San Cristóbal quebrado en la despedida de Ian. El asesinato del adolescente de 13 años en manos de otro de 15, ocurrido este lunes en la Escuela “Mariano Moreno”, dejó en shock a este pueblo santafesino de 15.000 habitantes.
La dictadura cubana pidió hasta 25 años de prisión contra los manifestantes del 11J
Lunes 25 de
Octubre 2021
Luego de las históricas marchas de julio, las fuerzas de seguridad de la dictadura detuvieron a cientos de personas. Ahora los fiscales del régimen reclaman penas extremadamente altas para muchas de las víctimas de la represión
La dictadura quiere hacer pesar el escarmiento contra aquellos que se manifestaron contra el régimen el pasado 11 de Julio y advertir a aquellos que tengan pensado volver a protestar contra Miguel Díaz-Canel. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en la provincia de Mayabeque la fiscalía pidió penas ejemplificadoras de hasta 25 años de cárcel contra las personas que se adueñaron de las calles de toda la isla en las históricas marchas.
A tres semanas de las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre, el régimen cubano utiliza todas sus herramientas para desincentivar a los ciudadanos a que se movilicen. A través de la utilización de delitos comunes buscan condenar a quienes están presos por motivos exclusivamente políticos. De esta forma, mediante la sumatoria de delitos ordinarios, se llega a pedidos de condena extremadamente altos. Esta practica ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
La población carcelaria per capita de la isla del caribe es de las mas altas del mundo, y los hechos represivos del ultimo mes de julio han hecho que la cifra de prisioneros políticos aumente hasta niveles que no se veían desde la década de los 80.
A su vez, ademas de actuar contra los acusados, el régimen ha utilizado sus herramientas represivas para silenciar a las familiares de las víctimas. A veces mediante amenazas y otras a través de falsas promesas. “Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo”, lee el comunicado difundido por el OCDH.
La desproporción entre los delitos y la cantidad de años de prisión pedida por la fiscalía muestra la cara real del régimen y su propensión a utilizar el poder judicial para controlar a su población y sus aspiraciones de poder expresarse. “Se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos o la interpretación cabal de estos”, denuncia el OCDH.
Si bien la mayoría de los familiares de las víctimas prefirieron mantener sus identidades anónimas, se conocen los pedidos de prisión para cada una de ellas en particular. El caso de Maikel Puig Bergolla, el único de los que se sabe su nombre completo, es el que mejor ilustra esta situación: por el delito de Desorden Publico la fiscalía pide 5 años, por el de Desacato pide un año y medio, por el de Instigación a Delinquir pide 18 años y por el de Tentativa de Homicidio pide 10 años. Juntando todos estos, piden una pena conjunta de 25 años de reclusión.
Para LMVP, otro de los acusados cuya identidad permanece anónima, piden una pena conjunta de 20 años. Esta esta compuesta por 4 años por el delito de Desorden Publico, 6 meses por Desacato, 4 años por Desacato de la Figura Agravada, 10 años por Instigación a Delinquir, 6 años por Atentado y otros 6 años por Evasión de Presos.
El comunicado del OCDH denuncia otros 7 casos similares en los que las víctimas se enfrentan a condenas extremadamente altas y que no se corresponden con la gravedad de los delitos supuestamente cometidos. Todos bajo la misma metodología: la sumatoria de delitos menores para alcanzar penas totales a las que no se podría llegar si las víctimas fueran juzgadas solamente por lo que hicieron: participar de la marcha del 11 de julio.
A tres semanas de las manifestaciones programadas para el 15 de noviembre, el régimen cubano utiliza todas sus herramientas para desincentivar a los ciudadanos a que se movilicen. A través de la utilización de delitos comunes buscan condenar a quienes están presos por motivos exclusivamente políticos. De esta forma, mediante la sumatoria de delitos ordinarios, se llega a pedidos de condena extremadamente altos. Esta practica ha sido condenada por el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU.
La población carcelaria per capita de la isla del caribe es de las mas altas del mundo, y los hechos represivos del ultimo mes de julio han hecho que la cifra de prisioneros políticos aumente hasta niveles que no se veían desde la década de los 80.
A su vez, ademas de actuar contra los acusados, el régimen ha utilizado sus herramientas represivas para silenciar a las familiares de las víctimas. A veces mediante amenazas y otras a través de falsas promesas. “Estamos seguros de que el temor a las represalias silenciará a muchos, y que solo con el paso del tiempo podremos conocer en profundidad la dimensión del castigo”, lee el comunicado difundido por el OCDH.
La desproporción entre los delitos y la cantidad de años de prisión pedida por la fiscalía muestra la cara real del régimen y su propensión a utilizar el poder judicial para controlar a su población y sus aspiraciones de poder expresarse. “Se han forzado algunos argumentos para aplicar delitos que no están en correspondencia con la realidad de los hechos o la interpretación cabal de estos”, denuncia el OCDH.
Si bien la mayoría de los familiares de las víctimas prefirieron mantener sus identidades anónimas, se conocen los pedidos de prisión para cada una de ellas en particular. El caso de Maikel Puig Bergolla, el único de los que se sabe su nombre completo, es el que mejor ilustra esta situación: por el delito de Desorden Publico la fiscalía pide 5 años, por el de Desacato pide un año y medio, por el de Instigación a Delinquir pide 18 años y por el de Tentativa de Homicidio pide 10 años. Juntando todos estos, piden una pena conjunta de 25 años de reclusión.
Para LMVP, otro de los acusados cuya identidad permanece anónima, piden una pena conjunta de 20 años. Esta esta compuesta por 4 años por el delito de Desorden Publico, 6 meses por Desacato, 4 años por Desacato de la Figura Agravada, 10 años por Instigación a Delinquir, 6 años por Atentado y otros 6 años por Evasión de Presos.
El comunicado del OCDH denuncia otros 7 casos similares en los que las víctimas se enfrentan a condenas extremadamente altas y que no se corresponden con la gravedad de los delitos supuestamente cometidos. Todos bajo la misma metodología: la sumatoria de delitos menores para alcanzar penas totales a las que no se podría llegar si las víctimas fueran juzgadas solamente por lo que hicieron: participar de la marcha del 11 de julio.
Con información de
Infobae
El testimonio del portero que desarmó al estudiante que mató a un compañero en Santa Fe: "Me apuntó pero no llegó a gatillar"
Fabio, que trabaja en el sector de mantenimiento de la Escuela N°40 de San Cristóbal, dijo que el adolescente estaba "desorientado"; "No reconocía dónde estaba ni qué había hecho", remarcó
Cautelar y pliegos clave: la estrategia que estudia el Gobierno para rescatar la reforma laboral
La CGT logró suspender 82 artículos de la ley. En paralelo, la causa de la UEJN sobre el fuero laboral ya migró al Contencioso Administrativo. El equipo legal del Estado trabaja la estrategia de defensa con la Corte Suprema como destino final.
San Cristobal: abogado penalista criticó fuertemente al Gobierno de Pullaro
Marcos Barceló dialogó con NOTA22.COM sobre el dramático caso ocurrido en la ciudad de San Cristóbal y marcó profundas diferencias con el gobierno de Maximiliano Pullaro: “No estoy de acuerdo con la participación que el Gobierno tuvo en los medios”.
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
Conducen: Maxi Romero y Carlos Renna
LO MÁS VISTO
San Cristobal: abogado penalista criticó fuertemente al Gobierno de Pullaro
Marcos Barceló dialogó con NOTA22.COM sobre el dramático caso ocurrido en la ciudad de San Cristóbal y marcó profundas diferencias con el gobierno de Maximiliano Pullaro: “No estoy de acuerdo con la participación que el Gobierno tuvo en los medios”.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Son cargos que hace años se encuentran sin titular. El Gobierno dice que este proceso significa "una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde".
“El mejor futuro que podemos construir es a través de la educación, con calidad y con las inversiones necesarias”, señaló el senador.
Alivio para el bolsillo: un rubro clave mostró una marcada deflación en la segunda quincena de marzo
La contracción de "Alimentos y bebidas" se explica sobre todo por la caída en productos panificados y en la carne. Por ahora, la inflación del mes se proyecta en torno al 3%, lo que marcaría un pico del último año
