CÓRDOBA
La Cámara Federal frenó el aumento de gas en Córdoba y ahora decide la Corte Suprema
Martes 05 de
Julio 2016
La distribuidora provincial deberá facturar con los valores de marzo; el máximo tribunal ya estudia un planteo del Gobierno y se expediría pronto
La Cámara Federal de Córdoba suspendió el aumento de la tarifa del gas para todos los habitantes de la provincia y retrotrajo los valores al 31 de marzo pasado.
El tribunal de apelaciones, con la firma de Abel Sánchez Torres y Luis Rueda, dispuso que en territorio de esa provincia no regirán las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía de la Nación.
Además, dispuso refacturar el servicio con los valores anteriores a fines de marzo y ordenó a la empresa licenciataria, Distribuidora de Gas del Centro (Ecogas), que se abstenga de cortar el suministro en los casos en que los usuarios no paguen el aumento.
La Cámara Federal de Córdoba cuestionó la falta de realización de la audiencia pública y sostuvo que la necesidad del Estado de readecuar los cuadros tarifarios no puede prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos de acceder al servicio de gas.
"Este tribunal no desconoce las razones invocadas por el Estado nacional en torno a la compleja situación del sistema hidrocarburífero del país y la necesidad de contar con mayores recursos para salir de la misma, pero consideramos que ello no puede tornar inaccesible un servicio imprescindible para los ciudadanos", dice la sentencia.
Per saltum
La decisión de la Cámara, ahora, viene a ponerle más presión a la Corte Suprema nacional, que tiene bajo estudio varios planteos que había formulado el procurador del Tesoro, Carlos Balbín.
En efecto, el 15 de junio último, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con el patrocinio de Balbín, jefe de los abogados del Estado, había presentado un pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia. Frente el reclamo de una ONG, la justicia federal de Mendoza dictó una medida cautelar para suspender el aumento tarifario, por lo cual Aranguren solicitó a la Corte que la revoque.
En un amparo anterior, que se había presentado en la provincia de Chubut, Balbín ya había planteado que debía ser resuelto, en forma excluyente, por la Corte nacional. En el amparo contra la resolución adoptada en Mendoza, Balbín insistió en que el asunto debe ir a la jurisdicción nacional, aunque sea por vía del per saltum.
La estrategia del Gobierno es que se unifiquen todos los expedientes donde tramitaron amparos individuales o colectivos y la Corte decida al respecto. Más aún, Balbín ayer amplió sus argumentos: dijo que si bien las ONG y los ciudadanos argumentan que Aranguren omitió hacer una audiencia pública, ahora estaría a punto de iniciarse una revisión integral de todo el cuadro tarifario. El Gobierno avanzará en ese sentido y, además, hay ciudadanos que gozan de tarifa social, dijo.
Hace tres semanas, la Corte comenzó a analizar el tema. Pero la reciente incorporación de Horacio Rosatti como nuevo juez del máximo tribunal -juró el miércoles último- naturalmente podría explicar que la decisión, en todo caso, se postergara unos días.
Rosatti, de todas maneras, la semana pasada anticipó que la Corte se expediría sobre el tema en pocos días y, apenas asumió, se puso a trabajar con sus colaboradores.
Cualquiera que sea el sentido de la decisión, el fallo recaerá en un momento sensible: por un lado, el Gobierno intenta fijar nuevas tarifas, mientras que, por el otro, hay un fuerte reclamo contra los incrementos tarifarios y la inflación.
Con información de
lanacion
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