Operativo "tenaza" a la Corte con objetivo jurídico y político
Por:
Gabriel Morini
Miércoles 15 de
Abril 2020
El contexto de la pandemia vuelve extraordinarios los escenarios y pronósticos que hubiesen tenido una expresión lineal.
“La Corte Suprema no hace consultoría”. La frase recorre históricamente los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales y se refiere fundamentalmente a que el máximo Tribunal se expide sobre “casos” judicialmente configurados y no emite “opiniones” respecto a interpretaciones normativas o conflictos en otros poderes del Estados.
Sin embargo, el contexto de la pandemia vuelve extraordinarios los escenarios y pronósticos que hubiesen tenido una expresión lineal. Hasta anoche, la Corte no había recibido la presentación firmada por Cristina de Kirchner solicitando una acción declarativa certeza respecto a la posibilidad de interpretar el reglamento de la Cámara para habilitar una sesión especial en modo remoto, con el objetivo de discutir el impuesto especial a las grandes fortunas que financiará la lucha contra el coronavirus. La irrupción del planteo obligará al máximo Tribunal a tener un protagonismo insospechado sobre el que tendrá que adoptar posición.
Carlos Rosenkrantz es el juez durante la feria extraordinaria. No tiene ánimo de definir en solitario si abre la discusión o la rechaza de plano, primera circunstancia a determinar. Esos contactos con sus colegas serán a partir de hoy informales pero se convertirán el primer termómetro para admitir que la cuestión adquiere un cariz inédito a nivel institucional. Porque la firmante del escrito es la propia vicepresidenta, por la naturaleza y la discusión que implica un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, y todo ello promediando el camino de una cuarentena por una pandemia que está asolando al mundo.
Un acuerdo extraordinario que convoque a la discusión a los 5 ministros requiere más de consensos internos que de formalismos. Habrá allí dos planos para analizar: el jurídico y el político. En este último, el reflejo inicial desde la Corte fue pensar que la expresidenta jugó una pieza clave en el tablero actual. Involucró en el problema del Congreso para sesionar a la Corte (cabeza de otro poder del Estado) ya sea para ratificar el liderazgo político sobre la decisión adoptada de legislar un nuevo impuesto especial, o bien para arrastrar al barro político a la Corte que rechace ser el árbitro que legitime esa contienda. Win-Win. ¿Podría Sergio Massa acompañar un idéntico planteo pero por la cámara de Diputados?
La discusión jurídica se apoya primero en la existencia de un caso (es decir una sentencia judicial que deba revisar la Corte sobre un hecho concreto de afectación) y luego la “legitimidad” de la peticionante para obtener una definición. Sobre el final del escrito de 30 páginas, Cristina -que vuelve reconocibles pinceladas de su propia voz- explica el supuesto de gravedad institucional que habilitaría una resolución urgente y el motivo de su “legitimación” para peticionar, así como la existencia de un “caso”, requisitos indispensables para permitir a la Corte que se expida. El segundo capítulo puede tener relación directa con el primero: aunque la Corte no decida resolver este planteo, esa decisión podría funcionar de “cortafuegos” a cualquier intento posterior de impugnar la modalidad de una sesión virtual, cubriendo uno de los flancos que podrían ser atacados en un eventual cuestionamiento al fondo de la cuestión, el nuevo impuesto.
Sin embargo, el contexto de la pandemia vuelve extraordinarios los escenarios y pronósticos que hubiesen tenido una expresión lineal. Hasta anoche, la Corte no había recibido la presentación firmada por Cristina de Kirchner solicitando una acción declarativa certeza respecto a la posibilidad de interpretar el reglamento de la Cámara para habilitar una sesión especial en modo remoto, con el objetivo de discutir el impuesto especial a las grandes fortunas que financiará la lucha contra el coronavirus. La irrupción del planteo obligará al máximo Tribunal a tener un protagonismo insospechado sobre el que tendrá que adoptar posición.
Carlos Rosenkrantz es el juez durante la feria extraordinaria. No tiene ánimo de definir en solitario si abre la discusión o la rechaza de plano, primera circunstancia a determinar. Esos contactos con sus colegas serán a partir de hoy informales pero se convertirán el primer termómetro para admitir que la cuestión adquiere un cariz inédito a nivel institucional. Porque la firmante del escrito es la propia vicepresidenta, por la naturaleza y la discusión que implica un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, y todo ello promediando el camino de una cuarentena por una pandemia que está asolando al mundo.
Un acuerdo extraordinario que convoque a la discusión a los 5 ministros requiere más de consensos internos que de formalismos. Habrá allí dos planos para analizar: el jurídico y el político. En este último, el reflejo inicial desde la Corte fue pensar que la expresidenta jugó una pieza clave en el tablero actual. Involucró en el problema del Congreso para sesionar a la Corte (cabeza de otro poder del Estado) ya sea para ratificar el liderazgo político sobre la decisión adoptada de legislar un nuevo impuesto especial, o bien para arrastrar al barro político a la Corte que rechace ser el árbitro que legitime esa contienda. Win-Win. ¿Podría Sergio Massa acompañar un idéntico planteo pero por la cámara de Diputados?
La discusión jurídica se apoya primero en la existencia de un caso (es decir una sentencia judicial que deba revisar la Corte sobre un hecho concreto de afectación) y luego la “legitimidad” de la peticionante para obtener una definición. Sobre el final del escrito de 30 páginas, Cristina -que vuelve reconocibles pinceladas de su propia voz- explica el supuesto de gravedad institucional que habilitaría una resolución urgente y el motivo de su “legitimación” para peticionar, así como la existencia de un “caso”, requisitos indispensables para permitir a la Corte que se expida. El segundo capítulo puede tener relación directa con el primero: aunque la Corte no decida resolver este planteo, esa decisión podría funcionar de “cortafuegos” a cualquier intento posterior de impugnar la modalidad de una sesión virtual, cubriendo uno de los flancos que podrían ser atacados en un eventual cuestionamiento al fondo de la cuestión, el nuevo impuesto.
Con información de
Ámbito
