La Justicia pone el foco en un canal de agua interno del Parque Industrial Sauce Viejo
Lunes 16 de
Diciembre 2019
Investigadores buscan establecer si los residuos que arrojan allí las empresas contaminan luego el río Coronda. Tres organismos analizan las muestras tomadas por peritos de la Policía Federal.
Luego de que un cuerpo de efectivos de la Policía Federal allanó las instalaciones del Parque Industrial Sauce Viejo, en el marco de una denuncia por contaminación, la Justicia federal de Santa Fe apunta a un canal clandestino ubicado en inmediaciones del predio situado a la vera de la ruta nacional 11. Del mismo, los peritos tomaron una serie de muestras que por estas horas se encuentran siendo analizadas en tres ámbitos académicos.
Los allanamientos se ejecutaron entre el 10 y 11 de diciembre por orden del juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, y surgieron luego de una pesquisa judicial que instruyó el fiscal Walter Rodríguez, que en base a la denuncia un vecino, inició una investigación para determinar si las distintas empresas que se encuentran emplazadas en el lugar contaminan el agua del río Coronda.
El caso cuenta con una inusual situación procesal ya que el pedido de allanamiento fue solicitado por el fiscal Rodríguez el 27 de abril del 2017 pero ante la falta de un equipo especializado por ejecutar los peritajes en cuestión, el procedimiento tardó dos años y medio en concretarse.
Durante los allanamientos, los peritos del caso inspeccionaron distintas empresas y de las mismas procedieron a secuestrar documental vinculada la investigación como así también tomar muestras de los residuos industriales que desechan de manera diaria. Dichas muestras fueron remitidas por orden judicial a tres laboratorios: el de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; el Conicet Santa Fe y uno perteneciente a una consultora privada.
Análisis
Las pruebas de agua fueron recolectadas -en parte- de un canal que se encuentra en las instalaciones del predio. Se trata de un pequeño arroyo que va desde la entrada al Parque y desemboca un kilómetro después en aguas del río Coronda. El mismo, a simple vista, demuestra una clara opacidad.
Esa turbiedad fue advertida dos años atrás, cuando el 6 de abril del 2017, peritos convocados por el fiscal Rodríguez, llevaron a cabo una inspección en la zona y detectaron que el agua del río tenía alta concentración de niquel, plomo y cromo.
En esa misma oportunidad también se efectuó un análisis microbiótico que dio positivo al detectar que el agua en donde desemboca el canal clandestino poseía un alto porcentaje de Escherichia Coli, una bacteria que se encuentra frecuentemente en el intestino de bovinos u otros animales y que puede causar enfermedades.
Penas e infracciones
Actualmente la ley nacional que penaliza a las entidades que contaminan el medio ambiente es la N° 24.051 que sostiene, en la parte más gravosa, que quién “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” y cause la muerte puede ser reprimido con una pena que parte de los 10 años y puede llegar a los 25 años de prisión.
En caso de que la contaminación fuera cometida por “imprudencia o negligencia” las penas van de un mes a dos años de cárcel. Pero si la polución produce una enfermedad o muerte, la pena se agrava y va de los seis meses a los tres años.
Fuera del régimen penal, la ley establece que si una empresa infringe le ley puede ser sancionada con multas, la suspensión de la inscripción en el registro de comercio por 30 días a un año o la misma cancelación.
Los allanamientos se ejecutaron entre el 10 y 11 de diciembre por orden del juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, y surgieron luego de una pesquisa judicial que instruyó el fiscal Walter Rodríguez, que en base a la denuncia un vecino, inició una investigación para determinar si las distintas empresas que se encuentran emplazadas en el lugar contaminan el agua del río Coronda.
El caso cuenta con una inusual situación procesal ya que el pedido de allanamiento fue solicitado por el fiscal Rodríguez el 27 de abril del 2017 pero ante la falta de un equipo especializado por ejecutar los peritajes en cuestión, el procedimiento tardó dos años y medio en concretarse.
Durante los allanamientos, los peritos del caso inspeccionaron distintas empresas y de las mismas procedieron a secuestrar documental vinculada la investigación como así también tomar muestras de los residuos industriales que desechan de manera diaria. Dichas muestras fueron remitidas por orden judicial a tres laboratorios: el de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral; el Conicet Santa Fe y uno perteneciente a una consultora privada.
Análisis
Las pruebas de agua fueron recolectadas -en parte- de un canal que se encuentra en las instalaciones del predio. Se trata de un pequeño arroyo que va desde la entrada al Parque y desemboca un kilómetro después en aguas del río Coronda. El mismo, a simple vista, demuestra una clara opacidad.
Esa turbiedad fue advertida dos años atrás, cuando el 6 de abril del 2017, peritos convocados por el fiscal Rodríguez, llevaron a cabo una inspección en la zona y detectaron que el agua del río tenía alta concentración de niquel, plomo y cromo.
En esa misma oportunidad también se efectuó un análisis microbiótico que dio positivo al detectar que el agua en donde desemboca el canal clandestino poseía un alto porcentaje de Escherichia Coli, una bacteria que se encuentra frecuentemente en el intestino de bovinos u otros animales y que puede causar enfermedades.
Penas e infracciones
Actualmente la ley nacional que penaliza a las entidades que contaminan el medio ambiente es la N° 24.051 que sostiene, en la parte más gravosa, que quién “envenene, adultere o contamine de un modo peligroso la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” y cause la muerte puede ser reprimido con una pena que parte de los 10 años y puede llegar a los 25 años de prisión.
En caso de que la contaminación fuera cometida por “imprudencia o negligencia” las penas van de un mes a dos años de cárcel. Pero si la polución produce una enfermedad o muerte, la pena se agrava y va de los seis meses a los tres años.
Fuera del régimen penal, la ley establece que si una empresa infringe le ley puede ser sancionada con multas, la suspensión de la inscripción en el registro de comercio por 30 días a un año o la misma cancelación.
Con información de
Aire de Santa Fe
