La oposición prepara una "autoconvocatoria" a sesión para esta semana y pone al Gobierno ante el peor escenario político en el Congreso
Lunes 07 de
Julio 2025
Una mayoría circunstancial de legisladores podría abrir el recinto sin una citación de Villarruel para tratar proyectos rechazados por la Casa Rosada; el temor a que la rebelión se contagie a la Cámara de Diputados
El Gobierno podría enfrentar esta semana uno de sus peores fantasmas: la pérdida del control de una de las cámaras legislativas que podría “autoconvocarse” a una sesión impulsada por una mayoría opositora circunstancial, pero consolidada por el destrato al que la administración de Javier Milei viene sometiendo a sus aliados políticos, en particular a aquellos sectores que responden a gobernadores de la UCR, de Pro y del PJ que, hasta ahora y negociaciones mediante, se mostraron condescendientes con las políticas y la indefensión parlamentaria de un gobierno en minoría en el Congreso.
El escenario elegido para el golpe de efecto político sería el Senado, en donde el kirchnerismo amenazó la semana pasada con pedir una sesión especial para este jueves para tratar un paquete de iniciativas irritantes para un Poder Ejecutivo que sostiene el equilibrio fiscal como única herramienta de defensa mediática para contener la embestida opositora.
A la cabeza del temario y como zanahoria para reunir una mayoría que les permitiría forzar la apertura del recinto aún si Victoria Villarruel no llegase a responder al pedido de la sesión, facultad que le confiere el Reglamento, se ubicarán los proyectos acordados por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires que buscan obligar al Poder Ejecutivo a repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una porción importante del impuesto a los combustibles y los recursos de varios fondos fiduciarios que la Casa Rosada viene reteniendo y que los distritos consideran que les corresponden.
Además, la sesión incluiría el tratamiento de la recomposición de las jubilaciones en un 7,2% y del incremento de $70.000 a $110.000 del bono para los haberes mínimos, de la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo pasado y la declaración de emergencia en materia de la asistencia pública a las personas con discapacidad. Tres temas de fuerte corte social que, para desgracia del Gobierno, ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y por lo tanto, se convertirían en leyes que Milei debería vetar, tal como prometió de manera pública.
El Gobierno hasta ahora sólo ha enviado tibias señales y le pidió a los gobernadores que dilaten el tratamiento de las iniciativas que acordaron diez días atrás en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Les sugirió que no se sumen al reclamo de la bancada kirchnerista y que, antes de ir directamente al recinto, permitan la discusión de los textos en las comisiones del Senado.
“No tiene lógica lo que pide el Gobierno. No solo porque los gobernadores mostraron su disposición a hablar y dijeron que no, sino porque si realmente quieren negociar, tienen la instancia de la Cámara de Diputados”, razonó ante LA NACION un senador opositor y habitual aliado del Gobierno.
Otro legislador, en este caso de la UCR que responde a un gobernador, sumó su opinión en el mismo sentido que su colega. “La lógica indica que si tenés el número en el Senado avanzás y (si el Gobierno quiere negociar), te queda Diputados”, dijo.
En el entorno de Villarruel, en tanto, toman nota de la situación y sufren ante las señales equívocas que le llegan desde la Casa Rosada. “El hecho de la autoconvocatoria sería fuerte, sería el peor escenario para el Gobierno porque esto es como un virus, si pasa en el Senado se va a contagiar a la Cámara de Diputados”, comentó a este diario un legislador oficialista.
La idea que barajan en algunas usinas libertarias de la Cámara alta es buscar la forma de evitar que la oposición arranque una sesión sin la anuencia de la conducción del cuerpo. Para eso, aspiran, de máxima, a coordinar en una reunión de Labor Parlamentaria el tratamiento acordado y en reuniones plenarias de comisión de todos los proyectos que impulsa la oposición y convocar a una sesión especial para la semana próxima.
Sin embargo, el jefe de la bancada libertaria y presidente de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), sigue negándose de manera sistemática a permitir el tratamiento de los proyectos, aún cuando en privado reconoce que está en falta porque hace cuatro meses que mantiene cerrada la comisión desoyendo los insistentes pedidos de la oposición.
El objetivo de mínima para los sectores más racionales del oficialismo sería lograr que la sesión del jueves al menos tenga un orden consensuado con los jefes de las diferentes bancadas y eludir, así, el “zafarrancho” de una sesión con un Senado “autoconvocado” en el que, aseguran, podría pasar cualquier cosa.
El escenario elegido para el golpe de efecto político sería el Senado, en donde el kirchnerismo amenazó la semana pasada con pedir una sesión especial para este jueves para tratar un paquete de iniciativas irritantes para un Poder Ejecutivo que sostiene el equilibrio fiscal como única herramienta de defensa mediática para contener la embestida opositora.
A la cabeza del temario y como zanahoria para reunir una mayoría que les permitiría forzar la apertura del recinto aún si Victoria Villarruel no llegase a responder al pedido de la sesión, facultad que le confiere el Reglamento, se ubicarán los proyectos acordados por las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires que buscan obligar al Poder Ejecutivo a repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una porción importante del impuesto a los combustibles y los recursos de varios fondos fiduciarios que la Casa Rosada viene reteniendo y que los distritos consideran que les corresponden.
Además, la sesión incluiría el tratamiento de la recomposición de las jubilaciones en un 7,2% y del incremento de $70.000 a $110.000 del bono para los haberes mínimos, de la prórroga de la moratoria previsional que venció en marzo pasado y la declaración de emergencia en materia de la asistencia pública a las personas con discapacidad. Tres temas de fuerte corte social que, para desgracia del Gobierno, ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados y por lo tanto, se convertirían en leyes que Milei debería vetar, tal como prometió de manera pública.
El Gobierno hasta ahora sólo ha enviado tibias señales y le pidió a los gobernadores que dilaten el tratamiento de las iniciativas que acordaron diez días atrás en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Les sugirió que no se sumen al reclamo de la bancada kirchnerista y que, antes de ir directamente al recinto, permitan la discusión de los textos en las comisiones del Senado.
“Si quieren negociar...”
“No tiene lógica lo que pide el Gobierno. No solo porque los gobernadores mostraron su disposición a hablar y dijeron que no, sino porque si realmente quieren negociar, tienen la instancia de la Cámara de Diputados”, razonó ante LA NACION un senador opositor y habitual aliado del Gobierno.
Otro legislador, en este caso de la UCR que responde a un gobernador, sumó su opinión en el mismo sentido que su colega. “La lógica indica que si tenés el número en el Senado avanzás y (si el Gobierno quiere negociar), te queda Diputados”, dijo.
En el entorno de Villarruel, en tanto, toman nota de la situación y sufren ante las señales equívocas que le llegan desde la Casa Rosada. “El hecho de la autoconvocatoria sería fuerte, sería el peor escenario para el Gobierno porque esto es como un virus, si pasa en el Senado se va a contagiar a la Cámara de Diputados”, comentó a este diario un legislador oficialista.
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Con información de
La Nación
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