“Una trampa”: la oposición a Kicillof busca ponerle un tope a la suba de un impuesto al campo
Martes 12 de
Marzo 2024
El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica presentó un proyecto para que el incremento en el inmobiliario rural no supere el 220% en un momento donde hay denuncias de los productores por incrementos de hasta el 500%
El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, impulsado por Luciano Bugallo, presentó un proyecto para modificar la ley 15.479 para que incluya topes de aumentos en el inmobiliario rural, con el objetivo de “corregir la inequidad que afectó a una gran cantidad de productores de la provincia de Buenos Aires”.
“El gobierno provincial le encontró una trampa a la ley sancionada, que de por sí, es muy clara en los topes que fija los aumentos y esa fue la intención de los legisladores que acompañamos en su momento. No solo evitar el 300% que pretendía imponer Kicillof, lo cual ya era un impuestazo por encima de la inflación, sino también, determinar los topes a los distintos escalones de partidas, de acuerdo a cada valuación fiscal, con un tope máximo del 200% a las partidas de hasta $200 millones y de ahí para abajo”, afirmó Bugallo.
“¿Qué hizo el gobierno provincial? Aumentar a través de ARBA la valuación fiscal para el 2024, haciendo que muchos productores pasaran al escalón siguiente de aumento y muchos de ellos, quedando por encima de una valuación de $200 millones, donde a ellos le aplican una fórmula para determinar el aumento. Hemos visto casos que superan el 500% y en otros, hasta el 1000%: un choreo”, enfatizó el legislador provincial de la CC.
Según comentó, en la ley impositiva recientemente sancionada en diciembre pasado se había establecido un tope de aumento del impuesto inmobiliario rural para aquellas partidas cuya valuación no superara los $198.940.000, pero, “al aplicarse un incremento del 12,1% en el valor fiscal de las mismas, la base imponible de la porción con alícuota más alta se amplió, provocando incrementos en algunos casos superiores al 500%”.
La iniciativa de la CC propone fijar un tope de aumento del 220% para los inmuebles citados, teniendo en cuenta “la difícil situación macroeconómica, sumada a la crisis productiva, consecuencia de una larga racha de sequías que lleva ya años padeciendo varias provincias del país y especialmente el territorio bonaerense”.
En ese sentido, busca “derogar el artículo 137 de la ley que le permitió a ARBA establecer por sí un coeficiente de actualización (a través de una fórmula determinada por el propio organismo recaudador) de las cuotas del Impuesto inmobiliario y automotor”. En esa oportunidad, dijeron, que el bloque de legisladores de la CC votó en contra de ese artículo en la sesión de diciembre pasado. “Esta prerrogativa resulta violatoria del principio de legalidad en materia tributaria, ya que es una facultad propia de este cuerpo y no del organismo fiscal”, alerta el proyecto.
También se impone “la obligación a ARBA de que establezca bonificaciones especiales por pago en término y/o buen cumplimiento de las obligaciones fiscales como así también por adherirse a la boleta electrónica de forma tal de incentivar el, actualmente dificultoso, cumplimiento de la obligación”.
“Es deber de esta Legislatura establecer medidas que coadyuven a aminorar los efectos de la crisis como así también hacer imperar el principio de legalidad cuando la norma se aparta de ello, en claro respeto a nuestra Constitución Nacional a lo cual el Poder Ejecutivo debe sujetar también su accionar”, cerraron.
“El gobierno provincial le encontró una trampa a la ley sancionada, que de por sí, es muy clara en los topes que fija los aumentos y esa fue la intención de los legisladores que acompañamos en su momento. No solo evitar el 300% que pretendía imponer Kicillof, lo cual ya era un impuestazo por encima de la inflación, sino también, determinar los topes a los distintos escalones de partidas, de acuerdo a cada valuación fiscal, con un tope máximo del 200% a las partidas de hasta $200 millones y de ahí para abajo”, afirmó Bugallo.
“¿Qué hizo el gobierno provincial? Aumentar a través de ARBA la valuación fiscal para el 2024, haciendo que muchos productores pasaran al escalón siguiente de aumento y muchos de ellos, quedando por encima de una valuación de $200 millones, donde a ellos le aplican una fórmula para determinar el aumento. Hemos visto casos que superan el 500% y en otros, hasta el 1000%: un choreo”, enfatizó el legislador provincial de la CC.
Según comentó, en la ley impositiva recientemente sancionada en diciembre pasado se había establecido un tope de aumento del impuesto inmobiliario rural para aquellas partidas cuya valuación no superara los $198.940.000, pero, “al aplicarse un incremento del 12,1% en el valor fiscal de las mismas, la base imponible de la porción con alícuota más alta se amplió, provocando incrementos en algunos casos superiores al 500%”.
La iniciativa de la CC propone fijar un tope de aumento del 220% para los inmuebles citados, teniendo en cuenta “la difícil situación macroeconómica, sumada a la crisis productiva, consecuencia de una larga racha de sequías que lleva ya años padeciendo varias provincias del país y especialmente el territorio bonaerense”.
En ese sentido, busca “derogar el artículo 137 de la ley que le permitió a ARBA establecer por sí un coeficiente de actualización (a través de una fórmula determinada por el propio organismo recaudador) de las cuotas del Impuesto inmobiliario y automotor”. En esa oportunidad, dijeron, que el bloque de legisladores de la CC votó en contra de ese artículo en la sesión de diciembre pasado. “Esta prerrogativa resulta violatoria del principio de legalidad en materia tributaria, ya que es una facultad propia de este cuerpo y no del organismo fiscal”, alerta el proyecto.
También se impone “la obligación a ARBA de que establezca bonificaciones especiales por pago en término y/o buen cumplimiento de las obligaciones fiscales como así también por adherirse a la boleta electrónica de forma tal de incentivar el, actualmente dificultoso, cumplimiento de la obligación”.
“Es deber de esta Legislatura establecer medidas que coadyuven a aminorar los efectos de la crisis como así también hacer imperar el principio de legalidad cuando la norma se aparta de ello, en claro respeto a nuestra Constitución Nacional a lo cual el Poder Ejecutivo debe sujetar también su accionar”, cerraron.
Con información de
La Nación
