Que los sectores medios recuperen la esperanza: el desafío al que debería apuntar el Gobierno
Martes 12 de
Enero 2021
Por:
María Herminia Grande
En la Argentina, todo parece concentrarse en ganar las elecciones de este año.
“El poder combinado de EEUU es el doble del poder combinado del resto del mundo. Las consecuencias de lo sucedido en EEUU lo vivirá el mundo”, así sintetiza el Dr. Jorge Castro lo sucedido en el país que hoy es la democracia más antigua del mundo. Una situación compleja, ya que las últimas encuestas reflejan que el 45 por ciento de los 77 millones de votantes republicanos no sólo no condena lo sucedido en el Capitolio, sino que lo apoya. Y el 77 por ciento de esa masa de votantes sostiene que el 3 de noviembre hubo fraude, y que Joe Biden es ilegítimo.
El ex canciller Jorge Faurie le dijo a Infobae “creíamos que Estados Unidos estaba exento de estos hechos políticos”.
En definitiva, el desafío del presidente Joe Biden es gobernar para que los sectores medios estadounidenses recuperen la esperanza, de lo contrario en cuatro años Donald Trump o alguien que lo represente puede volver a gobernar Estados Unidos. Salvando las distancias, esto último debiera ser el desafío del gobierno argentino: gobernar para que los sectores medios también recuperen la esperanza. En principio, en Argentina todo parece concentrarse en ganar las elecciones de este año. Habrá más controles. Nada indica que habrá ajustes. Por lo tanto el ministro Guzmán podría ver demoradas sus negociaciones con el FMI. No obstante, pensando en las elecciones, dos palabras se vuelven claves y tal vez decisorias ante el electorado: nivel de actividad e inflación.
El COVID-19 sigue produciendo sobresaltos en el mundo y en nuestro país. Uno de los ministros a cargo del operativo vacunación, Agustín Rossi, hace cálculos sobre los millones totales de dosis compradas y/o reservadas por el gobierno argentino: “Tenemos 51 millones de dosis para vacunar a 30 millones de personas, a grandes rasgos”. Lo desglosa de esta manera: 20 millones de dosis de Sputnik V; 22.400.000 de Astrazeneca, más 9 millones del banco de vacunas de Naciones Unidas. El ministro Rossi confirmó a Infobae que siguen las negociaciones con Pfizer y China. Ayer se conoció a través de la Dra. Carla Vizzotti la posibilidad de que se realice una vacunación de primera dosis masiva lo antes posible.
Más allá de la vacuna, este enero encuentra al gobierno abocado a dar respuestas a tres iniciativas políticas que Cristina de Kirchner manifestó en La Plata finalizando el 2020. Dijo que está muy caro el precio de los alimentos. Que se debía cuidar el precio de las tarifas y repensar el sistema de salud.
Sobre el primer ítem (precio de los alimentos), el gobierno generó un conflicto con las entidades del campo al impedir la exportación de maíz en momentos en que faltaba liquidar 4/5 millones de toneladas. Tal vez supuso que cerrando la exportación lograría una disminución del impacto en la canasta de alimentos. El maíz nutre a cerdos, pollos y vacunos feedlot. Previo a la medida de fuerza de las entidades agropecuarias, flexibilizó el alcance de las mismas, no logrando que levanten el paro. Una vez más marchas y contramarchas del gobierno ante una decisión. El ex ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, no descarta que pueda extenderse esta política a la carne y el trigo: “Sólo el 10 por ciento en el costo del pan lo representa el trigo, el resto tiene que ver con transporte, combustible, impuestos y comercialización en general”.
En cuanto a repensar el sistema de salud, hay algunos papers no oficiales que trascienden. El sistema solidario de obras sociales en Argentina aglutina a 9 millones de personas, el de prepagas a 6 millones. Muchos sindicatos tienen sus propios efectores de salud, otros contratan a efectores privados y hay casos en que pagan a efectores públicos cuando un afiliado se atiende en un hospital.
Los dirigentes gremiales consultados por Infobae, quienes prefirieron el off, en primer lugar no creen que el proyecto se concrete. Algunos sostienen que “por mí le damos la llave mañana, a ver qué hacen con la salud de los trabajadores”. Otros creen que a partir de la libre elección de obras sociales, más el dictamen de jueces que obligan a dar determinadas coberturas en general muy costosas, debiera haber una canasta de prestaciones acorde con la plata que ingrese. Les interesaría que hubiese una agencia de evaluación de tecnología en salud que determine qué prestaciones pueden brindar acorde al dinero que disponen. Un sindicalista de un gremio de peso dijo: “Si no revisamos el tema vamos a un quiebre del sistema”.
El gran temor que todos los consultados evidenciaron es que ante un único sistema nacional de prestaciones de salud, la caja la maneje el gobierno de turno. El descuento directo que se realiza sobre los haberes de los trabajadores, hace muchos años que va a la AFIP y luego de 3 o 4 meses, ésta lo deriva a las obras sociales.
Al cierre de este análisis estaba por comenzar la reunión de mesa chica de CGT. El representante de Luis Barrionuevo, Carlos Acuña, no sería de la partida, continuaría de vacaciones. A quien se escuchó muy enojado es al histórico secretario general de Comercio, Armando Cavallieri. Hay grandes expectativas sobre esta reunión. ¿Podrá la política del gobierno, que sienten como propio, producir un cisma dentro de la CGT?
Los acontecimientos que se viven en el mundo por el COVID-19, y desde hace ya mucho tiempo por la disconformidad de grandes sectores de la población, que no se ven entendidos y comprendidos por la política en sus países, debiera llevar a repensar al propio sistema democrático, sin salirse de él.
El ex canciller Jorge Faurie le dijo a Infobae “creíamos que Estados Unidos estaba exento de estos hechos políticos”.
En definitiva, el desafío del presidente Joe Biden es gobernar para que los sectores medios estadounidenses recuperen la esperanza, de lo contrario en cuatro años Donald Trump o alguien que lo represente puede volver a gobernar Estados Unidos. Salvando las distancias, esto último debiera ser el desafío del gobierno argentino: gobernar para que los sectores medios también recuperen la esperanza. En principio, en Argentina todo parece concentrarse en ganar las elecciones de este año. Habrá más controles. Nada indica que habrá ajustes. Por lo tanto el ministro Guzmán podría ver demoradas sus negociaciones con el FMI. No obstante, pensando en las elecciones, dos palabras se vuelven claves y tal vez decisorias ante el electorado: nivel de actividad e inflación.
El COVID-19 sigue produciendo sobresaltos en el mundo y en nuestro país. Uno de los ministros a cargo del operativo vacunación, Agustín Rossi, hace cálculos sobre los millones totales de dosis compradas y/o reservadas por el gobierno argentino: “Tenemos 51 millones de dosis para vacunar a 30 millones de personas, a grandes rasgos”. Lo desglosa de esta manera: 20 millones de dosis de Sputnik V; 22.400.000 de Astrazeneca, más 9 millones del banco de vacunas de Naciones Unidas. El ministro Rossi confirmó a Infobae que siguen las negociaciones con Pfizer y China. Ayer se conoció a través de la Dra. Carla Vizzotti la posibilidad de que se realice una vacunación de primera dosis masiva lo antes posible.
Más allá de la vacuna, este enero encuentra al gobierno abocado a dar respuestas a tres iniciativas políticas que Cristina de Kirchner manifestó en La Plata finalizando el 2020. Dijo que está muy caro el precio de los alimentos. Que se debía cuidar el precio de las tarifas y repensar el sistema de salud.
Sobre el primer ítem (precio de los alimentos), el gobierno generó un conflicto con las entidades del campo al impedir la exportación de maíz en momentos en que faltaba liquidar 4/5 millones de toneladas. Tal vez supuso que cerrando la exportación lograría una disminución del impacto en la canasta de alimentos. El maíz nutre a cerdos, pollos y vacunos feedlot. Previo a la medida de fuerza de las entidades agropecuarias, flexibilizó el alcance de las mismas, no logrando que levanten el paro. Una vez más marchas y contramarchas del gobierno ante una decisión. El ex ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rodríguez, no descarta que pueda extenderse esta política a la carne y el trigo: “Sólo el 10 por ciento en el costo del pan lo representa el trigo, el resto tiene que ver con transporte, combustible, impuestos y comercialización en general”.
En cuanto a repensar el sistema de salud, hay algunos papers no oficiales que trascienden. El sistema solidario de obras sociales en Argentina aglutina a 9 millones de personas, el de prepagas a 6 millones. Muchos sindicatos tienen sus propios efectores de salud, otros contratan a efectores privados y hay casos en que pagan a efectores públicos cuando un afiliado se atiende en un hospital.
Los dirigentes gremiales consultados por Infobae, quienes prefirieron el off, en primer lugar no creen que el proyecto se concrete. Algunos sostienen que “por mí le damos la llave mañana, a ver qué hacen con la salud de los trabajadores”. Otros creen que a partir de la libre elección de obras sociales, más el dictamen de jueces que obligan a dar determinadas coberturas en general muy costosas, debiera haber una canasta de prestaciones acorde con la plata que ingrese. Les interesaría que hubiese una agencia de evaluación de tecnología en salud que determine qué prestaciones pueden brindar acorde al dinero que disponen. Un sindicalista de un gremio de peso dijo: “Si no revisamos el tema vamos a un quiebre del sistema”.
El gran temor que todos los consultados evidenciaron es que ante un único sistema nacional de prestaciones de salud, la caja la maneje el gobierno de turno. El descuento directo que se realiza sobre los haberes de los trabajadores, hace muchos años que va a la AFIP y luego de 3 o 4 meses, ésta lo deriva a las obras sociales.
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Con información de
Infobae
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