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EL GOBIERNO RECONOCIÓ QUE DEBE FINANCIAR LA EDUCACION, PERO SE OLVIDO DE LOS DOCENTES
Jueves 07 de
Marzo 2024

La Secretaría de Políticas Educativas de la CGT a nivel nacional junto a las entidades docentes -con personería gremial y representación en todas las provincias del país- Amet, CEA, Sadop y UDA advertimos que "el Decreto 231/2024 del Poder Ejecutivo Nacional no incorpora el 'Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)' y el ítem 'material didáctico' lo que "significa 'cero peso' para el bolsillo" y representa "una quita salarial significativa y concreta para la remuneración docente".
En relación a este DNU, los dirigentes manifestaron que “los sindicatos docentes integrantes de la casa madre de los trabajadores logramos que el Poder Ejecutivo reconozca que debe garantizar el Financiamiento de la Educación en Argentina”.
Sin embargo, este Decreto que “se muestra de acuerdo con la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de financiar la Educación resulta claramente parcial, escaso e incompleto” porque “se olvida de las personas que trabajamos en la Educación y sostenemos el Sistema”.
“Este DNU –explicaron- busca oxigenar los presupuestos educativos provinciales, con fines y objetivos específicos, en el marco de una disputa política que mantienen las jurisdicciones con el poder central de la que los trabajadores no formamos parte”.
“El Estado Nacional aparentemente cumplirá con parte de la tarea (financiar la educación) que hasta ahora buscaba eludir –completaron los sindicatos-, pero se olvidó lamentablemente de los docentes que hemos sostenido el reclamo por salarios y fondos para la educación”.
“No puede haber docentes por debajo de la línea de pobreza en Argentina”, finalizó el comunicado.
Sin embargo, este Decreto que “se muestra de acuerdo con la responsabilidad indelegable del Estado Nacional de financiar la Educación resulta claramente parcial, escaso e incompleto” porque “se olvida de las personas que trabajamos en la Educación y sostenemos el Sistema”.
“Este DNU –explicaron- busca oxigenar los presupuestos educativos provinciales, con fines y objetivos específicos, en el marco de una disputa política que mantienen las jurisdicciones con el poder central de la que los trabajadores no formamos parte”.
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