CÓRDOBA
La pornografía infantil crece en Córdoba y paga fortunas
Lunes 18 de
Julio 2016
El material considerado de “calidad” por los consumidores cotiza entre 30 mil y 45 mil pesos. El Área de Cibercrimen de la Justicia provincial ya recibió 50 denuncias en lo que va del año.
La producción y consumo de pornografía infantil crece en Córdoba de manera exponencial pero con sigilo. La afirmación resume la información que procesa a diario el Área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen de Córdoba.
Este año, Cibercrimen recibió unas 50 denuncias sobre distribución de material que representa actos lascivos que involucran a niños con el fin de provocar la excitación sexual del receptor.
La cifra se incrementa sensiblemente si se consideran los reportes que ingresan a esa dependencia de la Fiscalía de Alejandra Hillman provenientes del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).
Se trata de una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que trabaja con instituciones policiales, familias y profesionales de todo el mundo que asisten en temas vinculados con la desaparición y explotación sexual de menores.
“Nosotros tenemos un trabajo conjunto y coordinado con NCMEC que nos proporciona información que se canaliza a través de las empresas que prestan servicios de comunicación electrónica en los que se advierten contenidos de pornografía infantil que corresponden al territorio cordobés”, explica José Arce, coordinador de Cibercrimen.
“Desde 2015 a la fecha, recibimos un despacho cada dos días de NCMEC, aunque hay que aclarar que no todos pueden encuadrarse jurídicamente como pornografía infantil”, precisa Franco Martínez, funcionario del mismo organismo.
En nuestro país, el artículo 128 de la ley 26.388 reprime con prisión de seis meses a cuatro años al que “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
La norma también contempla penas de cárcel de cuatro meses a dos años al que “tuviere en su poder representaciones como las descriptas con fines inequívocos de distribución o comercialización; y de un mes a tres años al que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años”.
Los expertos coinciden en que una de las dificultades para abordar este tipo de delitos radica en la facilidad que existe para producir y comercializar pornografía, dado que los dispositivos electrónicos para filmar o capturar imágenes están al alcance de cualquier persona, como también los programas de edición y distribución.
Se pagan fortunas
Otros inconvenientes tienen relación con que en las transacciones se utilizan monedas virtuales (como el bitcoin) y el material circula por la deep web. Se trata de aquella parte de la red que contiene material, información y páginas web que no están indexadas en ninguno de los buscadores existentes, como Google, Yahoo o Bing, entre otros.
“Cada bitcoin cotiza entre 400 y 600 dólares, más o menos, y en Córdoba se pagan cinco o seis bitcoin por producciones de calidad (entre 30 mil y 45 mil pesos)”, asegura el ingeniero en sistemas y perito judicial Franco Filippi.
En general, a la “calidad” la determina el cliente a partir del grado de satisfacción de sus requerimientos, como edad de los menores expuestos, rasgos físicos, raza, originalidad del material, si es inédito o no, etcétera.
“Una regla general de calidad podría ser que cuando más perverso es el material mejor resulta para los consumidores de pornografía infantil”, resume Luciano Monchiero, especialista en el tema.
Los investigadores señalan que el principal desafío que tienen es hacerse de la información que circula en la red de una manera más ágil. El hecho de que la mayoría de los proveedores de servicios de internet no tengan locación en Argentina sino en el exterior, conspira contra esa aspiración, coinciden los funcionarios.
Para avanzar en ese sentido, consideran necesario actualizar el sistema normativo y dictar leyes específicas en la materia. “Pero más allá de eso, la clave pasa por la prevención y la educación”, plantea Arce.
Por eso, a nivel provincial, Cibercrimen trabaja con el Ministerio de Educación de Córdoba en la elaboración de cartillas y material didáctico para abordar desde el aula esta y otras problemáticas asociadas.
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Con información de
lavoz
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