SANTA FE | ROSARIO
Toman el robo a una joyería como caso testigo de lavado de dinero local
Lunes 08 de
Agosto 2016
Hace algo más de un año una veintena de efectivos policiales se apostó frente a una casa de dos plantas atrás del Carrefour de Fisherton para un allanamiento.
Llegaban tras individuos acusados de cometer robos con redituables beneficios. Los más fuertes indicios de que los sospechosos estaban adentro venía de unos vehículos estacionados frente a la vivienda que, según las preliminares acciones de inteligencia, pertenecían a ellos. La fuerza de irrupción dominó enseguida a los ocho buscados. Lo que destacaba a la entrada era un tablón, sostenido sobre dos caballetes, donde habían distintas alhajas por seis kilos de oro y más de ocho kilos de plata.
Los autos que estaban afuera ofrecían la idea del desahogado pasar de sus dueños. Eran un Audi Q5, un Mercedes Benz A250, un Mini Cooper, un Honda Civic y un Volkswagen Passat de modelos recientes. Todos ellos están ahora bajo un embargo judicial admitido por el juez y con pedido de decomiso debido a que sus dueños no pueden explicar, según los fiscales, su tenencia en base a una actividad lícita. Los cinco tienen condenas o trámites penales por robo. Las joyas encontradas en la casa donde los detuvieron provenían del asalto a la joyería MG de Maipú al 1000, el 25 de marzo de 2015, en el que sus dueños fueron reducidos con gran violencia.
Lógica. Para la Fiscalía Regional esta causa, pequeña en su escala, sirve como caso testigo para demostrar la lógica local del lavado de dinero en el delito común, y la necesidad del decomiso como herramienta valiosa para golpear a las cadenas de las economías delictivas. En esa convicción los fiscales de Investigaciones y de Delitos Económicos analizaron la modalidad en que los acusados obtuvieron sus vehículos.
Lo que se proponen es explicar a la sociedad que el decomiso permite afrontar, con la venta de los bienes recuperados, tanto la reparación de la víctima como el elevado costo económico que tiene una investigación. Pero además sirve como traba de transacciones con dinero procedente de la violencia. Algo que una economía de gran informalidad como la argentina permite.
Para cuando avistaron los autos estacionados ante la casa de Pujato al 7800, donde estaban las joyas robadas, los fiscales del caso ya sabían qué vehículo pertenecía a cada imputado. El Honda Civic era de Jeremías Paulazzo, un hombre de 33 años con condena por homicidio que luego de ser capturado por el robo a la joyería se fugó de la comisaría donde lo alojaban y cometió otro robo en el country San Marino de Funes.
Otro asaltante a la joyería MG es Andrés Martínez, quien usaba el VW Passat azul y tenía sentencia previa por robo. Los autos más costosos los tenían los cómplices también detenidos en la casa. César Battaglino era el dueño presunto del Audi Q5 valuado en 700 mil pesos; Luis Palacios, quien detentaba un Mercedes Benz 250 de igual valor y Gastón Romero, del Mini Cooper.
Patrón. Posando los ojos en el historial de los autos, los fiscales Sebastián Narvaja y Juliana González advirtieron un mismo patrón de lavado de dinero en casi todos los casos. Llegaron a sus poseedores con un modus operandi consistente en adquirir vehículos sin que se finalizaran transferencias, o en usar familiares o personas de confianza para ponerlos como titulares simulados.
Los formularios 08 son firmados por el titular registral en favor de intermediarios que se dedican al comercio irregular de vehículos de alta gama. Estos retienen el formulario 08 de transferencia sin inscribirse como nuevos dueños. De esa manera, indican los fiscales, se deposita en el auto lo obtenido en el robo, con lo que se ocultan ganancias de una actividad ilícita. Si se deciden a vender el vehículo lo hacen como gestores, dando ese 08 que tiene al antiguo titular al que se presente como comprador.
Lo que está en la base del caso es que los usuarios de los autos son personas con verificable historial de delitos contra la propiedad y que en varios casos, dicen los fiscales, provienen de una informalidad incongruente con la posesión de esos vehículos. Al mismo tiempo eran usuarios de los vehículos al momento de ser secuestrados y no sus dueños inscriptos. En los casos de Palacios y Paulazzo los dueños reales de esos autos (supuestos testaferros) refirieron que se los prestaron porque jugaban juntos al fútbol.
Algo llamativo en este caso es que Battaglino, usuario del Audi Q5, es dueño de tres panaderías y de una casa con piscina recién construida, según los fiscales. Tiene una condena previa cumplida por privación ilegítima de la libertad agravada dictada por el juzgado de Sentencia Nº 3 en Rosario. No está inscripto como dueño del Audi pero dice serlo.
Las llaves del Mercedes Benz 250 en poder de Luis Palacios fueron halladas en un inodoro de la casa de Battaglino. El auto no tenía documentación, pero a 50 días de ser incautado apareció por la Fiscalía un hombre llamado Leandro M. Dijo ser su dueño pero con varias flaquezas: no presentó un documento de adquisición de fecha cierta sino un boleto con la fecha adulterada, a fin de adecuar su falsa versión. El vendedor es un comerciante de la comunidad gitana que dice haberlo vendido por 270 mil pesos pero una semana antes el titular registral del auto, Tomás F., dijo haberlo vendido al gitano por 600 mil pesos. Esta cercanía temporal de las transacciones por montos muy disímiles es otro indicio de lavado (ver aparte)
La conclusión para los fiscales es que los argumentos de Leandro M. sobre la propiedad de ese auto fueron sólo un intento para evitar su decomiso, dado que no tiene modo de demostrar con papeles que el auto es suyo.
Prontuarios. Paulazzo tiene condena por homicidio, está al borde del juicio por el robo a la joyería y acusado por el asalto al country San Marino. Martínez también espera juicio por el golpe a la joyería.
Con información de
La Capital
