Por la presunta extensión ''política'' de la cuarentena, el fiscal Carlos Stornelli ordenó la instrucción de una nueva causa contra Alberto Fernández
Miércoles 04 de
Septiembre 2024
A raíz de los dichos de su exministro de Economía Martín Guzmán en una entrevista, el exmandatario fue denunciado en la Justicia y el fiscal puso en marcha una nueva investigación
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó un nuevo requerimiento de instrucción contra Alberto Fernández, luego de que los dichos de su exministro de Economía Martín Guzmán disparan distintas presentaciones judiciales. El fiscal pidió una serie de medidas de prueba orientadas a investigar si el expresidente, tal como sugirió Guzmán en una entrevista reciente, extendió las restricciones impuestas en la pandemia Covid-19 por estrictos motivos políticos.
Entre otras disposiciones, Stornelli ordenó reunir todas las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en el período en el que se establecieron las restricciones, solicitó información estadística a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el alcance y extensión de las medidas sanitarias en otros países, y pidió que se llame a brindar declaración a varios profesionales para que precisen el impacto de la pandemia en la economía.
“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, se lee en el escrito que abre un nuevo frente de tormenta para el expresidente.
La puesta en marcha de esta investigación tiene su origen en la reciente entrevista que Guzmán tuvo con el medio Cenital. El exfuncionario afirmó allí que la extensión de la cuarentena fue mayor a la debida por cuestiones de rédito político.
“Para mí fue más larga de lo que debió haber sido. Dada la información técnica que tenía, [la cuarenta] fue más larga de lo que tendría que haber sido”, señaló Guzmán. “Creo que pasó a ser un tema más político”, agregó.
Sus dichos activaron distintas presentaciones judiciales. El fiscal Guillermo Marijuan denunció al expresidente por el presunto delito de abuso de autoridad. A su vez, la fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro, motorizó otra denuncia contra Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
Entre las medidas dictadas por Stornelli se incluye la convocatoria a distintos economistas que elaboraron informes sobre el impacto de las restricciones en la economía. Son todos los profesionales mencionados en la denuncia de la Fundación Apolo: Iván Cachanosky, Victoria Giarrizzo, Camilo Tiscornia, Federico Vacalebre, Marcelo Capello, Laura Caullo y Fernando Kühn, Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés y Soledad Pérez Duhalde.
Asimismo, Stornelli solicitó que se incorporen copias de las notas periodísticas que fueron incluidas en la denuncia, las cuales también darían cuenta de las consecuencias de la cuarenta en la población.
En esa misma línea, el fiscal solicitó en su requerimiento de instrucción que presten declaración representantes de las distintas cámaras empresariales. Es, según señala Stornelli en su escrito, “para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones en cada uno de los ámbitos que representan”.
El economista Guzmán dio a entender en la entrevista que la permanencia de las restricciones estaba ligada a la popularidad que el Gobierno tenía por aquel entonces. Por ello, el fiscal también solicitó al Poder Ejecutivo que informe sobre la existencia de algún tipo de encuesta encargada por la anterior administración a algún organismo, público o privado, con el fin de medir el éxito de las restricciones.
Entre otras disposiciones, Stornelli ordenó reunir todas las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en el período en el que se establecieron las restricciones, solicitó información estadística a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el alcance y extensión de las medidas sanitarias en otros países, y pidió que se llame a brindar declaración a varios profesionales para que precisen el impacto de la pandemia en la economía.
“Se investigarán en autos las posibles conductas delictivas llevadas a cabo en presunto abuso de autoridad y en violación de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de toda otra figura que pudiera surgir con el devenir de la investigación, en que habría incurrido, cuanto menos, el expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández”, se lee en el escrito que abre un nuevo frente de tormenta para el expresidente.
La puesta en marcha de esta investigación tiene su origen en la reciente entrevista que Guzmán tuvo con el medio Cenital. El exfuncionario afirmó allí que la extensión de la cuarentena fue mayor a la debida por cuestiones de rédito político.
“Para mí fue más larga de lo que debió haber sido. Dada la información técnica que tenía, [la cuarenta] fue más larga de lo que tendría que haber sido”, señaló Guzmán. “Creo que pasó a ser un tema más político”, agregó.
Sus dichos activaron distintas presentaciones judiciales. El fiscal Guillermo Marijuan denunció al expresidente por el presunto delito de abuso de autoridad. A su vez, la fundación Apolo, que dirige el legislador porteño Yamil Santoro, motorizó otra denuncia contra Fernández por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.
Entre las medidas dictadas por Stornelli se incluye la convocatoria a distintos economistas que elaboraron informes sobre el impacto de las restricciones en la economía. Son todos los profesionales mencionados en la denuncia de la Fundación Apolo: Iván Cachanosky, Victoria Giarrizzo, Camilo Tiscornia, Federico Vacalebre, Marcelo Capello, Laura Caullo y Fernando Kühn, Eduardo Levy Yeyati y Rodrigo Valdés y Soledad Pérez Duhalde.
Asimismo, Stornelli solicitó que se incorporen copias de las notas periodísticas que fueron incluidas en la denuncia, las cuales también darían cuenta de las consecuencias de la cuarenta en la población.
En esa misma línea, el fiscal solicitó en su requerimiento de instrucción que presten declaración representantes de las distintas cámaras empresariales. Es, según señala Stornelli en su escrito, “para que se explayen respecto del nivel de actividad del rubro que representan al tiempo de la pandemia y los efectos que tuvieron las restricciones en cada uno de los ámbitos que representan”.
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Con información de
La Nación
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