El juez López Biscayart deja el caso contra Macri por el envío de municiones a Bolivia
Lunes 02 de
Agosto 2021
Se la envió a su colega Alejandro Catania, porque dijo que intervino en primer lugar con una denuncia similar presentada por el exjuez Eduardo Freiler
El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart dejó la investigación de la denuncia por contrabando contra Mauricio Macri por el envío de municiones a Bolivia tras la caída de Evo Morales. El caso quedará en manos de su colega Alejandro Catania.
El magistrado dijo que durante la feria judicial tomó las primeras medidas de prueba en el expediente, pero que una denuncia similar por los mismos hechos y con los mismos imputados ingresó minutos antes en el juzgado de su colega. Por eso declinó la competencia y envió el caso a Catania.
Catania puede aceptar la competencia o rechazarla y entonces se plantearía un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico.
López Biscayart explicó que su causa se inició el 13 de julio de 2021 -a las 8.01-, por una denuncia presentada, mediante un correo electrónico que ingresó a las 16:27 del día anterior, ante la Mesa de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Era una denuncia de las máximas autoridades de tres altas reparticiones del Poder Ejecutivo: los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Martín Soria (Justicia) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En tanto, la causa de Catania se sorteó el 13 de julio del 2021 a las 7.48. Esa denuncia, que fue presentada por el excamarista Eduardo Freiler, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47.
En ambos casos interviene el fiscal Claudio Navas Rial, que requirió investigar al denuncia y propuso las primeras medidas de prueba.
Navas Rial enumeró como imputados en el caso al expresidente Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.
La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”.
Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.
En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.
En un primer momento, estaba previsto viajar con 3600 municiones AT 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados de hoy- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.
Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Recalde, otro de los imputados por Navas Rial.
El magistrado dijo que durante la feria judicial tomó las primeras medidas de prueba en el expediente, pero que una denuncia similar por los mismos hechos y con los mismos imputados ingresó minutos antes en el juzgado de su colega. Por eso declinó la competencia y envió el caso a Catania.
Catania puede aceptar la competencia o rechazarla y entonces se plantearía un conflicto que debería resolver la Cámara de Apelaciones en lo penal Económico.
López Biscayart explicó que su causa se inició el 13 de julio de 2021 -a las 8.01-, por una denuncia presentada, mediante un correo electrónico que ingresó a las 16:27 del día anterior, ante la Mesa de Entradas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Era una denuncia de las máximas autoridades de tres altas reparticiones del Poder Ejecutivo: los ministros Sabina Frederic (Seguridad), Martín Soria (Justicia) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
En tanto, la causa de Catania se sorteó el 13 de julio del 2021 a las 7.48. Esa denuncia, que fue presentada por el excamarista Eduardo Freiler, ingresó mediante un correo electrónico que fue recibido por la Mesa de Entradas del fuero el 12 de julio, a las 13:47.
En ambos casos interviene el fiscal Claudio Navas Rial, que requirió investigar al denuncia y propuso las primeras medidas de prueba.
Navas Rial enumeró como imputados en el caso al expresidente Macri y a sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa). También, al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García, al exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, al exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y al exdirector de Operaciones de esa fuerza Carlos Miguel Recalde.
El fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero. No incluyó, a diferencia de lo planteado por el Poder Ejecutivo, las figuras de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad ni “los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”.
Tampoco incorporó en su lista de imputados al excanciller Jorge Faurie ni a los exdirectores Diego Dávila, de la Aduana, y Eugenio Cozzi, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que sí integran la nómina de los denunciados por el Gobierno.
El Gobierno acusó a Macri, tres de sus ministros y otros exfuncionarios de haber enviado armamento a Bolivia, en noviembre de 2019, para consolidar la caída de Evo Morales y colaborar con las fuerzas armadas y de seguridad en la represión de las protestas.
La denuncia tuvo como base una carta que hizo pública la cancillería boliviana que le habría enviado el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Terceros Lara (hoy preso) el 13 de noviembre de 2019 al entonces embajador argentino Álvarez García agradeciéndole “la colaboración” y comunicándole el recibo de una serie de elementos que detallaba y definía como “material bélico”.
Terceros Lara negó que la carta fuera auténtica y Álvarez García dijo no haberla leído, pero un agregado naval cuya firma aparece en la copia de la carta que tiene la FAB reconoció que esa rúbrica era suya; es decir, que él la había recibido.
En el macrismo sostienen que la denuncia no tiene fundamento y que ellos, por el contrario, colaboraron con Evo Morales y le dieron incluso asilo en la embajada argentina a dos funcionarios de su gestión; uno de ellos, un hombre clave de su entorno: el exministro de Gobierno de Bolivia Carlos Romero.
En un primer momento, estaba previsto viajar con 3600 municiones AT 12-70 (balas de goma), pero luego Yavorski, el entonces director de Logística de Gendarmería -uno de los imputados de hoy- amplió el pedido de autorización para sacar otras 70.000. La solicitud la hizo ante la Anmac.
Esas municiones no regresaron a la Argentina y en julio del año pasado -durante el gobierno de Fernández- Gendarmería informó que las habían gastado en Bolivia en “ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro”. Quien hizo esa declaración oficial fue Recalde, otro de los imputados por Navas Rial.
Con información de
La Nación
UDA en Estado de Alerta | "Vamos a presentar en el Consejo de Mayo nuestra oposición al proyecto de Ley de Libertad Educativa"
El Secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la UDA, Sergio Romero, manifestó hoy su "rechazo absoluto al proyecto de reforma educativa que obra en nuestro poder y circula en los medios" y que "lo primero que vamos a presentar es nuestra disidencia en el Consejo de Mayo a través de nuestro representante de la CGT".
El Gobierno modificó la Ley de Ministerios: Scioli pasa a la órbita de Adorni y Renaper queda bajo el control de Santilli
El Ejecutivo publicó este jueves el Decreto 825/2025 en el Boletín Oficial
La inflación se mantendría firme arriba de 2% en noviembre y el Banco Central opta por no emitir para comprar dólares
La tendencia alcista se mantiene ya hace seis meses, luego del piso registrado en mayo. Los últimos números divulgados por el Indec hicieron que el BCRA decida ir más lento con el plan para remonetizar la economía
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
NOTA22.COM
Carlos Renna - Maxi Romero
LO MÁS VISTO
"El Gobierno de Santa Fe castiga a los docentes porque perdió las elecciones", dijo UDA
La UDA de la provincia de Santa Fe expresó en un comunicado que "el Gobierno cree que los docentes somos responsables de la dura derrota electoral del 26 de octubre y, en consecuencia, resolvió castigar al sector otorgando de manera unilateral un aumento de miseria".
La distinción entre ambas figuras impacta en derechos laborales, remuneraciones y organización de actividades, por lo que conocer el estatus exacto resulta clave para planificar viajes, reuniones o actividades familiares
Es sabido que la manipulación -manejo, maniobra y administración- es una acción orquestada previamente, en la que una persona o varias influyen en otra de manera estratégica, importante o transcendental, para obtener un resultado determinado, muchas veces, sin que la otra persona sea plenamente consciente de ello, ya que existe credibilidad en el medio comunicacional como una forma de seguimiento en nuestras vidas desde hace tiempo. No obstante, debe quedar claro, que la credibilidad es sinónimo de fe, y no creer que por salir en un servicio público de comunicación lo dicho allí es cierto.
Se trabajan funciones cognitivas como memoria, atención, percepción, y resolución de problemas. "Envejecer no está necesariamente asociado al deterioro cognitivo", dice la investigadora del CONICET Leticia Vivas.
