Imputaron al jefe de la delegación Vera de Vialidad por malversación y fraude
Lunes 21 de
Octubre 2019
El jefe de la Zona VIII de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con sede en Vera, fue imputado como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial.
El jefe de la Zona VIII de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con sede en Vera, fue imputado como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. La atribución delictiva fue realizada por el fiscal, Gustavo Latorre.
"La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por un ex empleado de la repartición. El denunciante refirió a compras efectuadas de forma irregular", detalló el fiscal. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que "las averiguaciones que llevamos adelante fueron realizadas con la colaboración del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, el que elaboró un informe en el que se analizan distintas compras realizadas entre enero de 2014 y abril de 2018 por la Zona VIII de DPV a una serie de proveedores indicados en la denuncia presentada por el ex empleado", precisó el fiscal.
En su imputación, Latorre enumeró lo constatado. "Entre las irregularidades, verificamos que los formularios de solicitud de compras no eran firmados por quien pedía la transacción, sino que se hacían verbalmente, luego los completaba un agente de Vialidad y una vez hecha la compra se descartaba el documento", describió. También dijo que "no hay constancia de recepción de los bienes que son inventariables".Por otra parte, el funcionario subrayó que "el jefe de zona indicaba que se consignara en las facturas otros bienes que no eran los que en realidad se compraban. A su vez, el propio imputado era el que determinaba el destino de esos bienes en la orden de pago, a pesar de que no era el destino real".
Por último, Latorre hizo hincapié en que "se solicitaba a comercios que realicen facturas por montos superiores a los que efectivamente se compraban para, de esa manera, pagarle la mano de obra a personas que no podían facturar. También se les abonaba y se les hacía suscribir recibos informales e incluso, en algunos casos, se abonó sin que se firme recibo alguno".
Latorre explicó que "el imputado permitía que el personal del sector Compras maneje con total autonomía la emisión de comprobantes que habilitaban la compra y el retiro de bienes —en nombre de la repartición— de distintos comercios de Vera y de otras ciudades". En tal sentido, añadió que "en virtud de esta forma de operar no es posible acreditar o demostrar la efectiva entrega a las distintas áreas de los bienes que se habrían adquirido para la Zona VIII".
"Esta forma irregular ya le había sido informada al imputado luego de que en 2015, la propia DPV ordenó una auditoría. Además, como resultado de ese relevamiento, se le solicitó adecuar los procedimientos de compras", recordó. "Sin embargo, y en virtud de una nueva auditoría llevada a cabo en 2017, se constató que en lugar de mejorar, el procedimiento de compras que se efectuaba en la Zona VIII había empeorado", afirmó el fiscal.
"La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por un ex empleado de la repartición. El denunciante refirió a compras efectuadas de forma irregular", detalló el fiscal. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) agregó que "las averiguaciones que llevamos adelante fueron realizadas con la colaboración del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA, el que elaboró un informe en el que se analizan distintas compras realizadas entre enero de 2014 y abril de 2018 por la Zona VIII de DPV a una serie de proveedores indicados en la denuncia presentada por el ex empleado", precisó el fiscal.
En su imputación, Latorre enumeró lo constatado. "Entre las irregularidades, verificamos que los formularios de solicitud de compras no eran firmados por quien pedía la transacción, sino que se hacían verbalmente, luego los completaba un agente de Vialidad y una vez hecha la compra se descartaba el documento", describió. También dijo que "no hay constancia de recepción de los bienes que son inventariables".Por otra parte, el funcionario subrayó que "el jefe de zona indicaba que se consignara en las facturas otros bienes que no eran los que en realidad se compraban. A su vez, el propio imputado era el que determinaba el destino de esos bienes en la orden de pago, a pesar de que no era el destino real".
Por último, Latorre hizo hincapié en que "se solicitaba a comercios que realicen facturas por montos superiores a los que efectivamente se compraban para, de esa manera, pagarle la mano de obra a personas que no podían facturar. También se les abonaba y se les hacía suscribir recibos informales e incluso, en algunos casos, se abonó sin que se firme recibo alguno".
Latorre explicó que "el imputado permitía que el personal del sector Compras maneje con total autonomía la emisión de comprobantes que habilitaban la compra y el retiro de bienes —en nombre de la repartición— de distintos comercios de Vera y de otras ciudades". En tal sentido, añadió que "en virtud de esta forma de operar no es posible acreditar o demostrar la efectiva entrega a las distintas áreas de los bienes que se habrían adquirido para la Zona VIII".
"Esta forma irregular ya le había sido informada al imputado luego de que en 2015, la propia DPV ordenó una auditoría. Además, como resultado de ese relevamiento, se le solicitó adecuar los procedimientos de compras", recordó. "Sin embargo, y en virtud de una nueva auditoría llevada a cabo en 2017, se constató que en lugar de mejorar, el procedimiento de compras que se efectuaba en la Zona VIII había empeorado", afirmó el fiscal.
Con información de
La Capital
