Santa Fe - Docentes: Es la “declaración jurada” individual impuesta de modo anterior a una medida colectiva (paro) lo que la censura previa a la libertad de expresión. Maxi Romero
CÓRDOBA

Investigan a brigada policial por allanamientos truchos

Domingo 26 de Junio 2016

Habría realizado procedimientos sin órdenes judiciales o secuestrando objetos que no estaban pedidos por la Justicia. Se desempeñaba a las órdenes de la Unidad Judicial 9 de San Vicente. Aún sin imputados.
 
Un hecho fortuito, casi una casualidad, permitió comenzar una pesquisa sobre el accionar de toda una brigada policial de investigaciones que se desempeñaba en la Unidad Judicial 9, de la Comisaría 5ª, en barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba.
 
Los sospechosos son 12 uniformados que habrían ejecutado órdenes de allanamiento truchas para hacerse de elementos de particulares, según la hipótesis que persigue la Justicia provincial.
 
Si bien no todos estarían involucrados en esa maniobra, cerca de la mitad se encontraría en la mira del fiscal de Distrito 2, Turno 5, Alfredo Villegas, quien inició una silenciosa pesquisa para hallar prueba precisa y llegar a una acusación detallada.
 
¿Qué hacían, presuntamente, los policías? De acuerdo con fuentes con acceso al caso, recibían una orden (legal) para allanar un domicilio, en la que se especificaba que debían buscar determinados elementos; sin embargo, además de lo que se buscaba, se llevaban otros objetos que no estaban en el listado y no los rendían como secuestrados.
 
En otras ocasiones, habrían recurrido a alguna modalidad más trucha, porque simplemente no usaban orden de allanamiento o utilizaban una orden falsa.
 
En todos los casos, se aprovechaban de gente en situación de vulnerabilidad, ya sea porque eran personas cuestionadas por supuestos delitos o porque sus recursos socioculturales les impedían conocer sus derechos, siempre según indicaron las fuentes consultadas.
 
En todas las ocasiones, lograban la sumisión de las víctimas, que no atinaban a reclamar o a protestar.
 
Cabo suelto
Esto continuaba sin pausa porque nadie se presentó nunca a reclamar, agregó uno de los informantes.
 
Pero una mañana llegó a la unidad judicial una viuda a la que le habían secuestrado su teléfono celular y, si bien no reclamaba su propiedad ni se quejaba por un procedimiento “irregular”, la mujer pedía a los empleados judiciales que le dieran el aparato donde tenía archivada la historia clínica de su marido fallecido, porque tenía que hacer un reclamo ante el seguro.
 
Quien la atendió se sorprendió porque al indagar mínimamente en el “procedimiento” no encontró el acta del secuestro del celular.
 
El movimiento y el ruido que esto generó hicieron que el aparato terminara “apareciendo” donde nunca estuvo.
 
“¿Esto es un hecho aislado?”, se preguntaron los investigadores. Fue el comienzo de todo.
 
Esto impulsó la investigación, que pronto recayó en Villegas, quien dedica sus mejores recursos para determinar quiénes son los verdaderos responsables de las maniobras fraudulentas.
 
Si bien casi todos los integrantes de la brigada de “allanadores truchos” ya fueron trasladados a otras dependencias, el ojo del fiscal y su equipo analizan los procedimientos de varias semanas anteriores y posteriores al “hecho del celular”.
 
Aunque falta mucho por determinar, la prueba recabada hace presumir que las responsabilidades quedarían en el interior de la brigada y, acaso, en un grupo de sus integrantes.
 
De lo que se tiene certeza es de que el accionar delictivo comenzó cuando ese equipo de investigadores policiales recibió a un integrante y tuvo una formación especial que cambió su modo de trabajo, según confió una de las fuentes, que evitó explayarse más para no entorpecer la causa.
 
La pista del celular
Una mujer que quería el celular de su marido fallecido permitió iniciar las sospechas, ya que el aparato no figuraba entre lo incautado.
 
El fiscal Villegas ya tiene otra causa con mucho ruido en Jefatura: la imputación al anterior jefe de la fuerza, Julio Suárez, por amenazas.
Con información de lavoz

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