Héctor Martínez Sosa admitió su relación con Alberto Fernández, pero dijo que nunca le pidió ayuda en los negocios
Por:
Hernán Cappiello
Jueves 07 de
Marzo 2024
Héctor Martínez Sosa emitió un comunicado en el que niega tener contratos con la Anses; dijo que el expresidente aún le debe 20.000 dólares y defendió el rol del productor del seguros
El broker Héctor Martínez Sosa, imputado en la causa en que se lo investiga junto con Alberto Fernández por las contrataciones de seguros para la administración pública, reconoció que tiene una relación con el expresidente “desde hace 15 años”, pero aclaró que nunca le pidió “su intervención” en ninguno de sus negocios.
En un comunicado que dirigió al “mercado asegurador, Martínez Sosa negó que tuviera a título personal o a través de su empresa negocios de seguros con la Anses y sostuvo que se hicieron “una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas” que causan “grave daño” a su empresa y a su “buen nombre y honor”.
La aclaración de Martínez Sosa sobre la Anses es sugestiva: investigación judicial no apunta al broker por las pólizas de los jubilados, sino por su rol como intermediario en los seguros contratados por Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. De hecho, por las pólizas de la Anses es investigado Pablo Torres García, otro empresario al que se lo vincula con Sergio Massa y dirigentes de Pro.
Martínez Sosa es un poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios. A su vez, es allegado a Alberto Fernández, de que quien es acreedor de un crédito de 20.000 dólares y es el esposo de María Cantero, exsecretaria histórica del expresidente. Se investiga si la mujer supuestamente intercedió para que las pólizas se contrataran a través de su marido.
A partir de tres denuncias –una del Gobierno, otra de la abogada Silvina Martínez y otra de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-ARI–, el juez federal Julián Ercolini allanó su casa y sus oficinas, al igual que las de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del broker Pablo Torres García. Se trata de “Héctor Martínez Sosa SA”, “TG Broker SA”, y “París Broker de Seguros SA”.
La sospecha se generó por un decreto de Alberto Fernández que obliga al Estado a contratar con Nación Seguros sus pólizas y a la intervención de productores en estos contratos cautivos. A su vez se analizan los contratos de coseguros o reaseguros que se realizaron sobre esos riesgos.
Una de la contrataciones fue dada a conocer por una nota de Clarín que menciona que en los contratos de seguros de la Anses se debía pagar a Nación Seguros 1700 millones de pesos y que intervenían productores en esas pólizas. Esa pólizas aseguraban el riesgo de muerte de los jubilados a los que se le daban créditos. Osvaldo Giordano, el efímero titular de la Anses que destapó el escándalo, dijo que calculó que si en lugar de contratar a Nación Seguros los riesgos se cubrían mediante un autoaseguro (un descuento mínimo a cada jubilado que recibía un crédito para asegurar el riesgo) se hubiera ahorrado el 40% del dinero a pagar. Clarín menciona que el productor en ese caso era Torres García.
Martínez Sosa afirmó ahora que se lo incluyó a él en esas contrataciones “erróneamente” y que a partir de allí “se inició una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas”, por lo que decidió romper el silencio y dar un comunicado al mercado asegurador.
En un papel membretado de su empresa, señaló: “No tuve ni tengo ningún negocio de seguros con ANSES, ni a título personal ni desde la empresa que presido”. Asimismo, mencionó que “es real” su relación “de muchos años con el expresidente Alberto Fernández”. Agregó que hace 15 años le hizo “un préstamo (aún impago)” que fue registrado en sus declaraciones juradas y en las de Alberto Fernández.
“Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, afirmó y destacó que su firma “fundada hace 52 años cuenta con oficinas en Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, Tierra del Fuego y en la ciudad de Buenos Aires”.
Dijo que “gracias al trabajo y la profesionalidad de más de 80 empleados” asesora clientes corporativos, a unas 8000 Pymes y “miles de clientes individuales; administra riesgos de estructuras estatales, provinciales y municipales y organiza a más de 1200 productores asesores que trabajan en distintos riesgos”.
Señaló que en el mercado asegurador lo respetan y reconocen. Luego destacó el rol del productor del seguros como “un profesional cuyas funciones se encuentran reguladas en la Ley 22.400, resultando una pieza clave para que la persona física o jurídica pueda contar con una cobertura apropiada para un determinado riesgo y más aún si se trata de empresas u organismos públicos por las características y complejidad que conllevan”.
“Carece de fundamento que se desacredite ese aporte profesional del broker o asesor de seguros considerándolo innecesario o inapropiado. En la inmensa mayoría de los contratos intervienen profesionales en seguros, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo el empresario.
Martínez Sosa también afirma que está en manos de la Justicia, “en la cual ya hemos prestado nuestra total colaboración porque corresponde, porque es la ley y porque es nuestro convencimiento de que es el proceder apropiado que siempre nos ha guiado en nuestras conductas: que se ajustan a nuestros valores y a las normas que rigen la actividad”.
En un comunicado que dirigió al “mercado asegurador, Martínez Sosa negó que tuviera a título personal o a través de su empresa negocios de seguros con la Anses y sostuvo que se hicieron “una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas” que causan “grave daño” a su empresa y a su “buen nombre y honor”.
La aclaración de Martínez Sosa sobre la Anses es sugestiva: investigación judicial no apunta al broker por las pólizas de los jubilados, sino por su rol como intermediario en los seguros contratados por Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda y el Ministerio de Seguridad. De hecho, por las pólizas de la Anses es investigado Pablo Torres García, otro empresario al que se lo vincula con Sergio Massa y dirigentes de Pro.
Martínez Sosa es un poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios. A su vez, es allegado a Alberto Fernández, de que quien es acreedor de un crédito de 20.000 dólares y es el esposo de María Cantero, exsecretaria histórica del expresidente. Se investiga si la mujer supuestamente intercedió para que las pólizas se contrataran a través de su marido.
A partir de tres denuncias –una del Gobierno, otra de la abogada Silvina Martínez y otra de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-ARI–, el juez federal Julián Ercolini allanó su casa y sus oficinas, al igual que las de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, y del broker Pablo Torres García. Se trata de “Héctor Martínez Sosa SA”, “TG Broker SA”, y “París Broker de Seguros SA”.
La sospecha se generó por un decreto de Alberto Fernández que obliga al Estado a contratar con Nación Seguros sus pólizas y a la intervención de productores en estos contratos cautivos. A su vez se analizan los contratos de coseguros o reaseguros que se realizaron sobre esos riesgos.
Una de la contrataciones fue dada a conocer por una nota de Clarín que menciona que en los contratos de seguros de la Anses se debía pagar a Nación Seguros 1700 millones de pesos y que intervenían productores en esas pólizas. Esa pólizas aseguraban el riesgo de muerte de los jubilados a los que se le daban créditos. Osvaldo Giordano, el efímero titular de la Anses que destapó el escándalo, dijo que calculó que si en lugar de contratar a Nación Seguros los riesgos se cubrían mediante un autoaseguro (un descuento mínimo a cada jubilado que recibía un crédito para asegurar el riesgo) se hubiera ahorrado el 40% del dinero a pagar. Clarín menciona que el productor en ese caso era Torres García.
Martínez Sosa afirmó ahora que se lo incluyó a él en esas contrataciones “erróneamente” y que a partir de allí “se inició una serie de especulaciones y afirmaciones incorrectas e inexactas”, por lo que decidió romper el silencio y dar un comunicado al mercado asegurador.
En un papel membretado de su empresa, señaló: “No tuve ni tengo ningún negocio de seguros con ANSES, ni a título personal ni desde la empresa que presido”. Asimismo, mencionó que “es real” su relación “de muchos años con el expresidente Alberto Fernández”. Agregó que hace 15 años le hizo “un préstamo (aún impago)” que fue registrado en sus declaraciones juradas y en las de Alberto Fernández.
“Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”, afirmó y destacó que su firma “fundada hace 52 años cuenta con oficinas en Vicente López, Mar del Plata, Río Gallegos, Tierra del Fuego y en la ciudad de Buenos Aires”.
Dijo que “gracias al trabajo y la profesionalidad de más de 80 empleados” asesora clientes corporativos, a unas 8000 Pymes y “miles de clientes individuales; administra riesgos de estructuras estatales, provinciales y municipales y organiza a más de 1200 productores asesores que trabajan en distintos riesgos”.
Señaló que en el mercado asegurador lo respetan y reconocen. Luego destacó el rol del productor del seguros como “un profesional cuyas funciones se encuentran reguladas en la Ley 22.400, resultando una pieza clave para que la persona física o jurídica pueda contar con una cobertura apropiada para un determinado riesgo y más aún si se trata de empresas u organismos públicos por las características y complejidad que conllevan”.
“Carece de fundamento que se desacredite ese aporte profesional del broker o asesor de seguros considerándolo innecesario o inapropiado. En la inmensa mayoría de los contratos intervienen profesionales en seguros, tanto a nivel nacional como internacional”, dijo el empresario.
Martínez Sosa también afirma que está en manos de la Justicia, “en la cual ya hemos prestado nuestra total colaboración porque corresponde, porque es la ley y porque es nuestro convencimiento de que es el proceder apropiado que siempre nos ha guiado en nuestras conductas: que se ajustan a nuestros valores y a las normas que rigen la actividad”.
