del DNU a partir de los planteos que aspiran a considerarla competencia originaria del máximo Tribunal o los que escalaron desde fueros como el del Trabajo o el Contencioso Administrativo Federal que extendió la sobrevida del decreto y rechazó suspender por cautelar o por amparo su articulado. La justicia laboral es la que mantiene en suspenso el futuro del capítulo laboral a pedido de la CGT.
“Remunerativo y bonificable” es el aumento para los judiciales de acuerdo al texto de la acordada que distiende, en parte, la primera urgencia que atravesaba los pasillos de tribunales respecto a sus propias situaciones salariales. El Poder Ejecutivo –como ya adelantó Ámbito- está terminando de delinear su proyecto de autonomía financiera para delegar en cabeza del Consejo de la Magistratura toda la administración de su masa salarial y presupuestaria (algo que ilusiona al Poder Judicial para no tener que tironear siempre con la jefatura de Gabinete o el Ministerio de Economía para lograr partidas).
Sin embargo, no escapa que en el actual contexto de un presupuesto reconducido, donde no se admitió el incremento previsto contenido en el proyecto que naufragó antes de las elecciones, los montos nominales de 2023 solo alcanzarían a cubrir gastos –en su mayoría salarios- hasta mayo próximo, con viento a favor.
Los poderes judiciales de las provincias ahora replicarán los pedidos para obtener idénticos aumentos.
Supone un incremento que era esperado por todo el servicio de administración de justicia que abarca a jueces, funcionarios y empleados pero también a los Ministerios Públicos y su personal, que tienen cláusulas de enganche con las subas que obtiene la Corte. Ocurrió luego de que Ámbito revelara que la principal preocupación del mundo judicial –sin el traspaso de la justicia nacional en zona crítica- era por su propia recomposición salarial en un contexto inflacionario.
Incide en todas las categorías del escalafón del Poder Judicial y tiene vigencia desde el 1 de diciembre de 2023 considerándolo un incremento correspondiente al año pasado. Es decir que, para la justicia, las paritarias de este año, todavía no se abrieron. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti comunicaron también que le solicitaron al jefe de Gabinete Nicolás Posse que modifique las partidas presupuestarias para cumplir con los aumentos salariales establecidos, algo que es de uso cuando está negociado el incremento con el Poder Ejecutivo.
El Gobierno mantendrá durante febrero la expectativa en otro plano: es que la Corte debe decidir el futuro del DNU a partir de los planteos que aspiran a considerarla competencia originaria del máximo Tribunal o los que escalaron desde fueros como el del Trabajo o el Contencioso Administrativo Federal que extendió la sobrevida del decreto y rechazó suspender por cautelar o por amparo su articulado. La justicia laboral es la que mantiene en suspenso el futuro del capítulo laboral a pedido de la CGT.
“Remunerativo y bonificable” es el aumento para los judiciales de acuerdo al texto de la acordada que distiende, en parte, la primera urgencia que atravesaba los pasillos de tribunales respecto a sus propias situaciones salariales. El Poder Ejecutivo –como ya adelantó Ámbito- está terminando de delinear su proyecto de autonomía financiera para delegar en cabeza del Consejo de la Magistratura toda la administración de su masa salarial y presupuestaria (algo que ilusiona al Poder Judicial para no tener que tironear siempre con la jefatura de Gabinete o el Ministerio de Economía para lograr partidas).
Sin embargo, no escapa que en el actual contexto de un presupuesto reconducido, donde no se admitió el incremento previsto contenido en el proyecto que naufragó antes de las elecciones, los montos nominales de 2023 solo alcanzarían a cubrir gastos –en su mayoría salarios- hasta mayo próximo, con viento a favor.
Los poderes judiciales de las provincias ahora replicarán los pedidos para obtener idénticos aumentos.
Con información de
Ámbito
