SANTA FE
Un protocolo para la policía que va a contramano de la doctrina Chocobar
Por:
GERMÁN DE LOS SANTOS
Jueves 20 de
Febrero 2020
Buscan capacitar y dotar a los efectivos de armas no letales y las llamadas incapacitantes para evitar que el único recurso del uniformado sea la pistola 9 milímetros.
¿Qué ocurriría si algún día la policía empieza a combatir el delito con mayor decisión? Si esto pasa, el riesgo es que se rompa una tendencia histórica, que indica que los efectivos de la fuerza provincial casi nunca se enfrentan a personas que están cometiendo un delito.
Esa característica arrastra varias hipótesis, entre las que se destacan, que la policía es cómplice o socia de los mafiosos, narcos y delincuentes, algo que seguramente afecta a un porcentaje escaso pero con poder, como lo demuestran las causas en las que están involucrados altos jefes, como el caso del narco Esteban Alvarado. Otra opción, que afecta probablemente a la mayoría, es que los efectivos prefieren no arriesgar su físico ni su puesto ante situaciones de riesgo con un trabajo precarizado y mal pago. Y una tercera, que se suma, es que los uniformados no están capacitados.
El registro que da una pauta de este perfil son las muertes que provocó la policía de Santa Fe, integrada por 21.000 uniformados. Según datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación, hubo siete homicidios en los que particulares resultaron muertos por balas policiales. Cinco en Rosario, uno en Santa Fe y uno en Capitán Bermúdez. Cuatro de estos hechos fueron encuadrados como casos de gatillo fácil.
“Se registraron en todo el territorio de la provincia de Santa Fe en el periodo 2014-2018, 77 víctimas de homicidios cuyos presuntos autores fueron miembros de fuerzas de seguridad pública”, señala un informe elaborado por el MPA en 2019.
La cifra es baja si se tienen en cuenta los registros de otras provincias, como los de Buenos Aires, donde en 2019, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se produjeron 45 homicidios protagonizados por efectivos de la policía de esa provincia. Pero si de siete muertes con balas policiales en Santa Fe, cuatro, más de la mitad, fueron casos de gatillo fácil esto indica que las armas fueron mal usadas y provocaron víctimas inocentes.
El protocolo que elaboraron en el Ministerio de Seguridad para el uso de la fuerza apunta a establecer normas sobre cómo debe actuar un efectivo ante distintas situaciones, y además, a través de una evaluación anual con datos estadísticos, buscar los problemas y distorsiones para tratar de corregirlos a través de planes de reentrenamiento de la fuerza.
“Por un lado se creó un protocolo y por otro se generaron las políticas para aplicarlo en la búsqueda de mejorar la actuación de la policía en base a estándares nacionales e internacionales, como plantea la ONU”, explicó, en diálogo con Aire de Santa Fe, el secretario de Seguridad Germán Montenegro.
El flamante protocolo tiene como objetivo "modernizar y optimizar las habilidades requeridas por los policías para intervenir en situaciones de conflicto", describió el funcionario.
A nivel nacional se instauró un protocolo de uso de la fuerza en 2012, que se tomó de base para la confección del que regirá en la policía de Santa Fe, que habla no sólo del uso de la fuerza con armas de fuego, sino también de la utilización de armamento no letal, que se planea adquirir. No se piensa en las polémicas pistolas Taser, con mala prensa, cuyo uso fue autorizado por la ex ministra Patricia Bullrich, sino de otro tipo de instrumentos, como las llamadas Bola Wrap, que son una especie de pistolas que disparan una tanza que envuelve y sujeta a la persona que se quiere inmovilizar.
El protocolo que se elaboró en Santa Fe va a contramano del dispuesto a nivel nacional por la gestión de Bullrich, con la resolución 956/2018 que creó un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales contrario, según interpretaron los detractores, al paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la ley de Seguridad Interior, así como de otros principios que rigen su uso, como el de la proporcionalidad, racionalidad y progresividad.
Más allá de los nombres extensos y enunciados, este protocolo busca además dar un marco de mayor profundidad y evitar que quede suelta y siembre algún tipo de reacción entre los policías la disposición del jefe de la fuerza Víctor Sarnaglia que autorizó el uso de la bala en la recámara de las pistolas de los afectivos. Aunque con las nuevas armas que tienen herramientas de mayor seguridad no representa un riesgo, sí genera en el plano simbólico una insinuación a disparar.
Con la crisis de seguridad que enfrenta Santa Fe, con 39 homicidios en Rosario y 16 en la capital provincial, y un incremento de hechos delictivos como los robos en zonas céntricas, el gobierno pretende que cuando la policía se despierte no lo haga a los tiros, y se sume otro problema, con uniformados al estilo Chocobar.
Esa característica arrastra varias hipótesis, entre las que se destacan, que la policía es cómplice o socia de los mafiosos, narcos y delincuentes, algo que seguramente afecta a un porcentaje escaso pero con poder, como lo demuestran las causas en las que están involucrados altos jefes, como el caso del narco Esteban Alvarado. Otra opción, que afecta probablemente a la mayoría, es que los efectivos prefieren no arriesgar su físico ni su puesto ante situaciones de riesgo con un trabajo precarizado y mal pago. Y una tercera, que se suma, es que los uniformados no están capacitados.
El registro que da una pauta de este perfil son las muertes que provocó la policía de Santa Fe, integrada por 21.000 uniformados. Según datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación, hubo siete homicidios en los que particulares resultaron muertos por balas policiales. Cinco en Rosario, uno en Santa Fe y uno en Capitán Bermúdez. Cuatro de estos hechos fueron encuadrados como casos de gatillo fácil.
“Se registraron en todo el territorio de la provincia de Santa Fe en el periodo 2014-2018, 77 víctimas de homicidios cuyos presuntos autores fueron miembros de fuerzas de seguridad pública”, señala un informe elaborado por el MPA en 2019.
La cifra es baja si se tienen en cuenta los registros de otras provincias, como los de Buenos Aires, donde en 2019, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se produjeron 45 homicidios protagonizados por efectivos de la policía de esa provincia. Pero si de siete muertes con balas policiales en Santa Fe, cuatro, más de la mitad, fueron casos de gatillo fácil esto indica que las armas fueron mal usadas y provocaron víctimas inocentes.
El protocolo que elaboraron en el Ministerio de Seguridad para el uso de la fuerza apunta a establecer normas sobre cómo debe actuar un efectivo ante distintas situaciones, y además, a través de una evaluación anual con datos estadísticos, buscar los problemas y distorsiones para tratar de corregirlos a través de planes de reentrenamiento de la fuerza.
“Por un lado se creó un protocolo y por otro se generaron las políticas para aplicarlo en la búsqueda de mejorar la actuación de la policía en base a estándares nacionales e internacionales, como plantea la ONU”, explicó, en diálogo con Aire de Santa Fe, el secretario de Seguridad Germán Montenegro.
El flamante protocolo tiene como objetivo "modernizar y optimizar las habilidades requeridas por los policías para intervenir en situaciones de conflicto", describió el funcionario.
A nivel nacional se instauró un protocolo de uso de la fuerza en 2012, que se tomó de base para la confección del que regirá en la policía de Santa Fe, que habla no sólo del uso de la fuerza con armas de fuego, sino también de la utilización de armamento no letal, que se planea adquirir. No se piensa en las polémicas pistolas Taser, con mala prensa, cuyo uso fue autorizado por la ex ministra Patricia Bullrich, sino de otro tipo de instrumentos, como las llamadas Bola Wrap, que son una especie de pistolas que disparan una tanza que envuelve y sujeta a la persona que se quiere inmovilizar.
El protocolo que se elaboró en Santa Fe va a contramano del dispuesto a nivel nacional por la gestión de Bullrich, con la resolución 956/2018 que creó un reglamento del uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales contrario, según interpretaron los detractores, al paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la ley de Seguridad Interior, así como de otros principios que rigen su uso, como el de la proporcionalidad, racionalidad y progresividad.
Más allá de los nombres extensos y enunciados, este protocolo busca además dar un marco de mayor profundidad y evitar que quede suelta y siembre algún tipo de reacción entre los policías la disposición del jefe de la fuerza Víctor Sarnaglia que autorizó el uso de la bala en la recámara de las pistolas de los afectivos. Aunque con las nuevas armas que tienen herramientas de mayor seguridad no representa un riesgo, sí genera en el plano simbólico una insinuación a disparar.
Con la crisis de seguridad que enfrenta Santa Fe, con 39 homicidios en Rosario y 16 en la capital provincial, y un incremento de hechos delictivos como los robos en zonas céntricas, el gobierno pretende que cuando la policía se despierte no lo haga a los tiros, y se sume otro problema, con uniformados al estilo Chocobar.
Con información de
Aire de Santa Fe
