La picardía: ¿Un síntoma de la pandemia?
Por:
Sergio "Checho" Basile |Diputado provincial | UCR-NEO
Miércoles 01 de
Abril 2020
Si bien el presidente fue claro cuando dijo que “este ya no es el país de los vivos y pícaros”, hay algunos sectores que no comprendieron el mensaje. O lo desestimaron.
En el marco de la pandemia que azota al mundo, al país y a la provincia, el gobierno de Santa Fe, jugó la carta del coronavirus para presionar a los poderes legislativos a que aprueben la Ley de Necesidad Pública. Si esto no es picardía, ¿qué es?.
A fines de diciembre de 2019, sobre el filo de la noche buena y navidad, el gobierno de Santa Fe enviaba a la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia que, en principio, estaba destinado a cubrir necesidades en materia de seguridad, alimentación, desarrollo social y salud.
Estudiando la normativa, entendimos que, además de otras herramientas, se pedían facultades para anular contratos, pagar sueldos en negro a los trabajadores, remover efectivos policiales y un discrecional manejo de fondos por parte del ejecutivo.
Hasta ese momento el problema del coronavirus era una cuestión inexistente, y de hecho en ese proyecto no existía un punto o una coma que hable de la enfermedad que azota al mundo.
Con el rechazo de la ley por parte de la Cámara de Diputados, el proyecto vuelve al Senado y queda paralizado hasta que estalla la pandemia, realidad a la que no escapa nuestro país, ni la provincia.
El Presidente de la Nación, se pone al frente de esta crisis y en su discurso anticipa que muchos se iban a aprovechar de este momento para hacer picardías. Recordemos que el significado de la palabra “Picardía” es la “Habilidad y gracia para que no se vea o no se sepa una cosa o para sacar provecho de ciertas situaciones”.
Dicho y hecho. El gobierno provincial exige que la Legislatura apruebe la ahora llamada “Ley de Necesidad Pública” para volver a tener la posibilidad de pagar en negro a sus trabajadores activos y pasivos, anular contratos y pagar en forma discrecional a municipios y comunas. En otras palabras, una normativa con las mismas trampas que tenía el proyecto de Ley de Emergencia.
Si bien el gobierno llamó al diálogo para consensuar un proyecto de Ley, todo terminó convirtiéndose en un monólogo porque no aceptaron ninguna de las propuestas ofrecidas desde el bloque del Frente Progresista.
La democracia se nutre de consensos, y en ese sentido quien ejecuta debe tener una gran amplitud para escuchar otras voces.
La sociedad santafesina nos puso en el rol de oposición responsable, con una tarea constructiva y venimos demostrándolo en el recinto con la aprobación del presupuesto 2020, el pacto fiscal, la ley de moratoria, la ley de déficit fiscal y tributaria, entre otras leyes que sirven de herramientas para que el ejecutivo pueda ejercer su función fundamental: gobernar.
Como un lobo disfrazado de cordero, trataron de imponer en la sociedad que sin la “Ley de Necesidad Pública” no tienen los recursos para enfrentar a los desastres que está ocasionando la pandemia mundial.
Es la picardía de la que hablaba el presidente Alberto Fernández.
Estamos convencidos que en política no ‘todo vale’. No aceptamos el maltrato en redes, o las injurias personalizadas de la vicegobernadora en un vídeo, ni la publicación de los números particulares de teléfonos de los diputados y diputadas de la oposición para ejercer presión sobre las decisiones que debemos tomar.
Así y todo, esta cámara convirtió en Ley el endeudamiento por 15 mil millones de pesos para hacer frente a los gastos que ocasiona el Covid-19.
Lejos de contentarse con ese paquete de rescate monetario, nos quieren obligar a que apoyemos y votemos afirmativamente, sin poner en discusión, una ley que no responde a la realidad económica y social de la provincia. Creemos firmemente que se pueden dar herramientas, pero estamos lejos de aceptar el cercenamiento de derechos a los trabajadores, el incumplimiento en compromisos contraídos, y de firmar un cheque en blanco sin saber a donde serán destinados los fondos que se obtengan.
El tiempo pondrás las cosas en su lugar. Aquellos que saben de gestión conocen que pagar sueldos en negro o la posibilidad de recibir una avalancha de juicios por incumplimientos de contratos, lo único que traerá será desfinanciamiento del Estado. Sí, ese Estado que hoy es el que está presente con la fortaleza y debilidades de lo público haciéndole frente a una pandemia mundial, poniendo en la trinchera a sus médicos, enfermeros y voluntarios.
En política no todo vale. Vamos a defender siempre a los que menos tienen, a los más vulnerables. Lo que vale es tener convicciones y conducta para sostener una idea: lo que votamos o dejamos de votar va a ayudar a quienes representamos y a quienes, con su voto, nos dieron el rol de órgano controlador del Ejecutivo Provincial, mirando más allá de las coyunturas, para que ese disfraz de cordero se caiga cuanto antes.
A fines de diciembre de 2019, sobre el filo de la noche buena y navidad, el gobierno de Santa Fe enviaba a la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia que, en principio, estaba destinado a cubrir necesidades en materia de seguridad, alimentación, desarrollo social y salud.
Estudiando la normativa, entendimos que, además de otras herramientas, se pedían facultades para anular contratos, pagar sueldos en negro a los trabajadores, remover efectivos policiales y un discrecional manejo de fondos por parte del ejecutivo.
Hasta ese momento el problema del coronavirus era una cuestión inexistente, y de hecho en ese proyecto no existía un punto o una coma que hable de la enfermedad que azota al mundo.
Con el rechazo de la ley por parte de la Cámara de Diputados, el proyecto vuelve al Senado y queda paralizado hasta que estalla la pandemia, realidad a la que no escapa nuestro país, ni la provincia.
El Presidente de la Nación, se pone al frente de esta crisis y en su discurso anticipa que muchos se iban a aprovechar de este momento para hacer picardías. Recordemos que el significado de la palabra “Picardía” es la “Habilidad y gracia para que no se vea o no se sepa una cosa o para sacar provecho de ciertas situaciones”.
Dicho y hecho. El gobierno provincial exige que la Legislatura apruebe la ahora llamada “Ley de Necesidad Pública” para volver a tener la posibilidad de pagar en negro a sus trabajadores activos y pasivos, anular contratos y pagar en forma discrecional a municipios y comunas. En otras palabras, una normativa con las mismas trampas que tenía el proyecto de Ley de Emergencia.
Si bien el gobierno llamó al diálogo para consensuar un proyecto de Ley, todo terminó convirtiéndose en un monólogo porque no aceptaron ninguna de las propuestas ofrecidas desde el bloque del Frente Progresista.
La democracia se nutre de consensos, y en ese sentido quien ejecuta debe tener una gran amplitud para escuchar otras voces.
La sociedad santafesina nos puso en el rol de oposición responsable, con una tarea constructiva y venimos demostrándolo en el recinto con la aprobación del presupuesto 2020, el pacto fiscal, la ley de moratoria, la ley de déficit fiscal y tributaria, entre otras leyes que sirven de herramientas para que el ejecutivo pueda ejercer su función fundamental: gobernar.
Como un lobo disfrazado de cordero, trataron de imponer en la sociedad que sin la “Ley de Necesidad Pública” no tienen los recursos para enfrentar a los desastres que está ocasionando la pandemia mundial.
Es la picardía de la que hablaba el presidente Alberto Fernández.
Estamos convencidos que en política no ‘todo vale’. No aceptamos el maltrato en redes, o las injurias personalizadas de la vicegobernadora en un vídeo, ni la publicación de los números particulares de teléfonos de los diputados y diputadas de la oposición para ejercer presión sobre las decisiones que debemos tomar.
Así y todo, esta cámara convirtió en Ley el endeudamiento por 15 mil millones de pesos para hacer frente a los gastos que ocasiona el Covid-19.
Lejos de contentarse con ese paquete de rescate monetario, nos quieren obligar a que apoyemos y votemos afirmativamente, sin poner en discusión, una ley que no responde a la realidad económica y social de la provincia. Creemos firmemente que se pueden dar herramientas, pero estamos lejos de aceptar el cercenamiento de derechos a los trabajadores, el incumplimiento en compromisos contraídos, y de firmar un cheque en blanco sin saber a donde serán destinados los fondos que se obtengan.
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