COMUNICADO CONJUNTO DE AMET, CEA, SADOP Y UDA
El Gobierno Nacional se expulsa por decreto de la paritaria docente, se adjudica poder para vetar acuerdos salariales, profundiza la desinversión en educación y promueve el caos en el sistema
Miércoles 21 de
Mayo 2025
"Si algo le faltaba hacer al Gobierno en contra de la educación era firmar un decreto que lo excluye de la paritaria nacional docente y, además, le otorga un poder de veto sobre lo que eventualmente se acuerde. Reconoce que deben pagar, pero se niegan a sentarse a negociar buscando volver abstracta las negociaciones", denunciaron los sindicatos a través de un comunicado conjunto.
“El Gobierno cae en una abierta contradicción y arbitrariedad con poco ingenio jurídico”, explicaron los docentes.
“La Ley de Financiamiento Educativo -indicaron- establece que el Estado nacional, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo”. En ese marco, “la normativa obliga al Gobierno a acordar con los gremios docentes un convenio marco para establecer condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente”.
Además, “el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional (art 12, Ley N° 26206)”.
“Pese a esta obligación legal, el Ejecutivo da un paso atrás y se borra de la paritaria, pero a la vez se guarda un poder de veto a través de la Secretaría de Educación, por supuestas razones presupuestarias”, señalaron los gremios. “Es decir, aun reconociendo que debe invertir y pagar parte de los salarios, se niega a sentarse a la mesa de negociación”.”.
Para los docentes de la CGT, esta decisión confirma “la voluntad política del Gobierno de cerrar la educación como un tema de atención del Estado nacional”, y advierten que “abre paso a un modelo en el que la ‘mano invisible del mercado’ defina el funcionamiento del Sistema Educativo según las posibilidades de cada provincia”.
“El Gobierno afecta la libertad sindical y cercena derechos colectivos”, denunciaron.
“La situación es tan grave -dicen- que la Argentina se destina a postergar la educación, a golpe de Decretos, en temas de significativa consideración y atención nacional” cuestión que “en los hechos viene dándose con la desinversión definitiva pese a la legislación vigente”.
“El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional (art 5, Ley N° 26206)”, “garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional (art 9, Ley N° 26206)” y “el Gobierno y Administración del Sistema Educativo Nacional es una responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo nacional con las provincias (art 113, Ley N° 26206)” por lo que “no puede la Casa Rosada desentenderse del sistema”, recuerdan.
“Ponemos énfasis que otro Decreto viene a voltear leyes del Congreso, nacidas con amplio consenso, y pone a los actuales legisladores en una situación de mero espectadores del desguace”, sentenciaron los sindicatos integrantes de la paritaria docente.
“La Ley de Financiamiento Educativo -indicaron- establece que el Estado nacional, junto a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es responsable de la planificación, organización, supervisión y financiación del sistema educativo”. En ese marco, “la normativa obliga al Gobierno a acordar con los gremios docentes un convenio marco para establecer condiciones laborales, calendario escolar, salario mínimo y carrera docente”.
Además, “el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional (art 12, Ley N° 26206)”.
“Pese a esta obligación legal, el Ejecutivo da un paso atrás y se borra de la paritaria, pero a la vez se guarda un poder de veto a través de la Secretaría de Educación, por supuestas razones presupuestarias”, señalaron los gremios. “Es decir, aun reconociendo que debe invertir y pagar parte de los salarios, se niega a sentarse a la mesa de negociación”.”.
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