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Martes 28 de Marzo
China detecta caso de gripe aviar H3N8 en humanos.
El reclamo de la indemnización prevista prescribe a los TRES (3) año

Fondo de Reparación COVID-19, con el objeto de pago de indemnizaciones por daño padecido en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna

Martes 26 de Julio 2022
    

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LEY DE VACUNAS DESTINADAS A GENERAR INMUNIDAD ADQUIRIDA CONTRA EL COVID-19
La Ley 27573, establece:
Artículo 8° - El adquirente de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, objeto de esta ley, debe presentarlas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.) a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud, quienes deberán expedirse en un plazo máximo treinta (30) días, previo a su uso en la población objetivo.
 
Artículo 8° bis.- Créase el Fondo de Reparación COVID-19 que tendrá por objeto el pago de indemnizaciones a las personas humanas que hayan padecido un daño en la salud física, como consecuencia directa de la aplicación de la Vacuna destinada a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 y con el alcance dispuesto en esta ley.
 
(Artículo incorporado por art. 3° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
 
Artículo 8° ter.- Serán potenciales beneficiarias todas las personas humanas a las que se les hubiera suministrado una vacuna contra la COVID-19 en el territorio nacional, provista en virtud de contratos de suministros suscriptos en el marco de la presente ley por el Ministerio de Salud de la Nación o de las jurisdicciones que adhieran a este régimen de Fondo de Reparación COVID-19, en el marco del artículo 12 bis de esta ley.
 
El acceso al resarcimiento solo requerirá acreditar la existencia del daño y su nexo causal con la vacuna mediante la preponderancia de la evidencia, sin que sea necesario atribuir otro factor de responsabilidad a cualquiera de los potenciales agentes del daño.
 
En el caso de fallecimiento tendrán derecho a percibir la indemnización las personas que a continuación se detallan:
 
a) Los hijos y las hijas por partes iguales;
 
b) A falta de hijos o hijas, los progenitores y las progenitoras por partes iguales;
 
c) El o la cónyuge supérstite, siempre que no se hubiera encontrado separado o separada de hecho al día de la desaparición o muerte.
 
El o la cónyuge supérstite concurre con los beneficiarios y las beneficiarias establecidos y establecidas en los incisos a) y b) y tendrá derecho a percibir la misma parte que ellos y/o ellas, respecto del total del beneficio;
 
d) El o la conviviente supérstite, siempre que hubiese convivido con carácter público, notorio, estable y permanente.
 
El o la conviviente supérstite concurre con los beneficiarios y las beneficiarias establecidos y establecidas en los incisos a) y b) y tendrá derecho a percibir la misma parte que ellos y/o ellas, respecto del total del beneficio.
 
(Artículo incorporado por art. 4° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
 
Artículo 8° quater.- Alcance de la indemnización. La indemnización a cargo del Fondo por la muerte o incapacidad física total y permanente del damnificado o de la damnificada será igual a DOSCIENTAS CUARENTA (240) veces el haber mínimo jubilatorio del SIPA. Las indemnizaciones correspondientes a daños que no causen incapacidad física total o permanente se deberán valuar en forma directamente proporcional a esta suma de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que determinen las comisiones médicas previstas en el artículo 8° sexies.
 
(Artículo incorporado por art. 5° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
 
Artículo 8° quinquies.- El Ministerio de Salud de la Nación, con intervención de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, establecerá los criterios generales para la determinación de la relación de causalidad sobre la base de la preponderancia de la evidencia, entre la aplicación de la vacuna y el daño denunciado, y aquellos necesarios para la determinación del grado del daño.
 
(Artículo incorporado por art. 6° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
 
Artículo 8° sexies.- Competencia. Las Comisiones médicas previstas en el artículo 51 de la Ley N° 24.241 serán las encargadas de la tramitación del reclamo. Serán de aplicación, en la medida de su compatibilidad, las normas previstas en la Ley N° 24.557 y en las restantes normas que regulan su actuación. La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas actuará como órgano de consulta técnica. Sus opiniones serán vinculantes.
 
Lo dictaminado por las comisiones médicas será revisable judicialmente ante la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la jurisdicción del domicilio de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será competente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
 
(Artículo incorporado por art. 7° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.) 
 
Artículo 8° septies.- Efecto del pago. Los pagos efectuados por el Fondo creado en el artículo 8° bis tendrán efecto extintivo respecto de toda obligación emergente de los hechos descriptos en el artículo 8° quinquies y deben ser considerados como realizados por cualquier agente eventualmente responsable del daño, sin que esto genere derecho por parte del Fondo o del Estado Nacional, a obtener la repetición de lo pagado, excepto en caso de dolo.
 
(Artículo incorporado por art. 8° del Decreto N° 431/2021 B.O. 3/7/2021. Vigencia: a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.)
 
Artículo 8° octies.- Prescripción. El reclamo de la indemnización prevista por el artículo 8° quater prescribe a los TRES (3) años. El cómputo del plazo de prescripción comienza a correr a partir de que el daño causado por la Vacuna COVID-19 se conoció o se pudo haber conocido.

Las medidas, que se aplicarán a más de 60.000 productores, incluyen la suspensión del pago de anticipo de ganancias, beneficios fiscales ante la venta forzosa de ganado y la suspensión de intimaciones y embargos de las cuentas bancarias.
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