Las urgencias del nuevo gobierno
Por:
Martín Kanenguiser
Domingo 24 de
Noviembre 2019
Economistas allegados al presidente electo y analistas privados admiten la crítica situación que se transitará a partir del 10 de diciembre
Cada vez más lejos de la euforia de los comicios de octubre, los economistas que rodean al presidente electo, Alberto Fernández, están preocupados por el estrecho desfiladero fiscal por el que deberá transitar el nuevo Gobierno en sus primeros meses de gestión.
Dos hombres de diálogo habitual con el mandatario entrante coincidieron en señalar que la mayor urgencia en términos macroeconómicos es lograr una solución rápida y eficaz en torno de la deuda pública con los acreedores privados. Se trata de la llave más rápida para conseguir recursos, ya sea en el mercado local o –más improbable- en el internacional, en un contexto de fuerte liquidez para los mercados emergentes.
Sin embargo, estas mismas fuentes admitieron que todavía existe una alta dosis de desconfianza sobre lo que ocurrirá después del 10 de diciembre por la falta de definiciones públicas en torno del plan económico, de los nombres del equipo que lo llevará a cabo y, sobre todo, del grado de influencia de la ex presidenta y futura vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Los economistas del oficialismo entrante admiten que la clave para lograr un rápido acuerdo con los acreedores es consolidar las cuentas públicas a través de una desindexación del gasto previsional
Aunque el concepto de “plan integral” suene demasiado ambicioso, los inversores de la economía real y del mundo financiero quieren saber al menos si el nuevo presidente está dispuesto a desarmar la caja de Pandora de la indexación del gasto público. “Hay que avanzar en un plan para desindexar el gasto en las jubilaciones; una suerte de desagio, pero sólo de los contratos del sector público”, indicó uno de los economistas del justicialismo.
En este sentido, trascendió que la idea del nuevo gobierno, con la ayuda de la Corte Suprema, es dar marcha atrás con la fórmula del ajuste jubilatorio impulsada por el gobierno de Cambiemos en 2017. Prefieren volver al esquema discrecional previo, con un solo aumento por año y con la chance de elegir el mejor momento político para anunciarlo.
Si los empresarios e inversores observaran señales claras de disciplina fiscal, un concepto que Alberto Fernández ha reivindicado como uno de los logros de su etapa como jefe de gabinete 2003-2008, los acreedores privados estarían mejor predispuestos a aceptar una quita moderada en sus bonos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sentaría a renegociar el acuerdo.
En este sentido, ambas fuentes oficiales destacaron la importancia del diálogo mantenido tanto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como con funcionarios clave del Departamento de Estado, recordando el rol importante que desempeñó en 2003-2004 el presidente republicano George W. Bush para facilitar el acuerdo tanto con el Fondo como con los bonistas.
Al respecto, los inversores le restan trascendencia al argumento de los sectores kirchneristas que creen que el acuerdo con el FMI es un problema más para el propio organismo multilateral que para la Argentina, al aclarar que la entidad de Washington tiene una capacidad de otorgar créditos que excede largamente el monto otorgado a la Argentina. El Fondo tiene recursos para prestar por USD 990.000 millones y al país le autorizó USD 57.000 mil millones.
Un año igual o peor al 2019
Para las consultoras y bancos privados internacionales, el diagnóstico es tajante: el año próximo será igual o peor que este en materia de actividad e inflación. En este sentido, en el último informe de FocusEconomics Consensus Forecast expresaron que “la economía permanecerá en recesión el año próximo; además posiblemente la inversión se desplome en un contexto de un sentimiento de negocios negativo y altísimas tasas de interés, mientras que la creciente inflación afectará el consumo privado”.
Más aún, señalaron, “un cambio hacia políticas de izquierda radicalizada implica un importante riesgo negativo para la economía”, ya que “la inflación seguiría en alza en 2020 presionada por el tipo de cambio y por el financiamiento monetario del déficit fiscal”.
En tanto, el economista Gabriel Zelpo dijo que “el principal desafío es resolver la crisis de la deuda; si el nuevo gobierno no hace nada para resolverlo pronto, en marzo el Banco Central se quedaría sin reservas”. Atada a esta cuestión está la reducción del déficit fiscal, que podría llegar al 2% en términos primarios en 2020. Esto implica “dar una solución intertemporal que sea consistente con un programa de desindexación del sistema previsional”.
En la misma sintonía, la consultora EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto señaló que “dada la indexación del 60% del gasto público de la Nación (la movilidad previsional) y el desplome en la recaudación, la corrección fiscal empieza a desajustarse rápidamente a menos que la inflación siga escalando año a año o se rompa la indexación. Y esto se da en una economía en la que se desplomó la demanda de pesos frente a un salto inflacionario que terminaría el año en la zona del 60%”.
Ante este panorama, Dal Poggetto explicó que “un acuerdo de precios y salarios es condición necesaria para avanzar a un plan de estabilización que reduzca la inercia inflacionaria creciente y permita alguna recomposición de la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones. Pero no es suficiente: debe estar acompañado de un set de dispositivos que asegure la consistencia fiscal y monetaria en línea con la nominalidad buscada en el acuerdo”.
También, indicó, se necesita “un esquema cambiario con controles, que funcione como semiancla, que contribuya a la desinflación con una normalización de la tasa de interés de pesos a la nominalidad buscada en el acuerdo sin una sobrerreacción de la brecha cambiaria”.
Las cifras no son promisorias: la Fundación Capital prevé una caída del 9% en el nivel de inversión y del 1,8% en el PBI, un dólar a $ 90 y una inflación del 41,9%.
¿Podrá el nuevo gobierno conjugar todos estos desafíos sin caer en una crisis más severa? Por un lado, cuenta con el apoyo y la paciencia de la dirigencia del peronismo y de los sindicatos, pero, por el otro, cada una de sus medidas será observada con lupa por los mercados, no tanto por el presente, sino por el recuerdo vivo de los 12 años del kirchnerismo.
Dos hombres de diálogo habitual con el mandatario entrante coincidieron en señalar que la mayor urgencia en términos macroeconómicos es lograr una solución rápida y eficaz en torno de la deuda pública con los acreedores privados. Se trata de la llave más rápida para conseguir recursos, ya sea en el mercado local o –más improbable- en el internacional, en un contexto de fuerte liquidez para los mercados emergentes.
Sin embargo, estas mismas fuentes admitieron que todavía existe una alta dosis de desconfianza sobre lo que ocurrirá después del 10 de diciembre por la falta de definiciones públicas en torno del plan económico, de los nombres del equipo que lo llevará a cabo y, sobre todo, del grado de influencia de la ex presidenta y futura vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Los economistas del oficialismo entrante admiten que la clave para lograr un rápido acuerdo con los acreedores es consolidar las cuentas públicas a través de una desindexación del gasto previsional
Aunque el concepto de “plan integral” suene demasiado ambicioso, los inversores de la economía real y del mundo financiero quieren saber al menos si el nuevo presidente está dispuesto a desarmar la caja de Pandora de la indexación del gasto público. “Hay que avanzar en un plan para desindexar el gasto en las jubilaciones; una suerte de desagio, pero sólo de los contratos del sector público”, indicó uno de los economistas del justicialismo.
En este sentido, trascendió que la idea del nuevo gobierno, con la ayuda de la Corte Suprema, es dar marcha atrás con la fórmula del ajuste jubilatorio impulsada por el gobierno de Cambiemos en 2017. Prefieren volver al esquema discrecional previo, con un solo aumento por año y con la chance de elegir el mejor momento político para anunciarlo.
Si los empresarios e inversores observaran señales claras de disciplina fiscal, un concepto que Alberto Fernández ha reivindicado como uno de los logros de su etapa como jefe de gabinete 2003-2008, los acreedores privados estarían mejor predispuestos a aceptar una quita moderada en sus bonos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se sentaría a renegociar el acuerdo.
En este sentido, ambas fuentes oficiales destacaron la importancia del diálogo mantenido tanto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como con funcionarios clave del Departamento de Estado, recordando el rol importante que desempeñó en 2003-2004 el presidente republicano George W. Bush para facilitar el acuerdo tanto con el Fondo como con los bonistas.
Al respecto, los inversores le restan trascendencia al argumento de los sectores kirchneristas que creen que el acuerdo con el FMI es un problema más para el propio organismo multilateral que para la Argentina, al aclarar que la entidad de Washington tiene una capacidad de otorgar créditos que excede largamente el monto otorgado a la Argentina. El Fondo tiene recursos para prestar por USD 990.000 millones y al país le autorizó USD 57.000 mil millones.
Un año igual o peor al 2019
Para las consultoras y bancos privados internacionales, el diagnóstico es tajante: el año próximo será igual o peor que este en materia de actividad e inflación. En este sentido, en el último informe de FocusEconomics Consensus Forecast expresaron que “la economía permanecerá en recesión el año próximo; además posiblemente la inversión se desplome en un contexto de un sentimiento de negocios negativo y altísimas tasas de interés, mientras que la creciente inflación afectará el consumo privado”.
Más aún, señalaron, “un cambio hacia políticas de izquierda radicalizada implica un importante riesgo negativo para la economía”, ya que “la inflación seguiría en alza en 2020 presionada por el tipo de cambio y por el financiamiento monetario del déficit fiscal”.
En tanto, el economista Gabriel Zelpo dijo que “el principal desafío es resolver la crisis de la deuda; si el nuevo gobierno no hace nada para resolverlo pronto, en marzo el Banco Central se quedaría sin reservas”. Atada a esta cuestión está la reducción del déficit fiscal, que podría llegar al 2% en términos primarios en 2020. Esto implica “dar una solución intertemporal que sea consistente con un programa de desindexación del sistema previsional”.
En la misma sintonía, la consultora EcoGo que dirige Marina Dal Poggetto señaló que “dada la indexación del 60% del gasto público de la Nación (la movilidad previsional) y el desplome en la recaudación, la corrección fiscal empieza a desajustarse rápidamente a menos que la inflación siga escalando año a año o se rompa la indexación. Y esto se da en una economía en la que se desplomó la demanda de pesos frente a un salto inflacionario que terminaría el año en la zona del 60%”.
Ante este panorama, Dal Poggetto explicó que “un acuerdo de precios y salarios es condición necesaria para avanzar a un plan de estabilización que reduzca la inercia inflacionaria creciente y permita alguna recomposición de la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones. Pero no es suficiente: debe estar acompañado de un set de dispositivos que asegure la consistencia fiscal y monetaria en línea con la nominalidad buscada en el acuerdo”.
También, indicó, se necesita “un esquema cambiario con controles, que funcione como semiancla, que contribuya a la desinflación con una normalización de la tasa de interés de pesos a la nominalidad buscada en el acuerdo sin una sobrerreacción de la brecha cambiaria”.
Las cifras no son promisorias: la Fundación Capital prevé una caída del 9% en el nivel de inversión y del 1,8% en el PBI, un dólar a $ 90 y una inflación del 41,9%.
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