25 DE ABRIL 2024
SAN JAVIER
Confirman que el ataque al concejal José Gómez Iriondo fue premeditado
Miércoles 26 de
Septiembre 2018
“Quiero quebrarlo entero, romperle los huesos. Dejarlo sin piernas y sin manos por hijo de puta. Cortarle los huevos”. En esos términos, dos de los hermanos Benítez, planeaban el ataque al concejal sanjavierino de 39 años, José “Peque” Gómez Iriondo, quien recibió una puñalada por la espalda el 9 de marzo, producto de la la cual quedó cuadripléjico y en “estado irreversible”, internado en una clínica de rehabilitación en el sur provincial.
La conversación entre Milton y Fernando Benítez fue extraída por la policía del celular de uno de ellos, secuestrado al momento de su detención al día siguiente del ataque. Fueron numerosos los intercambios con contenido explícito de violencia, incluso con pasajes escabrosos en los que hacían referencia a las hijas de la víctima, los que introdujo la fiscal Rosana Marcolín para rechazar un pedido de libertad con alternativas a la prisión preventiva propuesta por la defensa de la familia Benítez, cuyos cinco integrantes permanecen privados de la libertad desde hace medio año.
Dichas conversaciones trascendieron este martes en el marco de una audiencia de revisión de la prisión preventiva solicitada por el abogado Claudio Torres del Sel y la Dra. Natalia Giordano, en favor de sus defendidos Ramón Eduardo Benítez (53), su esposa Nilda Beatriz Escobar (53) y tres de sus hijos varones Milton Alexis (27), Fernando Gabriel (23) y Eduardo Pablo Benítez (28).
Los cinco están acusados por el ataque ocurrido la noche del 9 de marzo de este año, en un complejo de fútbol 5 de la ciudad de San Javier, donde José Gómez Iriondo recibió una herida de arma blanca que lo dejó postrado y sin pronósticos de mejoría. La Fiscal Marcolín los imputó oportunamente como “coautores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” en grado de “tentativa” y el juez Jorge Pegassano dictó la primera cautelar por 60 días, que luego se prorrogó en mayo hasta la fecha, en la que se le dio nuevo tratamiento al pedido de la defensa.
Amenazas previas
El abogado Torres del Sel puso en contexto al juez penal Eduardo Pocoví, al que relató que lo ocurrido se relaciona con “la muerte de una joven de 25 años (Ana Paula Benítez) que tenía una relación sentimental con Gómez Iriondo, que es la víctima de esta causa”. Dijo que “la familia (Benítez) responsabilizó a Gómez Iriondo” por la muerte de la chica que trabajaba como policía y que se quitó la vida con un disparo a la cabeza con su arma reglamentaria. No obstante, aclaró que “la fiscalía descartó el homicidio o su instigación y así está acreditado”, aunque insistió que “la familia estaba shockeada”.
El hecho luctuoso, ocurrido el 11 de diciembre de 2017, fue el detonante para el comienzo de una escalada de amenazas directas y a través de redes sociales, que derivaron en los hechos de violencia suscitados el 9 de marzo en el predio ubicado en avenida Poeta Julio Migno y calle Hermana Carina de la ciudad costera.
En tanto, el defensor intentó en su estrategia, introducir un cambio en la calificación legal y pasar de la tentativa de homicidio a las lesiones gravísimas, que fueron acreditadas por parte médico. “Hay una persona responsable de cometer la lesión” y de hecho así lo confirmó al propio agresor, dijo en relación a Eduardo Pablo Benítez, que se hizo cargo de asestarle la puñalada. “El resto son ajenos a esta conducta y en todo caso les corresponde una responsabilidad secundaria”. Es más, “no ocurrieron conductas que los coloque como coautores del hecho”, agregó. Por eso pidió que se encuadre la causa como “lesiones gravísimas” y que “se les conceda la libertad hasta el momento del debate”.
Rechazo total
El reclamo de libertad fue enérgicamente rechazado por la fiscal Rosana Marcolín y por el abogado Leandro Corti, apoderado de la familia de la víctima y parte querellante en el proceso.
Primero fue la fiscal Marcolín quien reconoció “la tragedia que vivió la familia Benítez” en referencia a la pérdida de su hija y destacó que “ha sido tenido en cuenta por la fiscalía el pedido de disculpas” de la familia Benítez. “No hay rencor ni animosidad por mi parte”, aseguró.
También recordó que se reunión con los padres de Ana Paula Benítez tras su fallecimiento el año pasado y destacó que a diferencia de otros casos similares y ante las dudas de su familia, ordenó realizar una prueba científica, llamada “prueba de Stub” (un análisis electrónico microscópico de barrido sobre las manos de la persona) para determinar si efectivamente la joven tenía restos de pólvora en su mano diestra o no.
Desgraciadamente “se extendieron los tiempos y en el medio creció esta fantasía de que el autor material del hecho podía ser Gómez Iriondo” y se produjo el ataque por el cual los cinco miembros de la familia Benítez permanecen en prisión preventiva.
Pero “después se generó otra tragedia y no debe ser olvidad”, dijo al juez Pocoví. “El señor Gómez Iriondo ha quedado en un cuadro que podría ser peor que la muerte”. “Perdió el habla, tiene ceguera total y está cuadripléjico”. Además indicó que es un “estado irreversible, lo cual también shokeó a su familia”. Puso a disposición del tribunal el certificado médico que determina que el estado del hombre de 39 años es irreversible y recordó que esa situación dejó a una joven esposa, dos hijas adolescentes una hija de 3 años en situación de absoluta vulnerabilidad.
En cuanto a la calificación legal, recordó que es la de “homicidio en grado de tentativa, calificado por el número de personas” y recalcó que la sentencia de prisión preventiva del juez Jorge Pegassano “sostuvo que no había lugar a dudas que se trató de un acto premeditado” y como si fuera poco, “no se presentó apelación” que es la instancia en la cual discutir la calificación penal apropiada. Además solicitó la continuidad de la prisión preventiva con el “compromiso de que se presente la acusación en un tiempo prudencial, porque ahora sí tenemos definido el cuadro de salud de la víctima”.
Por las víctimas
En cuanto a los peligros procesales, destacó que “se debe brindar protección a las víctimas, su familia y a los testigos del caso”. En ese sentido trajo a colación conversaciones por mensaje de texto entre dos de los hermanos (Milton y Fernando) en las que se advierte que existió un caldo de cultivo previo para cometer el fatídico ataque.
“Quiero quebrarlo entero, romperle los huesos. Dejarlo sin piernas y sin manos por hijo de puta. Cortarle los huevos”, escribió uno de los hermanos. “No podemos confiar alegremente que no existen riesgos procesales sólo con la declaración de los imputados”, advirtió la representante del MPA.
En la misma línea, el Dr. Corti adhirió al planteo de la fiscalía y aclaró que “no se dan las condiciones para revocar ni morigerar la prisión preventiva”. El querellante desnudó la estrategia defensiva de “incorporar efectos de impacto extra jurídicos” y llamó al juez a “no distraernos en cuestiones periféricas”. En tal sentido destacó que “no ha sido ofrecida ni producida ninguna evidencia novedosa” más allá de las lacrimógenas declaraciones de los imputados, que por otra parte son seriamente autoincriminadoras.
También se explayó sobre la “premeditación y preordenación” del ataque, lo cual “está documentado”. Llamó a no hacer una “compensación de tragedias”. “No podemos hablar de dos tragedias”, dijo. Y en cuanto al cambio de calificación, reforzó la idea desplegada por la fiscalía y aclaró que en caso de ser declarados culpables, “lejos estamos de una condena condicional porque la escala prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión”.
Hoy Gómez Iriondo “es un muerto en vida”, valoró a la hora de referirse a la “importancia del daño causado” y los “padecimientos acreditados”.
Retomó la conversación por WhatsApp de los Benítez en la que prometían: “Dejarlo sin piernas y sin manos por hijo de puta. Cortarle los huevos”. “Todas las secuelas que preveían los imputados se cumplieron. Lo querían matar pero además querían provocarle todos estos padecimientos”. Además, refirió a otro tramo de las charlas de los hermanos en la que “proyectan los padecimientos a las hijas de la víctima”. “Te vamos a matar a vos, a toda tu familia y a tus hijas”, le gritaban a viva voz el día de la pelea.
Riesgo vigente
Tras una intensa hora de debate, el juez Pocoví puso punto final a la audiencia, en la que resolvió rechazar el pedido de la defensa en cuanto a los tres hijos varones del matrimonio Benítez, es decir que Milton, Fernando y Eduardo seguirán tras las rejas a disposición del Servicio Penitenciario. En tanto, concedió la morigeración de la preventiva para el padre Ramón Benítez, quien pasará a gozar de la domiciliaria con salidas laborales, siempre y cuando acredite la fuente de trabajo y cubra una fianza simbólica de $ 50.000, además de las reglas usuales de conducta, como la de fijar domicilio, imposibilidad de abandonar el lugar de residencia y tomar distancia de las víctimas y su entorno. Además, prohibió al hombre la utilización de redes sociales, específicamente de su perfil de Facebook, al que sugirió “bloquearlo” para evitar cualquier contacto con las víctimas.
En tanto, Nilda Escobar, esposa de Ramón y madre de los otros imputados, se encuentra en prisión domiciliaria por problemas de salud, desde mayo, cuando vencidos los 60 días de cautelar, el juez Pegassano prorrogó la medida.
“Es totalmente lamentable lo que ha devenido el proceso. Lo peor que hay es la revancha, la venganza”, dijo el juez Pocoví a los imputados. En tanto, aclaró que “más allá de la pena en expectativa, estamos ante un daño importantísimo” en que la víctima se encuentra “limitado en forma absoluta”. Así las cosas “el riesgo procesal está vigente, es actual. No sólo está la víctima perjudicada en su salud, sino en personas vulnerables como lo son su esposa y sus tres hijas”, completó.
Arrepentidos
Ramón Benítez y uno de sus hijos, Eduardo Pablo, pidieron declarar en el inicio de la audiencia. Ambos se mostraron arrepentidos y lanzaron frases como “Yo me he equivocado” (Ramón) o “Yo no soy un asesino, soy una persona común” (Eduardo Pablo). “Me equivoqué, estoy arrepentido como hombre, porque perdí mi dignidad, mi orgullo. Nunca quise matar a nadie”, destacó el mayor de los Benítez, que le pidió disculpas a la fiscal por un episodio de intimidación ocurrido durante una de las primeras audiencias. En tanto su hijo Eduardo, dijo: “Sé que hay dos familias destruidas, por mi culpa están pagando personas que nada que ver. Mi único consuelo es venir a tribunales porque sé que voy a poder ver a mis viejos y mis hermanos. Yo hice algo mal y lo tengo que pagar”.
Dichas conversaciones trascendieron este martes en el marco de una audiencia de revisión de la prisión preventiva solicitada por el abogado Claudio Torres del Sel y la Dra. Natalia Giordano, en favor de sus defendidos Ramón Eduardo Benítez (53), su esposa Nilda Beatriz Escobar (53) y tres de sus hijos varones Milton Alexis (27), Fernando Gabriel (23) y Eduardo Pablo Benítez (28).
Los cinco están acusados por el ataque ocurrido la noche del 9 de marzo de este año, en un complejo de fútbol 5 de la ciudad de San Javier, donde José Gómez Iriondo recibió una herida de arma blanca que lo dejó postrado y sin pronósticos de mejoría. La Fiscal Marcolín los imputó oportunamente como “coautores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” en grado de “tentativa” y el juez Jorge Pegassano dictó la primera cautelar por 60 días, que luego se prorrogó en mayo hasta la fecha, en la que se le dio nuevo tratamiento al pedido de la defensa.
Amenazas previas
El abogado Torres del Sel puso en contexto al juez penal Eduardo Pocoví, al que relató que lo ocurrido se relaciona con “la muerte de una joven de 25 años (Ana Paula Benítez) que tenía una relación sentimental con Gómez Iriondo, que es la víctima de esta causa”. Dijo que “la familia (Benítez) responsabilizó a Gómez Iriondo” por la muerte de la chica que trabajaba como policía y que se quitó la vida con un disparo a la cabeza con su arma reglamentaria. No obstante, aclaró que “la fiscalía descartó el homicidio o su instigación y así está acreditado”, aunque insistió que “la familia estaba shockeada”.
El hecho luctuoso, ocurrido el 11 de diciembre de 2017, fue el detonante para el comienzo de una escalada de amenazas directas y a través de redes sociales, que derivaron en los hechos de violencia suscitados el 9 de marzo en el predio ubicado en avenida Poeta Julio Migno y calle Hermana Carina de la ciudad costera.
En tanto, el defensor intentó en su estrategia, introducir un cambio en la calificación legal y pasar de la tentativa de homicidio a las lesiones gravísimas, que fueron acreditadas por parte médico. “Hay una persona responsable de cometer la lesión” y de hecho así lo confirmó al propio agresor, dijo en relación a Eduardo Pablo Benítez, que se hizo cargo de asestarle la puñalada. “El resto son ajenos a esta conducta y en todo caso les corresponde una responsabilidad secundaria”. Es más, “no ocurrieron conductas que los coloque como coautores del hecho”, agregó. Por eso pidió que se encuadre la causa como “lesiones gravísimas” y que “se les conceda la libertad hasta el momento del debate”.
Rechazo total
El reclamo de libertad fue enérgicamente rechazado por la fiscal Rosana Marcolín y por el abogado Leandro Corti, apoderado de la familia de la víctima y parte querellante en el proceso.
Primero fue la fiscal Marcolín quien reconoció “la tragedia que vivió la familia Benítez” en referencia a la pérdida de su hija y destacó que “ha sido tenido en cuenta por la fiscalía el pedido de disculpas” de la familia Benítez. “No hay rencor ni animosidad por mi parte”, aseguró.
También recordó que se reunión con los padres de Ana Paula Benítez tras su fallecimiento el año pasado y destacó que a diferencia de otros casos similares y ante las dudas de su familia, ordenó realizar una prueba científica, llamada “prueba de Stub” (un análisis electrónico microscópico de barrido sobre las manos de la persona) para determinar si efectivamente la joven tenía restos de pólvora en su mano diestra o no.
Desgraciadamente “se extendieron los tiempos y en el medio creció esta fantasía de que el autor material del hecho podía ser Gómez Iriondo” y se produjo el ataque por el cual los cinco miembros de la familia Benítez permanecen en prisión preventiva.
Pero “después se generó otra tragedia y no debe ser olvidad”, dijo al juez Pocoví. “El señor Gómez Iriondo ha quedado en un cuadro que podría ser peor que la muerte”. “Perdió el habla, tiene ceguera total y está cuadripléjico”. Además indicó que es un “estado irreversible, lo cual también shokeó a su familia”. Puso a disposición del tribunal el certificado médico que determina que el estado del hombre de 39 años es irreversible y recordó que esa situación dejó a una joven esposa, dos hijas adolescentes una hija de 3 años en situación de absoluta vulnerabilidad.
En cuanto a la calificación legal, recordó que es la de “homicidio en grado de tentativa, calificado por el número de personas” y recalcó que la sentencia de prisión preventiva del juez Jorge Pegassano “sostuvo que no había lugar a dudas que se trató de un acto premeditado” y como si fuera poco, “no se presentó apelación” que es la instancia en la cual discutir la calificación penal apropiada. Además solicitó la continuidad de la prisión preventiva con el “compromiso de que se presente la acusación en un tiempo prudencial, porque ahora sí tenemos definido el cuadro de salud de la víctima”.
Por las víctimas
En cuanto a los peligros procesales, destacó que “se debe brindar protección a las víctimas, su familia y a los testigos del caso”. En ese sentido trajo a colación conversaciones por mensaje de texto entre dos de los hermanos (Milton y Fernando) en las que se advierte que existió un caldo de cultivo previo para cometer el fatídico ataque.
“Quiero quebrarlo entero, romperle los huesos. Dejarlo sin piernas y sin manos por hijo de puta. Cortarle los huevos”, escribió uno de los hermanos. “No podemos confiar alegremente que no existen riesgos procesales sólo con la declaración de los imputados”, advirtió la representante del MPA.
En la misma línea, el Dr. Corti adhirió al planteo de la fiscalía y aclaró que “no se dan las condiciones para revocar ni morigerar la prisión preventiva”. El querellante desnudó la estrategia defensiva de “incorporar efectos de impacto extra jurídicos” y llamó al juez a “no distraernos en cuestiones periféricas”. En tal sentido destacó que “no ha sido ofrecida ni producida ninguna evidencia novedosa” más allá de las lacrimógenas declaraciones de los imputados, que por otra parte son seriamente autoincriminadoras.
También se explayó sobre la “premeditación y preordenación” del ataque, lo cual “está documentado”. Llamó a no hacer una “compensación de tragedias”. “No podemos hablar de dos tragedias”, dijo. Y en cuanto al cambio de calificación, reforzó la idea desplegada por la fiscalía y aclaró que en caso de ser declarados culpables, “lejos estamos de una condena condicional porque la escala prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión”.
Hoy Gómez Iriondo “es un muerto en vida”, valoró a la hora de referirse a la “importancia del daño causado” y los “padecimientos acreditados”.
Retomó la conversación por WhatsApp de los Benítez en la que prometían: “Dejarlo sin piernas y sin manos por hijo de puta. Cortarle los huevos”. “Todas las secuelas que preveían los imputados se cumplieron. Lo querían matar pero además querían provocarle todos estos padecimientos”. Además, refirió a otro tramo de las charlas de los hermanos en la que “proyectan los padecimientos a las hijas de la víctima”. “Te vamos a matar a vos, a toda tu familia y a tus hijas”, le gritaban a viva voz el día de la pelea.
Riesgo vigente
Tras una intensa hora de debate, el juez Pocoví puso punto final a la audiencia, en la que resolvió rechazar el pedido de la defensa en cuanto a los tres hijos varones del matrimonio Benítez, es decir que Milton, Fernando y Eduardo seguirán tras las rejas a disposición del Servicio Penitenciario. En tanto, concedió la morigeración de la preventiva para el padre Ramón Benítez, quien pasará a gozar de la domiciliaria con salidas laborales, siempre y cuando acredite la fuente de trabajo y cubra una fianza simbólica de $ 50.000, además de las reglas usuales de conducta, como la de fijar domicilio, imposibilidad de abandonar el lugar de residencia y tomar distancia de las víctimas y su entorno. Además, prohibió al hombre la utilización de redes sociales, específicamente de su perfil de Facebook, al que sugirió “bloquearlo” para evitar cualquier contacto con las víctimas.
En tanto, Nilda Escobar, esposa de Ramón y madre de los otros imputados, se encuentra en prisión domiciliaria por problemas de salud, desde mayo, cuando vencidos los 60 días de cautelar, el juez Pegassano prorrogó la medida.
“Es totalmente lamentable lo que ha devenido el proceso. Lo peor que hay es la revancha, la venganza”, dijo el juez Pocoví a los imputados. En tanto, aclaró que “más allá de la pena en expectativa, estamos ante un daño importantísimo” en que la víctima se encuentra “limitado en forma absoluta”. Así las cosas “el riesgo procesal está vigente, es actual. No sólo está la víctima perjudicada en su salud, sino en personas vulnerables como lo son su esposa y sus tres hijas”, completó.
Arrepentidos
Ramón Benítez y uno de sus hijos, Eduardo Pablo, pidieron declarar en el inicio de la audiencia. Ambos se mostraron arrepentidos y lanzaron frases como “Yo me he equivocado” (Ramón) o “Yo no soy un asesino, soy una persona común” (Eduardo Pablo). “Me equivoqué, estoy arrepentido como hombre, porque perdí mi dignidad, mi orgullo. Nunca quise matar a nadie”, destacó el mayor de los Benítez, que le pidió disculpas a la fiscal por un episodio de intimidación ocurrido durante una de las primeras audiencias. En tanto su hijo Eduardo, dijo: “Sé que hay dos familias destruidas, por mi culpa están pagando personas que nada que ver. Mi único consuelo es venir a tribunales porque sé que voy a poder ver a mis viejos y mis hermanos. Yo hice algo mal y lo tengo que pagar”.
Con información de
El Litoral
