Río Tercero: llegó la hora del juicio por la voladura de 1995
Martes 12 de
Agosto 2014
Mañana se iniciarán las audiencias. Hay cuatro procesados, todos militares. Se debatirá si la explosión fue provocada para ocultar las ventas ilegales de armas
6.855 días de que Río Tercero fuera bombardeada sin estar en guerra, se inicia finalmente el juicio oral con el que se tratarán de esclarecer la causa y las responsabilidades penales por la que los polvorines de la Fábrica Militar de esta ciudad se hicieron humo.
La sucesión de explosiones dejó siete muertos, cientos de heridos, la planta industrial averiada y graves destrozos en varios barrios. La impresión en Río Tercero, antes y ahora, fue que pudo haber sido mucho peor: miles de bombas de guerra estallaron y volaron por el aire, repartiendo esquirlas por media ciudad.
A casi 19 años, mañana se abrirán las audiencias en el Tribunal Oral Federal 2, de Córdoba, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón.
El caso llega con cuatro procesados, todos militares retirados, imputados de “estrago doloso por muerte de personas”. Dos eran directivos de la estatal Fabricaciones Militares: Carlos Franke, director de Producción, y Edberto González de la Vega, director de Coordinación Empresaria. Mientras, Jorge Cornejo Torino era director de la planta en Río Tercero y Marcelo Gatto el jefe del área de la que dependían los polvorines.
Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de Fabricaciones Militares, estaba también procesado pero no llegó al juicio: falleció en diciembre de 2012.
El interventor de la empresa al momento de la voladura, general Juan Andreoli, no alcanzó a ser imputado porque murió en un accidente en helicóptero, para muchos dudoso.
El expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército, Martín Balza, fueron procesados en su momento, pero resultaron sobreseídos en etapas anteriores de la causa. El argumento judicial es que no había pruebas suficientes para sostener la sospecha sobre ambos. Fiscales y querellantes recurrieron esos fallos ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Cualquiera fuese el resultado, será apelado ante la Corte Suprema. La definición demandaría un par de años. En ese marco, el Tribunal Federal decidió iniciar el juicio con los actuales imputados.
Si Menem y Balza resultaran nuevamente involucrados, debieran someterse a otro juicio, en una situación que casi no reconoce antecedentes.
El auto de elevación suscripto por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, sostiene que las explosiones fueron provocadas “por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada” (...) “con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones o explosivos”, que las pericias evidenciaron. La tesis es que lo hicieron para borrar pruebas de las ventas ilegales de armamento.
Entre 1991 y 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero fue una especie de centro operativo de las maniobras para acopiar y retocar proyectiles y cañones que fueron clandestinamente exportados a Croacia.
El hecho inicial atribuido consistió en haber provocado el 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, el incendio de un tambor que contenía mazarota (metal fundido) de trotyl o trotyl de descarga, en un tinglado de la Planta de Carga, para la primera de varias explosiones.
Se estima que las audiencias demandarán unos cuatro meses. El tribunal ya definió la citación de 42 testigos (36 de ellos ya declararon durante la instrucción), mientras que de otros 89 se incorporarán por lectura sus testimonios anteriores. Más de 200 informes técnicos y peritajes completan el expediente a analizar.
La sucesión de explosiones dejó siete muertos, cientos de heridos, la planta industrial averiada y graves destrozos en varios barrios. La impresión en Río Tercero, antes y ahora, fue que pudo haber sido mucho peor: miles de bombas de guerra estallaron y volaron por el aire, repartiendo esquirlas por media ciudad.
A casi 19 años, mañana se abrirán las audiencias en el Tribunal Oral Federal 2, de Córdoba, integrado por Carlos Lascano, José Pérez Villalobo y Mario Eugenio Garzón.
El caso llega con cuatro procesados, todos militares retirados, imputados de “estrago doloso por muerte de personas”. Dos eran directivos de la estatal Fabricaciones Militares: Carlos Franke, director de Producción, y Edberto González de la Vega, director de Coordinación Empresaria. Mientras, Jorge Cornejo Torino era director de la planta en Río Tercero y Marcelo Gatto el jefe del área de la que dependían los polvorines.
Norberto Emanuel, un civil que en 1995 era subinterventor de Fabricaciones Militares, estaba también procesado pero no llegó al juicio: falleció en diciembre de 2012.
El interventor de la empresa al momento de la voladura, general Juan Andreoli, no alcanzó a ser imputado porque murió en un accidente en helicóptero, para muchos dudoso.
El expresidente Carlos Menem y el exjefe del Ejército, Martín Balza, fueron procesados en su momento, pero resultaron sobreseídos en etapas anteriores de la causa. El argumento judicial es que no había pruebas suficientes para sostener la sospecha sobre ambos. Fiscales y querellantes recurrieron esos fallos ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Cualquiera fuese el resultado, será apelado ante la Corte Suprema. La definición demandaría un par de años. En ese marco, el Tribunal Federal decidió iniciar el juicio con los actuales imputados.
Si Menem y Balza resultaran nuevamente involucrados, debieran someterse a otro juicio, en una situación que casi no reconoce antecedentes.
El auto de elevación suscripto por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, sostiene que las explosiones fueron provocadas “por intermedio de persona o personas cuya identidad a la fecha aún se desconoce, de manera intencional, programada y organizada” (...) “con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles, municiones o explosivos”, que las pericias evidenciaron. La tesis es que lo hicieron para borrar pruebas de las ventas ilegales de armamento.
Entre 1991 y 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero fue una especie de centro operativo de las maniobras para acopiar y retocar proyectiles y cañones que fueron clandestinamente exportados a Croacia.
El hecho inicial atribuido consistió en haber provocado el 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, el incendio de un tambor que contenía mazarota (metal fundido) de trotyl o trotyl de descarga, en un tinglado de la Planta de Carga, para la primera de varias explosiones.
Se estima que las audiencias demandarán unos cuatro meses. El tribunal ya definió la citación de 42 testigos (36 de ellos ya declararon durante la instrucción), mientras que de otros 89 se incorporarán por lectura sus testimonios anteriores. Más de 200 informes técnicos y peritajes completan el expediente a analizar.
Con información de
La Voz
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