CÓRDOBA
A juicio por consumir pornografía infantil
Sábado 14 de
Enero 2017
Una alerta del FBI generó la causa. Hay dos acusados en Río Tercero.
Apenas termine la feria judicial de enero, el fiscal Alejandro Carballo firmará la elevación de juicio de la causa que tiene a dos imputados por pornografía infantil en Río Tercero.
Las últimas pruebas ya están en manos del fiscal y según confió una fuente de esa fiscalía no está previsto diligenciar más medidas.
Ambos casos se elevarían a juicio por el artículo 128 del Código Penal que establece que será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años de cárcel el que produce, financie, ofrece, comercialice, publique, facilite, divulgue o distribuye, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas.
Desde la fiscalía no se proporcionaron las identidades de los imputados. Se anticipó que los nombres se difundirán una vez que los decretos de elevación a juicio queden firmes. Ambos se abstuvieron en la declaración indagatoria, según se apuntó desde el despacho del fiscal.
A su vez, se explicó que los imputados no están detenidos porque “no hay riesgo procesal”.
Los investigadores entienden que es imposible que lleguen a entorpecer la causa. El delito prevé penas excarcelables.
Los informantes confiaron, también, que distinto hubiese sido el caso si se trataba de alguien encargado de producir videos con contenido de pornografía infantil, en cuya situación la detención hubiese sido inmediata.
Los acusados tenían imágenes de pornografía infantil, pero no las habían generado, según entiende el fiscal.
El FBI, contundente
La investigación arrancó a partir de que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) detectó material pornográfico infantil en determinado IP de un par de servidores informáticos, por lo que informó a una fiscalía especial en Buenos Aires, que luego derivó la causa a la Fiscalía General de Córdoba, hasta que llegó a Tribunales de Río Tercero (que recepta causas de Tercero Arriba y Calamuchita).
El IP es un número único que identifica a cada computadora.
Si bien el hermetismo en la fiscalía es total –la investigación duró más de un año sin que trascendiera–, una fuente que intervino en la causa aseguró que hay “pruebas contundentes”.
Se trata de divulgación de pornografía infantil, en la que se habría utilizado al menos una red social.
Hasta ahora no surge que los sospechosos hayan producido los videos pornográficos.
Un pesquisa confió que fue determinante el dato del FBI.
Al respecto, se consignó que en los casos en que este organismo internacional interviene, las pruebas suelen ser irrefutables.
Habría evidencias del IP usado y de que los ahora imputados fueron quienes manipularon ese material obsceno. Para ello, fue clave el peritaje que se practicó en las computadoras secuestradas en varios domicilios, en los últimos meses.
A través de distintas fuentes, La Voz estableció que los presuntos pervertidos habrían accedido a sitios de pornografía infantil y habrían difundido esas imágenes desde computadoras de sus domicilios.
Uno de ellos vive en el coqueto barrio Villa Zoila, de Río Tercero.
En noviembre pasado, el juez de Control, Menores y Faltas, Pedro Salazar, fue el único que confirmó la existencia de los casos.
El magistrado detalló que en las imágenes secuestradas “hay sexo explícito” con niños, que los sospechosos tienen entre 30 y 45 años, son de clase media y con nivel cultural importante.
El caso llamó la atención en distintos puntos de la provincia.
Y en Río Tercero persiste la expectativa respecto a las identidades, más todavía, cuando trascendió que uno de los sospechados se encarga de realizar mantenimiento de computadoras a domicilio.
Las últimas pruebas ya están en manos del fiscal y según confió una fuente de esa fiscalía no está previsto diligenciar más medidas.
Ambos casos se elevarían a juicio por el artículo 128 del Código Penal que establece que será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años de cárcel el que produce, financie, ofrece, comercialice, publique, facilite, divulgue o distribuye, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas.
Desde la fiscalía no se proporcionaron las identidades de los imputados. Se anticipó que los nombres se difundirán una vez que los decretos de elevación a juicio queden firmes. Ambos se abstuvieron en la declaración indagatoria, según se apuntó desde el despacho del fiscal.
A su vez, se explicó que los imputados no están detenidos porque “no hay riesgo procesal”.
Los investigadores entienden que es imposible que lleguen a entorpecer la causa. El delito prevé penas excarcelables.
Los informantes confiaron, también, que distinto hubiese sido el caso si se trataba de alguien encargado de producir videos con contenido de pornografía infantil, en cuya situación la detención hubiese sido inmediata.
Los acusados tenían imágenes de pornografía infantil, pero no las habían generado, según entiende el fiscal.
El FBI, contundente
La investigación arrancó a partir de que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) detectó material pornográfico infantil en determinado IP de un par de servidores informáticos, por lo que informó a una fiscalía especial en Buenos Aires, que luego derivó la causa a la Fiscalía General de Córdoba, hasta que llegó a Tribunales de Río Tercero (que recepta causas de Tercero Arriba y Calamuchita).
El IP es un número único que identifica a cada computadora.
Si bien el hermetismo en la fiscalía es total –la investigación duró más de un año sin que trascendiera–, una fuente que intervino en la causa aseguró que hay “pruebas contundentes”.
Se trata de divulgación de pornografía infantil, en la que se habría utilizado al menos una red social.
Hasta ahora no surge que los sospechosos hayan producido los videos pornográficos.
Un pesquisa confió que fue determinante el dato del FBI.
Al respecto, se consignó que en los casos en que este organismo internacional interviene, las pruebas suelen ser irrefutables.
Habría evidencias del IP usado y de que los ahora imputados fueron quienes manipularon ese material obsceno. Para ello, fue clave el peritaje que se practicó en las computadoras secuestradas en varios domicilios, en los últimos meses.
A través de distintas fuentes, La Voz estableció que los presuntos pervertidos habrían accedido a sitios de pornografía infantil y habrían difundido esas imágenes desde computadoras de sus domicilios.
Uno de ellos vive en el coqueto barrio Villa Zoila, de Río Tercero.
En noviembre pasado, el juez de Control, Menores y Faltas, Pedro Salazar, fue el único que confirmó la existencia de los casos.
El magistrado detalló que en las imágenes secuestradas “hay sexo explícito” con niños, que los sospechosos tienen entre 30 y 45 años, son de clase media y con nivel cultural importante.
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Con información de
lavoz
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