La educación privada, en la cuerda floja: la mora en las cuotas alcanza el 70% y algunos jardines ya cerraron
Por:
Maximiliano Fernandez
Viernes 15 de
Mayo 2020
La pérdida de matrícula aumenta a medida que pasan los meses y el pago de salarios empieza a ser un problema. Sus actores advierten dificultades para acceder a la asistencia estatal
La mora en el pago de las cuotas asciende hasta el 70%, el cobro de sueldos ya empieza a resquebrajarse y el fantasma de cierre ya no es tan lejano como cuando se dictó el aislamiento obligatorio. La radiografía del momento que atraviesa la educación de gestión privada es crítica. Peor aún, sus principales actores creen que se podría agravar en los próximos meses.
3 millones y medio de alumnos van a alguna de las 14 mil escuelas privadas que funcionan en el país. De ellos, 1.6 millones están en la provincia de Buenos Aires, donde el aplazamiento de los aranceles está en niveles muy altos, entre el 60 y el 70 por ciento. Los que conocen el sector atribuyen dos razones: por un lado, con la economía frenada, muchas familias no tienen dinero para afrontar las cuotas. Por otro lado, hay un rechazo generalizado a la decisión de no rebajar los precios en un contexto excepcional, donde se intenta educar a la distancia.
“El panorama es muy desalentador. Hay mucha angustia en el sector, más sabiendo que la educación va a ser la última actividad en reactivarse y más intuyendo que el AMBA va a ser el último en volver a las aulas. Esto así no resiste. Puede llevar a un cierre masivo de establecimientos. La tendencia lamentablemente es imparable”, dijo a Infobae Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, la principal cámara de la provincia.
La asociación distribuyó una encuesta entre los colegios que representa y preguntó, entre otras cuestiones, por la pérdida de alumnos. El 58,8% respondió que sufrieron una disminución menor al 10%, un 17,8% indicó que esa pérdida ascendió al 20% y el restante 23,4% manifestó que la caída de la matrícula fue mayor al 30%. “A partir de esta información se podría afirmar que en general se advierte una tendencia a la disminución progresiva del alumnado”, advierte el informe.
La situación excede a la provincia de Buenos Aires. En todo el país, con asimetrías, hay urgencias. “Aquellas escuelas que arrastraban dificultades antes de la pandemia, las profundizaron. El nivel de logro de la continuidad pedagógica es muy variado. Un grupo de colegios lo logró, pero muchos. Los padres apuestan a la continuidad, se solidarizan con la escuela, pero hoy la mayor amenaza para el sector es el aislamiento obligatorio. Las recaudaciones de las familias no permiten sostenerlo”, señaló Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de CAIEP, una cámara con representación nacional.
Como una cadena inevitable, la mora en las cuotas se está empezando a trasladar al pago de los salarios de los maestros. La mayoría cobró en tiempo y forma, pero desde Sadop, el sindicato de los docentes privados, deslizaron que el depósito fue “muy irregular”. “Hay arriba de un 30% que no pagó como debería. Ya sea porque fue fuera del plazo, porque depositó solo una parte o planteó porcentajes en cuotas. Son muy diversos escenarios, pero la tendencia es creciente en esa línea”, plantearon.
A esos problemas se les suma las dificultades con las que se encuentran las escuelas privadas para acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Como requisito para ingresar a la ayuda estatal, se solicita que la facturación de 2020 no supere la de 2019. Sucede que casi todas las escuelas facturan lo devengado y no lo percibido. Es decir, emiten la factura antes del cobro. Entonces, con los aumentos en los cuotas que hubo en el último año, la caída de liquidez no se ve reflejada.
En el ministerio de Educación nacional tomaron nota de ese reclamo y avanzan en la identificación de las escuelas que necesitan la ayuda estatal, en la consolidación de una base estadística nacional que no existe. En las cámaras valoran ese trabajo, pero sostienen que todavía es muy difícil para los colegios superar el trámite. Se les imponen demasiadas trabas, dicen.
Para colmo, se suma otro factor que complica la identificación: los subsidios provinciales que ya recibe la mayoría de los establecimientos, que van del 100 al 40 por ciento para los salarios de la planta orgánica de docentes. Por ahora, para esas escuelas, está frenado el aporte porque pretenden individualizar a los maestros. Aquellos que tengan más del 50% de aportes no cobrarán el ATP. En cambio, a los que perciben su sueldo con menos del 50% de subsidio estatal se les sumará la diferencia para alcanzar ese porcentaje, en los casos en que la escuela lo solicite.
Jardines, el foco de la crisis
En la provincia de Buenos Aires, según informó AIEPBA, cinco jardines que están dentro de la cámara debieron cerrar: uno en Bahía Blanca, uno en San Isidro, uno en Pilar, uno en Berazategui y otro en Quilmes.
Los presagios para el nivel inicial son los más dramáticos. En primer lugar, la continuidad pedagógica con chicos de 5 años o menos se convierte en una tarea titánica. En segundo lugar, porque no cumple la función de guardería, los padres ya no pueden confiarles a sus hijos a una institución mientras ellos trabajan. Y en tercer lugar, de sala de 3 para abajo no es obligatorio. Por ende, sacar a los chicos no implicara que pierdan escolaridad.
Con ese panorama ya agorero, los jardines maternales, que trabajan con niños de 45 días a 3 años, atraviesan la crisis más acuciante. En general, tienen pocos alumnos -alrededor de 40-, pero muchos docentes por cada chico y solo se sostienen con el pago de las cuotas. De acuerdo a las estimaciones de la Asociación Coherencia, el 60% de la matrícula dejó de pagar y no se sabe si va a volver en algún momento.
“Nos sentimos abandonados. En general, nadie habla del nivel maternal. La mayoría no cerró porque apostamos a poder sostenerlo, pero la realidad es que muchísimos no van a tener alternativa. Son más de 5 mil empleados afectados y familias que necesitan de esa función social. El videíto que nosotros le podamos a mandar a los chicos puede ser muy lindo, pero no alcanza”, planteó Georgina Malm Green, integrante de Coherencia y dueña de la Escuela Infantil Green Garden de Chacarita.
La directora contó que todos los jardines maternales se postularon al ATP, pero que hubo inconvenientes burocráticos. “El día que tenían que pagar nos enteramos entrando a la página de la AFIP que había una reevaluación y ninguno de los docentes cobró nada hasta el momento. Ya no tenemos margen para seguir funcionando”.
El problema se agrava si se considera que, en los primeros años, la oferta educativa estatal es muy baja. Según datos de CIPPEC, mientras el 70% de las escuelas privadas ofrecen sala de 3, solo el 47% de las de gestión estatal lo hacen. En el jardín maternal, las diferencias son mayores: el 35% de las privadas ofrece alguna sala para los niños de 45 días a 2 años, mientras que solo sucede en el 10% de las públicas.
Llegado el caso, si se diera un cierre masivo de establecimientos, la pregunta que cabrá hacerse es si el sistema público está en condiciones de resistir la migración de alumnos que vendrá de la gestión privada. En el nivel inicial es indudable que no.
3 millones y medio de alumnos van a alguna de las 14 mil escuelas privadas que funcionan en el país. De ellos, 1.6 millones están en la provincia de Buenos Aires, donde el aplazamiento de los aranceles está en niveles muy altos, entre el 60 y el 70 por ciento. Los que conocen el sector atribuyen dos razones: por un lado, con la economía frenada, muchas familias no tienen dinero para afrontar las cuotas. Por otro lado, hay un rechazo generalizado a la decisión de no rebajar los precios en un contexto excepcional, donde se intenta educar a la distancia.
“El panorama es muy desalentador. Hay mucha angustia en el sector, más sabiendo que la educación va a ser la última actividad en reactivarse y más intuyendo que el AMBA va a ser el último en volver a las aulas. Esto así no resiste. Puede llevar a un cierre masivo de establecimientos. La tendencia lamentablemente es imparable”, dijo a Infobae Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA, la principal cámara de la provincia.
La asociación distribuyó una encuesta entre los colegios que representa y preguntó, entre otras cuestiones, por la pérdida de alumnos. El 58,8% respondió que sufrieron una disminución menor al 10%, un 17,8% indicó que esa pérdida ascendió al 20% y el restante 23,4% manifestó que la caída de la matrícula fue mayor al 30%. “A partir de esta información se podría afirmar que en general se advierte una tendencia a la disminución progresiva del alumnado”, advierte el informe.
La situación excede a la provincia de Buenos Aires. En todo el país, con asimetrías, hay urgencias. “Aquellas escuelas que arrastraban dificultades antes de la pandemia, las profundizaron. El nivel de logro de la continuidad pedagógica es muy variado. Un grupo de colegios lo logró, pero muchos. Los padres apuestan a la continuidad, se solidarizan con la escuela, pero hoy la mayor amenaza para el sector es el aislamiento obligatorio. Las recaudaciones de las familias no permiten sostenerlo”, señaló Rodolfo De Vincenzi, vicepresidente de CAIEP, una cámara con representación nacional.
Como una cadena inevitable, la mora en las cuotas se está empezando a trasladar al pago de los salarios de los maestros. La mayoría cobró en tiempo y forma, pero desde Sadop, el sindicato de los docentes privados, deslizaron que el depósito fue “muy irregular”. “Hay arriba de un 30% que no pagó como debería. Ya sea porque fue fuera del plazo, porque depositó solo una parte o planteó porcentajes en cuotas. Son muy diversos escenarios, pero la tendencia es creciente en esa línea”, plantearon.
A esos problemas se les suma las dificultades con las que se encuentran las escuelas privadas para acceder al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Como requisito para ingresar a la ayuda estatal, se solicita que la facturación de 2020 no supere la de 2019. Sucede que casi todas las escuelas facturan lo devengado y no lo percibido. Es decir, emiten la factura antes del cobro. Entonces, con los aumentos en los cuotas que hubo en el último año, la caída de liquidez no se ve reflejada.
En el ministerio de Educación nacional tomaron nota de ese reclamo y avanzan en la identificación de las escuelas que necesitan la ayuda estatal, en la consolidación de una base estadística nacional que no existe. En las cámaras valoran ese trabajo, pero sostienen que todavía es muy difícil para los colegios superar el trámite. Se les imponen demasiadas trabas, dicen.
Para colmo, se suma otro factor que complica la identificación: los subsidios provinciales que ya recibe la mayoría de los establecimientos, que van del 100 al 40 por ciento para los salarios de la planta orgánica de docentes. Por ahora, para esas escuelas, está frenado el aporte porque pretenden individualizar a los maestros. Aquellos que tengan más del 50% de aportes no cobrarán el ATP. En cambio, a los que perciben su sueldo con menos del 50% de subsidio estatal se les sumará la diferencia para alcanzar ese porcentaje, en los casos en que la escuela lo solicite.
Jardines, el foco de la crisis
En la provincia de Buenos Aires, según informó AIEPBA, cinco jardines que están dentro de la cámara debieron cerrar: uno en Bahía Blanca, uno en San Isidro, uno en Pilar, uno en Berazategui y otro en Quilmes.
Los presagios para el nivel inicial son los más dramáticos. En primer lugar, la continuidad pedagógica con chicos de 5 años o menos se convierte en una tarea titánica. En segundo lugar, porque no cumple la función de guardería, los padres ya no pueden confiarles a sus hijos a una institución mientras ellos trabajan. Y en tercer lugar, de sala de 3 para abajo no es obligatorio. Por ende, sacar a los chicos no implicara que pierdan escolaridad.
Con ese panorama ya agorero, los jardines maternales, que trabajan con niños de 45 días a 3 años, atraviesan la crisis más acuciante. En general, tienen pocos alumnos -alrededor de 40-, pero muchos docentes por cada chico y solo se sostienen con el pago de las cuotas. De acuerdo a las estimaciones de la Asociación Coherencia, el 60% de la matrícula dejó de pagar y no se sabe si va a volver en algún momento.
“Nos sentimos abandonados. En general, nadie habla del nivel maternal. La mayoría no cerró porque apostamos a poder sostenerlo, pero la realidad es que muchísimos no van a tener alternativa. Son más de 5 mil empleados afectados y familias que necesitan de esa función social. El videíto que nosotros le podamos a mandar a los chicos puede ser muy lindo, pero no alcanza”, planteó Georgina Malm Green, integrante de Coherencia y dueña de la Escuela Infantil Green Garden de Chacarita.
La directora contó que todos los jardines maternales se postularon al ATP, pero que hubo inconvenientes burocráticos. “El día que tenían que pagar nos enteramos entrando a la página de la AFIP que había una reevaluación y ninguno de los docentes cobró nada hasta el momento. Ya no tenemos margen para seguir funcionando”.
El problema se agrava si se considera que, en los primeros años, la oferta educativa estatal es muy baja. Según datos de CIPPEC, mientras el 70% de las escuelas privadas ofrecen sala de 3, solo el 47% de las de gestión estatal lo hacen. En el jardín maternal, las diferencias son mayores: el 35% de las privadas ofrece alguna sala para los niños de 45 días a 2 años, mientras que solo sucede en el 10% de las públicas.
Llegado el caso, si se diera un cierre masivo de establecimientos, la pregunta que cabrá hacerse es si el sistema público está en condiciones de resistir la migración de alumnos que vendrá de la gestión privada. En el nivel inicial es indudable que no.
Con información de
Infobae
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