Crearán un "Tribunal de Disciplina Policial" en Santa Fe
Martes 28 de
Enero 2020
Estará integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. La creación de este órgano forma parte del proyecto de ley de control del sistema policial, que plantea una reforma sobre la manera de investigar y sancionar a los uniformados.
El 7 de enero pasado un grupo de efectivos de Asuntos Internos intentó llevarse en el baúl de un auto documentos de investigaciones sobre policías, pero fueron detectados en el momento justo, por azar, y denunciados ante la Fiscalía de Rosario. Entre el papelerío había documentos importantes sobre exjefes policiales que estaban siendo investigados.
Ese hecho, que se convirtió en una especie de anécdota, sirve para dimensionar, más allá de la intención real de los policías, la decadencia y el deterioro institucional de un área que desde hace tiempo está cuestionada porque los casos importantes, que afectan a agentes de peso en la estructura policial, agonizan en cajones hasta que prescriben poco tiempo después que se hacen las denuncias, como ocurrió con la mayoría de las causas donde se investigó el supuesto enriquecimiento ilícito de más de 30 comisarios.
El Ministerio de Seguridad elaboró un proyecto de ley para el “Control del Sistema Policial” de Santa Fe, que fue enviado este martes a la Legislatura. Plantea un abordaje integral con la creación de la Secretaría y Agencia de Control. Se creará una policía para controlar e investigar a los integrantes de la fuerza.
La primera Secretaría de Control estará en manos de funcionarios del gobierno y la segunda bajo las riendas de la policía.
La primera Secretaría de Control estará en manos de funcionarios del gobierno y la segunda bajo las riendas de la policía. En ese puesto fue nombrada el 9 de enero pasado Mariana Olivieri. Lo que busca el ministro Marcelo Sain, según dejaron trascender desde esa cartera, es que la reforma del sistema de control policial debe tener un nuevo y único esquema a partir de una norma integral, que se complementará luego con la reforma de la ley de la Policía, que dividirá la fuerza en tres áreas: prevención, investigación y control.
En la gestión anterior existía una Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, que se creó cuando Raúl Lamberto era ministro, pero en los hechos ese área nunca tuvo un rol protagónico y la policía a través de Asuntos Internos siguió con el manejo casi absoluto de las investigaciones contra miembros de la propia fuerza que estaban sospechados de cometer una falta o un delito.
En ese esquema, según desgranaron desde el gobierno, había una baja capacidad de sanción frente a las faltas cometidas por los policías, que en su mayoría -según los expedientes relevados- eran de poca relevancia, como por ejemplo dormirse en el servicio, el uso del celular y no tener los elementos de seguridad, entre otros. De los sancionados un número muy bajo era de alta jerarquía. Durante la gestión del ministro Maximiliano Pullaro hubo más de 700 policías pasados a disponibilidad y unas 400 exoneraciones, según apuntó el ex funcionario el año pasado.
A nivel general el nuevo sistema de control policial que pretende establecer la gestión de Omar Perotti comprende la investigación y juzgamiento de las faltas graves que comentan los policías, como así también la detección preventiva de irregularidades, la identificación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el policía.
Se creará un “Tribunal de Disciplina Policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía.
Se creará un “Tribunal de Disciplina Policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por la “Inspectoría General”, una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas “graves o muy graves”. Este modelo se aplicó hasta hace unos cinco años en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó como modelo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa
El policía que sea acusado por la “Inspectoría General” se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la “Defensoría Disciplinaria”, la tercera pata de este esquema en el que -según recalcan desde el gobierno- se asegura “el debido proceso” que será oral. El tribunal de disciplina no ocupa ninguna postura en el litigio y se limita a juzgar de manera imparcial, acorde a los alegatos y las pruebas presentadas por las partes. El policía acusado podrá tener el ejercicio de la defensa en todo la etapa de la investigación. Esta área también deberá difundir entre los uniformados los derechos que asisten a los policías.
También cambia, si se sanciona esta ley, el tipo de sanciones contra los policías que comentan faltas graves. Seguirá existiendo el pase a disponibilidad como medida precautoria. Pero además existen cuatro tipo de sanciones, como el apercibimiento, la suspensión del empleo, la cesantía y la exoneración. La primera es un llamado de atención y una advertencia ante una falta, y le sigue la suspensión, que no puede concurrir al lugar de trabajo y sufre una pérdida proporcional del salario. La cesantía prevé la separación definitiva del cargo por razones disciplinarias, e implica además la inhabilitación para reingresar a la fuerza, pero no incluye la pérdida del derecho a los haberes jubilatorios que le corresponden al policía sancionado. La sanción más grave, y que existe actualmente, es la exoneración que implica la pérdida del empleo y la jubilación.
La Inspectoría General también tendrá entre sus funciones un abordaje preventivo. Por eso se mencionan entre sus prerrogativas la posibilidad de realizar auditorías de recursos humanos y contables de las unidades policiales, como así también inspecciones en las dependencias.
Ese hecho, que se convirtió en una especie de anécdota, sirve para dimensionar, más allá de la intención real de los policías, la decadencia y el deterioro institucional de un área que desde hace tiempo está cuestionada porque los casos importantes, que afectan a agentes de peso en la estructura policial, agonizan en cajones hasta que prescriben poco tiempo después que se hacen las denuncias, como ocurrió con la mayoría de las causas donde se investigó el supuesto enriquecimiento ilícito de más de 30 comisarios.
El Ministerio de Seguridad elaboró un proyecto de ley para el “Control del Sistema Policial” de Santa Fe, que fue enviado este martes a la Legislatura. Plantea un abordaje integral con la creación de la Secretaría y Agencia de Control. Se creará una policía para controlar e investigar a los integrantes de la fuerza.
La primera Secretaría de Control estará en manos de funcionarios del gobierno y la segunda bajo las riendas de la policía.
La primera Secretaría de Control estará en manos de funcionarios del gobierno y la segunda bajo las riendas de la policía. En ese puesto fue nombrada el 9 de enero pasado Mariana Olivieri. Lo que busca el ministro Marcelo Sain, según dejaron trascender desde esa cartera, es que la reforma del sistema de control policial debe tener un nuevo y único esquema a partir de una norma integral, que se complementará luego con la reforma de la ley de la Policía, que dividirá la fuerza en tres áreas: prevención, investigación y control.
En la gestión anterior existía una Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, que se creó cuando Raúl Lamberto era ministro, pero en los hechos ese área nunca tuvo un rol protagónico y la policía a través de Asuntos Internos siguió con el manejo casi absoluto de las investigaciones contra miembros de la propia fuerza que estaban sospechados de cometer una falta o un delito.
En ese esquema, según desgranaron desde el gobierno, había una baja capacidad de sanción frente a las faltas cometidas por los policías, que en su mayoría -según los expedientes relevados- eran de poca relevancia, como por ejemplo dormirse en el servicio, el uso del celular y no tener los elementos de seguridad, entre otros. De los sancionados un número muy bajo era de alta jerarquía. Durante la gestión del ministro Maximiliano Pullaro hubo más de 700 policías pasados a disponibilidad y unas 400 exoneraciones, según apuntó el ex funcionario el año pasado.
A nivel general el nuevo sistema de control policial que pretende establecer la gestión de Omar Perotti comprende la investigación y juzgamiento de las faltas graves que comentan los policías, como así también la detección preventiva de irregularidades, la identificación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el policía.
Se creará un “Tribunal de Disciplina Policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía.
Se creará un “Tribunal de Disciplina Policial”, que va a estar integrado por dos abogados y un policía. Tendrá un presidente y dos vocales. Este órgano va a juzgar a nivel administrativo a los policías que sean acusados por la “Inspectoría General”, una especie de fiscalía interna, que va a realizar los sumarios ante faltas “graves o muy graves”. Este modelo se aplicó hasta hace unos cinco años en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y luego lo tomó como modelo la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa
El policía que sea acusado por la “Inspectoría General” se podrá defender con un abogado particular o con un letrado asesor de la “Defensoría Disciplinaria”, la tercera pata de este esquema en el que -según recalcan desde el gobierno- se asegura “el debido proceso” que será oral. El tribunal de disciplina no ocupa ninguna postura en el litigio y se limita a juzgar de manera imparcial, acorde a los alegatos y las pruebas presentadas por las partes. El policía acusado podrá tener el ejercicio de la defensa en todo la etapa de la investigación. Esta área también deberá difundir entre los uniformados los derechos que asisten a los policías.
También cambia, si se sanciona esta ley, el tipo de sanciones contra los policías que comentan faltas graves. Seguirá existiendo el pase a disponibilidad como medida precautoria. Pero además existen cuatro tipo de sanciones, como el apercibimiento, la suspensión del empleo, la cesantía y la exoneración. La primera es un llamado de atención y una advertencia ante una falta, y le sigue la suspensión, que no puede concurrir al lugar de trabajo y sufre una pérdida proporcional del salario. La cesantía prevé la separación definitiva del cargo por razones disciplinarias, e implica además la inhabilitación para reingresar a la fuerza, pero no incluye la pérdida del derecho a los haberes jubilatorios que le corresponden al policía sancionado. La sanción más grave, y que existe actualmente, es la exoneración que implica la pérdida del empleo y la jubilación.
La Inspectoría General también tendrá entre sus funciones un abordaje preventivo. Por eso se mencionan entre sus prerrogativas la posibilidad de realizar auditorías de recursos humanos y contables de las unidades policiales, como así también inspecciones en las dependencias.
Con información de
Aire de Santa Fe
