Caja millonaria: la oposición pone reparos en que el ministro Luis Caputo concentre el manejo de los fondos fiduciarios
Por:
Laura Serra
Martes 05 de
Marzo 2024
El presidente Milei había prometido eliminar estos fondos, pero optó por dictar un decreto para que Economía concentre el control, sin plazos
El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula cada vez más poder en el gabinete de Javier Milei. Tras absorber las funciones del ex-Ministerio de Infraestructura, la cartera comandada por Caputo tomó por decreto el control de todos los fondos fiduciarios que, según el presupuesto vigente, concentran recursos y bienes del Estado por $3 billones. La oposición, en alerta, advirtió que este cambio de manos en la administración de estos fondos fiduciarios –hasta ahora a cargo de los bancos BICE y Nación– no garantiza una ejecución eficaz y transparente de sus recursos y teme que éstos se destinen a contraer más deuda o cubrir el rojo del Tesoro.
Los fondos fiduciarios suman en la actualidad una treintena. Fueron concebidos como una herramienta para optimizar el financiamiento de distintas políticas públicas –por ejemplo, para la concreción de obras públicas o el desarrollo de proyectos productivos de los distintos ministerios–. Por esa razón orbitan por fuera del presupuesto nacional, justamente para esquivar la rigidez de los controles de la administración pública y gozar de mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos.
Sin embargo, esta “flexibilidad” fue mal aprovechada por los distintos gobiernos, que convirtieron a los fondos fiduciarios en verdaderas “cajas negras” millonarias sobre las cuales no rendían cuentas sobre su ejecución.
Hace un mes atrás Milei había prometido que los eliminaría. “Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nervioso a muchos”, arremetió el Presidente luego de que la oposición rechazara, en el Congreso, el artículo de la ley ómnibus que le confería al Poder Ejecutivo amplias atribuciones para el manejo de dichos fondos.
Milei, sin embargo, debió dar marcha atrás con su promesa. Sucede que de los más de 30 fondos fiduciarios vigentes solo nueve pueden ser eliminados a tiro de decreto. Los restantes fueron creados por ley, por lo tanto sólo pueden ser removidos por decisión del Congreso.
Milei optó por la vía más expeditiva: dictó un decreto para que Economía maneje el circuito de los recursos de todos los fondos. Sugestivamente, no puso plazos: el decreto solo establece que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe realizar, en 60 días, una auditoría de gestión de los fondos fiduciarios, plazo prorrogable por otro similar.
Dudas y suspicacias
Según trascendió del Ministerio de Economía, la intención de dicha auditoría es revisar estos fondos, detectar las eventuales irregularidades y desmantelar aquellos que constituyan fuentes de corruptelas. Hizo trascender, a manera de justificación, los supuestos desmanejos en el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado para la urbanización de barrios populares que estaba a cargo de la dirigente social Fernanda Miño, que responde a Juan Grabois.
Con este escándalo instalado mediáticamente como telón de fondo, el Gobierno desfinanció el FISU y justificó la decisión cederle a Caputo el control de todos los fondos fiduciarios. La oposición sospecha que el decreto en cuestión sea puro gatopardismo: cambiar para que nada cambie.
“Aquí el problema no es quién maneja los fondos fiduciarios, en definitiva siempre estuvo en manos del Poder Ejecutivo a través del Banco Nación o el BICE. Acá la cuestión es qué destino van a tener esos recursos a partir del decreto del Ejecutivo y qué garantía de transparencia tendrá esa ejecución –enfatizó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal)–. Da la casualidad que hay dos fondos fiduciarios que asisten financieramente a las provincias y solventan obras públicas en el interior. ¿Qué va a hacer Caputo con esos fondos?”
Desde la Coalición Cívica, la diputada María Victoria Borrego también planteó sus reparos. En un proyecto de ley propone crear un marco regulatorio de los fondos fiduciarios para evitar, justamente, el manejo discrecional de sus recursos por parte de los gobiernos de turno. Para ello, insiste, solo deben funcionar aquellos que sean creados por ley, previa evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“La falta de normativa específica y clara sobre los fideicomisos genera múltiples excepciones, falta de transparencia y hasta manejo discrecional de fondos públicos. Mientras no haya una ley regulatoria estas prácticas podrían continuar, más allá de quién sea el ministro de Economía de turno”, alegó la legisladora.
La diputada Silvana Giudici, de Pro –bloque cercano al oficialismo–, cree que es positivo que el manejo de los fondos fiduciarios esté concentrado en el Ministerio de Economía: es más, en un proyecto propone que los excedentes presupuestarios de los fondos fiduciarios y sus remanentes sean utilizados para atender las urgencias de los sectores sociales más vulnerables.
“Es importante darle las herramientas al Presidente para que al ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”, sostuvo la legisladora quien, en su iniciativa, propone además la creación de una auditoría integral que controle no solo la ejecución de los fondos, sino que sus recursos definitivamente lleguen a los beneficiarios.
Los fondos fiduciarios suman en la actualidad una treintena. Fueron concebidos como una herramienta para optimizar el financiamiento de distintas políticas públicas –por ejemplo, para la concreción de obras públicas o el desarrollo de proyectos productivos de los distintos ministerios–. Por esa razón orbitan por fuera del presupuesto nacional, justamente para esquivar la rigidez de los controles de la administración pública y gozar de mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos.
Sin embargo, esta “flexibilidad” fue mal aprovechada por los distintos gobiernos, que convirtieron a los fondos fiduciarios en verdaderas “cajas negras” millonarias sobre las cuales no rendían cuentas sobre su ejecución.
Hace un mes atrás Milei había prometido que los eliminaría. “Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nervioso a muchos”, arremetió el Presidente luego de que la oposición rechazara, en el Congreso, el artículo de la ley ómnibus que le confería al Poder Ejecutivo amplias atribuciones para el manejo de dichos fondos.
Milei, sin embargo, debió dar marcha atrás con su promesa. Sucede que de los más de 30 fondos fiduciarios vigentes solo nueve pueden ser eliminados a tiro de decreto. Los restantes fueron creados por ley, por lo tanto sólo pueden ser removidos por decisión del Congreso.
Milei optó por la vía más expeditiva: dictó un decreto para que Economía maneje el circuito de los recursos de todos los fondos. Sugestivamente, no puso plazos: el decreto solo establece que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) debe realizar, en 60 días, una auditoría de gestión de los fondos fiduciarios, plazo prorrogable por otro similar.
Dudas y suspicacias
Según trascendió del Ministerio de Economía, la intención de dicha auditoría es revisar estos fondos, detectar las eventuales irregularidades y desmantelar aquellos que constituyan fuentes de corruptelas. Hizo trascender, a manera de justificación, los supuestos desmanejos en el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado para la urbanización de barrios populares que estaba a cargo de la dirigente social Fernanda Miño, que responde a Juan Grabois.
Con este escándalo instalado mediáticamente como telón de fondo, el Gobierno desfinanció el FISU y justificó la decisión cederle a Caputo el control de todos los fondos fiduciarios. La oposición sospecha que el decreto en cuestión sea puro gatopardismo: cambiar para que nada cambie.
“Aquí el problema no es quién maneja los fondos fiduciarios, en definitiva siempre estuvo en manos del Poder Ejecutivo a través del Banco Nación o el BICE. Acá la cuestión es qué destino van a tener esos recursos a partir del decreto del Ejecutivo y qué garantía de transparencia tendrá esa ejecución –enfatizó el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal)–. Da la casualidad que hay dos fondos fiduciarios que asisten financieramente a las provincias y solventan obras públicas en el interior. ¿Qué va a hacer Caputo con esos fondos?”
Desde la Coalición Cívica, la diputada María Victoria Borrego también planteó sus reparos. En un proyecto de ley propone crear un marco regulatorio de los fondos fiduciarios para evitar, justamente, el manejo discrecional de sus recursos por parte de los gobiernos de turno. Para ello, insiste, solo deben funcionar aquellos que sean creados por ley, previa evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
“La falta de normativa específica y clara sobre los fideicomisos genera múltiples excepciones, falta de transparencia y hasta manejo discrecional de fondos públicos. Mientras no haya una ley regulatoria estas prácticas podrían continuar, más allá de quién sea el ministro de Economía de turno”, alegó la legisladora.
La diputada Silvana Giudici, de Pro –bloque cercano al oficialismo–, cree que es positivo que el manejo de los fondos fiduciarios esté concentrado en el Ministerio de Economía: es más, en un proyecto propone que los excedentes presupuestarios de los fondos fiduciarios y sus remanentes sean utilizados para atender las urgencias de los sectores sociales más vulnerables.
“Es importante darle las herramientas al Presidente para que al ajuste no lo tengan que pagar los jubilados ni los trabajadores. Hay fondos de disponibilidad inmediata, excedentes presupuestarios y remanentes en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios capitalizables por el Estado que podrían ser rápidamente redireccionados para que el Ejecutivo los utilice en la atención de las necesidades más urgentes de la población”, sostuvo la legisladora quien, en su iniciativa, propone además la creación de una auditoría integral que controle no solo la ejecución de los fondos, sino que sus recursos definitivamente lleguen a los beneficiarios.
