El fiscal Marijuan detectó el cobro irregular de 3.288 pensiones de beneficiarios que viven en el exterior: al Estado le cuesta más de $6.000 millones anuales
Jueves 01 de
Agosto 2024
Son adultos mayores. La Justicia ya solicitó la baja de quienes perciben el beneficio a través de la ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano
El fiscal Guillermo Marijuán investiga nuevas denuncias sobre personas que cobrarían por parte del Estado una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de manera irregular. Se trata de 334 casos de personas que viven en el exterior y reciben el beneficio a través de la ANSES; se suman a las 2.954 personas ya denunciadas y que el fiscal solicitó su baja al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Según la investigación fiscal a la que tuvo acceso Infobae, son 3.288 personas mayores de 65 años, supuestamente “vulnerables” que regresaron a “su país de origen” hace “más de 90 días” y que no reingresaron a la Argentina, de acuerdo a lo que se desprende de los registros de la Dirección de Migraciones. El perjuicio anual para las arcas del Estado es de aproximadamente 6.000 millones de pesos.
Según pudo saber este medio, Pettovello le solicitó a la ANSES -organismo que depende de su cartera- realizar el entrecruzamiento de datos para dar de baja de inmediato los beneficios que se están abonando por fuera de la normativa.
Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.
En base a lo que pudo saber este medio por fuentes judiciales, de estos 334 nuevos casos, “235 la ANSES ya los habría dado la baja” y la fiscalía de Marijuán va a judicializar. Los 99 restantes fueron advertidos a partir de una actualización de la información migratoria, ya que cumplieron más de tres meses fuera del país, lo que incumple con las normativas vigentes.
El oficio enviado por Marijuan a la ministra Pettovello, para que dé de baja a los beneficiarios que siguen cobrando de manera irregular el beneficio, detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizará un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2.954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.
Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.
La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su reglamentación establecía -y sigue vigente- que el monto mensual sea “equivalente al 80% del haber mínimo garantizado”: al mes de julio es de $172.464,66 y está acompañada del bono extraordinario previsional, que es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, por lo que los titulares de la PUAM en el mes de julio cobran $242.464,66.
Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.
Según el fiscal Marijuán, los más de tres mil beneficiarios que cobran a través de la ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor “incumplen con la normativa de mantener residencia en el país”.
También se establecen como requisitos de acceso a la pensión:
-No ser beneficiario de jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo.
-No encontrarse percibiendo la Prestación por Desempleo.
Según la investigación fiscal a la que tuvo acceso Infobae, son 3.288 personas mayores de 65 años, supuestamente “vulnerables” que regresaron a “su país de origen” hace “más de 90 días” y que no reingresaron a la Argentina, de acuerdo a lo que se desprende de los registros de la Dirección de Migraciones. El perjuicio anual para las arcas del Estado es de aproximadamente 6.000 millones de pesos.
Según pudo saber este medio, Pettovello le solicitó a la ANSES -organismo que depende de su cartera- realizar el entrecruzamiento de datos para dar de baja de inmediato los beneficios que se están abonando por fuera de la normativa.
Bajo estudio de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, están otros 7.512 “titulares PUAM” que mantuvieron “intervalos fuera del país por más de 60 días”, lo que también transgrede la norma.
En base a lo que pudo saber este medio por fuentes judiciales, de estos 334 nuevos casos, “235 la ANSES ya los habría dado la baja” y la fiscalía de Marijuán va a judicializar. Los 99 restantes fueron advertidos a partir de una actualización de la información migratoria, ya que cumplieron más de tres meses fuera del país, lo que incumple con las normativas vigentes.
El oficio enviado por Marijuan a la ministra Pettovello, para que dé de baja a los beneficiarios que siguen cobrando de manera irregular el beneficio, detalla: “En el marco de la Investigación Preliminar identificada como caso Coirón N° 35662/2024, iniciada a efectos de constatar la existencia de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que hayan incumplido con la exigencia legal de permanencia en el país, dispuesta por el art. 13 inc. 5) de la ley 27.260, se solicitó a la Dirección Nacional Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) que realizará un entrecruzamiento con los datos de titularidad y migratorios respectivos, organismo que mediante el archivo en formato Excel que se adjunta al presente, detectó la existencia de 2.954 titulares de la PUAM que, durante la vigencia de tal prestación, registraron salidas de la Argentina sin regreso posterior”.
Es por esa razón que el fiscal federal le solicitó a Pettovello: “Teniendo en consideración el plazo transcurrido desde que cada uno de los beneficiarios salió del país, evalúe la inmediata suspensión de la citada pensión, dado que resulta imperioso hacer cesar los efectos de una posible conducta delictiva vinculada al incumplimiento del requisito previsto en la normativa reseñada”.
La ley 27.260 que instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor -PUAM- y que determinó el beneficio de carácter vitalicio y no contributivo a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad, fue dictada en mayo de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. Su reglamentación establecía -y sigue vigente- que el monto mensual sea “equivalente al 80% del haber mínimo garantizado”: al mes de julio es de $172.464,66 y está acompañada del bono extraordinario previsional, que es de $70.000 para las jubilaciones mínimas, por lo que los titulares de la PUAM en el mes de julio cobran $242.464,66.
Entre los requisitos de acceso y continuidad de cobro de la pensión, se establece que el beneficiario debe “ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado, en éste último caso con una residencia legal mínima en el país de diez (10) años anteriores a la fecha de solicitud del beneficio, o ser ciudadanos extranjeros, con residencia legal mínima acreditada en el país de veinte (20) años, de los cuales diez (10) deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio”.
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También se establecen como requisitos de acceso a la pensión:
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Con información de
Infobae
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