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Entrevista a Juan Pablo Poletti. El análisis de Maxi Romero, Carlos Renna y Gustavo Piedra Buena del resultado de las elecciones del 29 de junio. La opinión de Roberto Mirabella.
¿Quo vadis, Presidente?
Martes 04 de
Agosto 2020
Por:
María Herminia Grande
Alberto Fernández llegó al poder con algunas premisas que quedaron desdibujadas
¿Quo vadis, Presidente? ¿No será momento de hacer introspección y revisar los pasos dados? La pandemia se interpuso en el camino de todos los líderes del mundo. Por ello, quienes ostentan cintura política, recalculan, corrigen y avanzan.
El Presidente llegó al Gobierno con un puñado de premisas. Según mi información, promesas que se hizo a sí mismo. Cerrar la grieta. Cerrar el acuerdo con los bonistas. Abrir el grifo generador de la producción y el empleo. Después de todo, gobernar es producir y distribuir, pero para ello la política debe ser facilitadora, posibilitadora de producción y empleo. Y un día llegó la peste, cuando aún el Presidente era el equilibrador de la reciente coalición de gobierno. Se paró sobre el problema –el Covid-19-, convocó a todos y según la investigación de Guillermo Vagni, de Políticos en Redes, sobre un universo de 29 millones de usuarios en Facebook, 17 millones en Instagram y 5 millones en Twitter, logró inicialmente el asentimiento del 94%, incluido sus detractores. Eran épocas en donde el diputado Mario Negri decía: “Presidente, usted es el comandante de esta batalla”. Con este porcentaje de aceptación, Alberto Fernández cumplía inicialmente su primer compromiso: cerrar la grieta. Luego, con su traje de equilibrista, el Presidente viró hacia su vice y calificó de miserable a Paolo Rocca. Y siguió con un “muchachos, llegó la hora de poner”, rematando con el intento de expropiación de Vicentin. Su ponderación positiva comenzó a retroceder. Hoy está en un 60%, no es poco para analizar y reconducir su gobierno.
Con respecto al acuerdo con los bonistas, al cierre de este artículo actores protagónicos de acuerdos anteriores no disimulaban su sorpresa, diciendo cosas como “tienen un razonamiento difícil de seguir”. Otros, con no poco disgusto, me decían: “Ir al FMI ahora –estaba previsto para el 2021- es para tapar el fracaso actual”. Por otro lado, consultados actores del FMI no disimularon el desconcierto por el cambio de estrategia.
El Presidente, preocupado por la pandemia y absorbido por las internas en su coalición, retrasó hasta hoy otras medidas de gobierno. Ante esta demora, actores de nuestra sociedad se juntaron públicamente –en privado hace rato lo hacen- para coincidir, primero, en la necesidad mencionada por Alberto Fernández pero no concretada de constituir un Consejo Económico y Social. Segundo, aportar planes sectoriales tratando de coincidir con el Gobierno para luego desarrollarlos. La cadena agroindustrial sigue juntando consensos a través del Plan Nacional de Reactivación Industrial-Exportador. Obtuvo la semana pasada el visto bueno y el compromiso de avanzar en el proyecto de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Previamente obtuvo el consentimiento del presidente de Diputados, Sergio Massa. Ayer lunes, tocó el turno a la bancada de Juntos por el Cambio, presidida por Mario Negri. Para culminar con la reunión, aún no solicitada, al Presidente. Este plan prevé en un quinquenio llegar a los USD 100 mil millones de dólares de exportación y a la creación de 700 mil puestos de trabajo, haciendo eje en todas las economías regionales. El otro plan productivo tiene que ver con el sector porcino en asociativismo entre capitales chinos y productores argentinos. La apuesta en este caso es poner valor agregado a la tonelada de maíz hoy en USD 170/180 para transformarla en USD 2600/2700. Me decía Juan Uccelli: “De las 20 millones de toneladas anuales que consume China, el proyecto prevé abastecer en cinco años desde Argentina 900 mil toneladas. Contempla la creación de núcleos a lo largo y ancho de país con 12/13 mil madres cada uno. Prevé las madres, las plantas de alimento para las madres, los frigoríficos y la exportación”. Para esto China firmará un acuerdo próximamente de USD 3.500 millones, de un total de USD 28.000 millones en diez años.
Vicentin
Con el decreto presidencial de la semana pasada se cerró un proceso que nunca debió abrirse. La rapidez en cerrar este capítulo de parte de Alberto Fernández, entre otros temas, tiene que ver con la necesidad de impedir nuevamente la aparición de “ideas locas” en el Congreso Nacional.
El apartamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que ver con varios factores. El primero -y seguramente desmentido por el gobernador Omar Perotti- es su desacuerdo con el proyecto expropiatorio. Segundo, el juez Fabián Lorenzini la semana pasada concedió a la empresa un plazo de cuarenta días judiciales para presentar el balance. Tercero, los propios acreedores no estaban convencidos de integrar un fideicomiso sin tener el rol de originadores, es decir sin poder impulsar y administrar la propia estrategia de negocio. El equipo del Dr. Gabriel Delgado elaboró un informe donde se detallaban las bases competitivas, diversificadas y diferenciales del sector de agroalimentos. Se planteaba la preservación de las fuentes de empleo. Refería a una inversión de USD 400 millones, con la intención de generar un plan de negocios que imprimiera confianza al mercado. También preveía un método de transición y propiedad de la empresa al fideicomiso, con el Estado como accionista a través de la capitalización de sus acreencias. Y un nuevo directorio con un CEO altamente capacitado y profesionalizado.
Vicentin desde febrero puso sobre la mesa la figura del fideicomiso. Entienden que el Banco Nación, que está cobrando su deuda y tiene las garantías reales como ya hemos dicho, podría funcionar como ordenador liderando el rescate de los sectores involucrados.
Infiero que, primero, Vicentin nunca pensó en entregar la conducción de la empresa amparados en los términos del concurso preventivo. Segundo, la empresa nunca estuvo convencida de la buena intención del rescate. Tercero, los acreedores más importantes desconfiaban de la política como conductora del proceso de rescate.
Aunque el panorama asome sombrío, hoy Argentina tiene todos los elementos para convertir su producción primaria en bienes de alto valor agregado y exportarlos al mundo. Sólo falta convencimiento y decisión política.
El Presidente llegó al Gobierno con un puñado de premisas. Según mi información, promesas que se hizo a sí mismo. Cerrar la grieta. Cerrar el acuerdo con los bonistas. Abrir el grifo generador de la producción y el empleo. Después de todo, gobernar es producir y distribuir, pero para ello la política debe ser facilitadora, posibilitadora de producción y empleo. Y un día llegó la peste, cuando aún el Presidente era el equilibrador de la reciente coalición de gobierno. Se paró sobre el problema –el Covid-19-, convocó a todos y según la investigación de Guillermo Vagni, de Políticos en Redes, sobre un universo de 29 millones de usuarios en Facebook, 17 millones en Instagram y 5 millones en Twitter, logró inicialmente el asentimiento del 94%, incluido sus detractores. Eran épocas en donde el diputado Mario Negri decía: “Presidente, usted es el comandante de esta batalla”. Con este porcentaje de aceptación, Alberto Fernández cumplía inicialmente su primer compromiso: cerrar la grieta. Luego, con su traje de equilibrista, el Presidente viró hacia su vice y calificó de miserable a Paolo Rocca. Y siguió con un “muchachos, llegó la hora de poner”, rematando con el intento de expropiación de Vicentin. Su ponderación positiva comenzó a retroceder. Hoy está en un 60%, no es poco para analizar y reconducir su gobierno.
Con respecto al acuerdo con los bonistas, al cierre de este artículo actores protagónicos de acuerdos anteriores no disimulaban su sorpresa, diciendo cosas como “tienen un razonamiento difícil de seguir”. Otros, con no poco disgusto, me decían: “Ir al FMI ahora –estaba previsto para el 2021- es para tapar el fracaso actual”. Por otro lado, consultados actores del FMI no disimularon el desconcierto por el cambio de estrategia.
El Presidente, preocupado por la pandemia y absorbido por las internas en su coalición, retrasó hasta hoy otras medidas de gobierno. Ante esta demora, actores de nuestra sociedad se juntaron públicamente –en privado hace rato lo hacen- para coincidir, primero, en la necesidad mencionada por Alberto Fernández pero no concretada de constituir un Consejo Económico y Social. Segundo, aportar planes sectoriales tratando de coincidir con el Gobierno para luego desarrollarlos. La cadena agroindustrial sigue juntando consensos a través del Plan Nacional de Reactivación Industrial-Exportador. Obtuvo la semana pasada el visto bueno y el compromiso de avanzar en el proyecto de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner. Previamente obtuvo el consentimiento del presidente de Diputados, Sergio Massa. Ayer lunes, tocó el turno a la bancada de Juntos por el Cambio, presidida por Mario Negri. Para culminar con la reunión, aún no solicitada, al Presidente. Este plan prevé en un quinquenio llegar a los USD 100 mil millones de dólares de exportación y a la creación de 700 mil puestos de trabajo, haciendo eje en todas las economías regionales. El otro plan productivo tiene que ver con el sector porcino en asociativismo entre capitales chinos y productores argentinos. La apuesta en este caso es poner valor agregado a la tonelada de maíz hoy en USD 170/180 para transformarla en USD 2600/2700. Me decía Juan Uccelli: “De las 20 millones de toneladas anuales que consume China, el proyecto prevé abastecer en cinco años desde Argentina 900 mil toneladas. Contempla la creación de núcleos a lo largo y ancho de país con 12/13 mil madres cada uno. Prevé las madres, las plantas de alimento para las madres, los frigoríficos y la exportación”. Para esto China firmará un acuerdo próximamente de USD 3.500 millones, de un total de USD 28.000 millones en diez años.
Vicentin
Con el decreto presidencial de la semana pasada se cerró un proceso que nunca debió abrirse. La rapidez en cerrar este capítulo de parte de Alberto Fernández, entre otros temas, tiene que ver con la necesidad de impedir nuevamente la aparición de “ideas locas” en el Congreso Nacional.
El apartamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe tiene que ver con varios factores. El primero -y seguramente desmentido por el gobernador Omar Perotti- es su desacuerdo con el proyecto expropiatorio. Segundo, el juez Fabián Lorenzini la semana pasada concedió a la empresa un plazo de cuarenta días judiciales para presentar el balance. Tercero, los propios acreedores no estaban convencidos de integrar un fideicomiso sin tener el rol de originadores, es decir sin poder impulsar y administrar la propia estrategia de negocio. El equipo del Dr. Gabriel Delgado elaboró un informe donde se detallaban las bases competitivas, diversificadas y diferenciales del sector de agroalimentos. Se planteaba la preservación de las fuentes de empleo. Refería a una inversión de USD 400 millones, con la intención de generar un plan de negocios que imprimiera confianza al mercado. También preveía un método de transición y propiedad de la empresa al fideicomiso, con el Estado como accionista a través de la capitalización de sus acreencias. Y un nuevo directorio con un CEO altamente capacitado y profesionalizado.
Vicentin desde febrero puso sobre la mesa la figura del fideicomiso. Entienden que el Banco Nación, que está cobrando su deuda y tiene las garantías reales como ya hemos dicho, podría funcionar como ordenador liderando el rescate de los sectores involucrados.
Infiero que, primero, Vicentin nunca pensó en entregar la conducción de la empresa amparados en los términos del concurso preventivo. Segundo, la empresa nunca estuvo convencida de la buena intención del rescate. Tercero, los acreedores más importantes desconfiaban de la política como conductora del proceso de rescate.
Aunque el panorama asome sombrío, hoy Argentina tiene todos los elementos para convertir su producción primaria en bienes de alto valor agregado y exportarlos al mundo. Sólo falta convencimiento y decisión política.
Con información de
Infobae
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