Proponen que la educación argentina la evalúe un organismo independiente y no el mismo Gobierno
Por:
Maximiliano Fernandez
Miércoles 15 de
Enero 2020
Desde 1993, las pruebas de calidad educativa están a cargo de una dependencia gubernamental. Un nuevo informe muestra que Brasil, Uruguay, Chile y otros países cuentan con una agencia autónoma para esa función
En 1993, se creó el Operativo Nacional de Evaluación, más conocido como las pruebas ONE. Pasaron veintisiete años y la evaluación en Argentina sigue dependiendo de un organismo gubernamental. En varios países de la región, en cambio, la función está en manos de una agencia autónoma.
Un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Juan Llach, muestra que Argentina está más bien dentro de una minoría. El ex ministro de Educación y profesor emérito de la Universidad Austral analizó siete países donde evalúan a través de institutos independientes: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay.
Cada caso tiene sus particularidades, pero la mayoría de los institutos fueron creados por ley en búsqueda de mayor independencia política. Incluso en Chile, Uruguay y República Dominicana sus directivos son designados después de pasar por un concurso, en vez de elegidos “a dedo” por el ministro.
Según supo Infobae, Paraguay, Costa Rica, Perú, Panamá presentan un esquema similar al argentino. En tanto, en Venezuela y Bolivia no hay una política de evaluación.
“Tener una institucionalidad más independiente genera las condiciones necesarias para la continuidad de las políticas de evaluación. Contar con un instituto de evaluación educativa es un modo de garantizar que la evaluación sea una política de estado, es decir, que no cambie cada vez que asume un nuevo gobierno”, afirmó Llach.
La historia de las evaluaciones en Argentina es más cambiante que extensa. Al principio las pruebas ONE arrancaron haciéndose todos los años. En la primera etapa del kirchnerismo pasaron a ser bienales y después trienales. Una vez que asumió Mauricio Macri, las pruebas cambiaron de nombre: se empezaron a llamar Aprender. Se evaluó sexto grado de primaria y el último año de secundaria hasta 2018, cuando se comenzaron a alternar los niveles.
Los cambios constantes generan problemas técnicos, dificultades para trazar una comparabilidad con el correr de los años. “Es fundamental la continuidad de las políticas de evaluación, la consolidación de equipos técnicos bien formados y la existencia de marcos de evaluación que planteen horizontes a mediano y largo plazo”, consideró Lilia Toranzos, especialista en Evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Solo durante un año, entre 2001 y 2002, a partir de un decreto, funcionó un organismo independiente destinado a evaluar: el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa (IDECE). Pero por la misma vía se derogó y desde 2003 se creó la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE).
Las pruebas de aprendizaje volvieron a hacerse desde dependencias del Gobierno. Con una aclaración: en 2006 se creó el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, un órgano que se suponía debía asesorar, con integrantes de la academia, funcionarios de las provincias y representantes de los sindicatos docentes. Ese órgano, en teoría, sigue vigente, aunque nunca funcionó en la práctica más allá de unos pocas reuniones.
A partir de la asunción de Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación Nacional, se delineó un nuevo organigrama. El decreto 50/2019 estableció la creación de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa a cargo de Gabriela Diker, ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su función es brindar insumos “a la comunidad educativa y a la sociedad en general para contribuir a la mejora continua de la educación”.
En diálogo con Infobae, Trotta señaló: “Para nosotros, evaluar las políticas educativas es fundamental, es una herramienta sustantiva. Pero algunos sectores ponen toda la carga del sistema en la evaluación, cuando en general los datos se emparentan mucho con la situación social. La escuela debe recuperar la centralidad. La Ley de Educación Nacional marca que es el Estado quien debe garantizar la evaluación. Sería peligroso tercerizar esa función en el sector privado”.
El ministro afirmó que en la próxima reunión del Consejo Federal, que nuclea a los 24 ministros provinciales, presentarán un plan de evaluación para lograr consensos. El Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que hace años no sesiona, “volverá a funcionar con plenitud”, aseguró.
En el Congreso, desde 2018, hay un proyecto -que aún no fue tratado pero que tiene estado parlamentario- para crear el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), un ente descentralizado del Ministerio de Educación, “con autonomía funcional y potestad para dictar su organización interna, autarquía económica financiera y personería jurídica propia”. Es un proyecto que surgió Red de Acción Política (RAP), una organización que se declara “plural y apartidaria”, y que fue retomado por el senador Esteban Bulrrich, después de que fracasara en su primer intento parlamentario.
El caso de la ciudad de Buenos Aires
En el país, hay un antecedente en esa línea. La ley N° 5.049 de 2014 dio lugar a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en la Ciudad de Buenos Aires, un organismo que no debería depender de la cartera porteña, que incluso se encarga de “evaluar la implementación e impacto de los programas y proyectos que realiza el ministerio de Educación de la ciudad”.
La misma ley señala que el ejecutivo debe elegir al director después de un concurso público de antecedentes frente a un jurado de tres miembros académicos, y que la duración del cargo es por cinco años, renovable una vez. Sin embargo, advierte el informe, todavía nunca se realizó ese concurso. Desde este año, Gabriel Sánchez Zinny, ex ministro de educación de María Eugenia Vidal, conduce la unidad.
Un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Juan Llach, muestra que Argentina está más bien dentro de una minoría. El ex ministro de Educación y profesor emérito de la Universidad Austral analizó siete países donde evalúan a través de institutos independientes: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay.
Cada caso tiene sus particularidades, pero la mayoría de los institutos fueron creados por ley en búsqueda de mayor independencia política. Incluso en Chile, Uruguay y República Dominicana sus directivos son designados después de pasar por un concurso, en vez de elegidos “a dedo” por el ministro.
Según supo Infobae, Paraguay, Costa Rica, Perú, Panamá presentan un esquema similar al argentino. En tanto, en Venezuela y Bolivia no hay una política de evaluación.
“Tener una institucionalidad más independiente genera las condiciones necesarias para la continuidad de las políticas de evaluación. Contar con un instituto de evaluación educativa es un modo de garantizar que la evaluación sea una política de estado, es decir, que no cambie cada vez que asume un nuevo gobierno”, afirmó Llach.
La historia de las evaluaciones en Argentina es más cambiante que extensa. Al principio las pruebas ONE arrancaron haciéndose todos los años. En la primera etapa del kirchnerismo pasaron a ser bienales y después trienales. Una vez que asumió Mauricio Macri, las pruebas cambiaron de nombre: se empezaron a llamar Aprender. Se evaluó sexto grado de primaria y el último año de secundaria hasta 2018, cuando se comenzaron a alternar los niveles.
Los cambios constantes generan problemas técnicos, dificultades para trazar una comparabilidad con el correr de los años. “Es fundamental la continuidad de las políticas de evaluación, la consolidación de equipos técnicos bien formados y la existencia de marcos de evaluación que planteen horizontes a mediano y largo plazo”, consideró Lilia Toranzos, especialista en Evaluación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Solo durante un año, entre 2001 y 2002, a partir de un decreto, funcionó un organismo independiente destinado a evaluar: el Instituto para el Desarrollo de la Calidad Educativa (IDECE). Pero por la misma vía se derogó y desde 2003 se creó la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE).
Las pruebas de aprendizaje volvieron a hacerse desde dependencias del Gobierno. Con una aclaración: en 2006 se creó el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, un órgano que se suponía debía asesorar, con integrantes de la academia, funcionarios de las provincias y representantes de los sindicatos docentes. Ese órgano, en teoría, sigue vigente, aunque nunca funcionó en la práctica más allá de unos pocas reuniones.
A partir de la asunción de Nicolás Trotta al frente del Ministerio de Educación Nacional, se delineó un nuevo organigrama. El decreto 50/2019 estableció la creación de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa a cargo de Gabriela Diker, ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Su función es brindar insumos “a la comunidad educativa y a la sociedad en general para contribuir a la mejora continua de la educación”.
En diálogo con Infobae, Trotta señaló: “Para nosotros, evaluar las políticas educativas es fundamental, es una herramienta sustantiva. Pero algunos sectores ponen toda la carga del sistema en la evaluación, cuando en general los datos se emparentan mucho con la situación social. La escuela debe recuperar la centralidad. La Ley de Educación Nacional marca que es el Estado quien debe garantizar la evaluación. Sería peligroso tercerizar esa función en el sector privado”.
El ministro afirmó que en la próxima reunión del Consejo Federal, que nuclea a los 24 ministros provinciales, presentarán un plan de evaluación para lograr consensos. El Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que hace años no sesiona, “volverá a funcionar con plenitud”, aseguró.
En el Congreso, desde 2018, hay un proyecto -que aún no fue tratado pero que tiene estado parlamentario- para crear el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa (IECEE), un ente descentralizado del Ministerio de Educación, “con autonomía funcional y potestad para dictar su organización interna, autarquía económica financiera y personería jurídica propia”. Es un proyecto que surgió Red de Acción Política (RAP), una organización que se declara “plural y apartidaria”, y que fue retomado por el senador Esteban Bulrrich, después de que fracasara en su primer intento parlamentario.
El caso de la ciudad de Buenos Aires
En el país, hay un antecedente en esa línea. La ley N° 5.049 de 2014 dio lugar a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) en la Ciudad de Buenos Aires, un organismo que no debería depender de la cartera porteña, que incluso se encarga de “evaluar la implementación e impacto de los programas y proyectos que realiza el ministerio de Educación de la ciudad”.
La misma ley señala que el ejecutivo debe elegir al director después de un concurso público de antecedentes frente a un jurado de tres miembros académicos, y que la duración del cargo es por cinco años, renovable una vez. Sin embargo, advierte el informe, todavía nunca se realizó ese concurso. Desde este año, Gabriel Sánchez Zinny, ex ministro de educación de María Eugenia Vidal, conduce la unidad.
Con información de
Infobae
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