Imputaron a cinco policías y operadores del 911 por el femicidio de una docente
Viernes 15 de
Mayo 2020
Tres policías y dos operadores del Sistema de Emergencias 911 de Salta fueron imputados en la causa que investiga la actuación policial en el femicidio de una docente, que fue hallada apuñalada en abril, 15 horas después de llamar para pedir auxilio porque la estaban “matando”, en lo que la Justicia provincial considera un crimen evitable.
La decisión fue adoptada por los fiscales penales Verónica Simesen de Bielke y Pablo Rivero, de la Unidad Fiscal Especial conformada para investigar la actuación policial en el femicidio de la docente Rosa del Milagro Sulca (48), quienes imputaron a los cinco implicados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
Las imputaciones recayeron sobre el operador del área de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; su supervisor, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González; y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.
En todos los casos, los fiscales consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte ‘evitable‘ de la docente, que fue hallada sin vida en el interior de su casa, en la zona sudeste de la capital salteña, el 28 de abril.
Antes de recibir las 17 puñaladas que le provocaron la muerte, la mujer llegó a comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 y alertar que la estaban ‘matando‘, y quince horas después fue encontrada muerta.
Fuentes judiciales aseguraron que Bisón Enríquez (30) fue quien atendió el llamado de auxilio de Sulca, y fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, para los fiscales, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia y actuó con una conducta omisiva.
Tintilay Cordeyro (34), en tanto, fue imputado por los fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ya que consideraron que era el encargado de las actividades llevadas a cabo por el operador e incumplió deliberadamente sus obligaciones, ya que se retiró de su puesto de trabajo por 30 minutos, sin que otra persona se quedara supervisando.
Por su parte, Herrera (45) fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, ante la sospecha de que no informó al jefe de turno y al supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio.
Para los fiscales, esto conllevó al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que, al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.
Mientras que González (41) fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, porque se cree que no asignó otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud.
En tanto, Corbera (42) fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.
Según los fiscales, el supervisor de Despacho, pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa, al no haber asignado otros recursos para verificar el incidente.
El 30 de abril, Simesen de Bielke y Rivero ya habían imputado a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, a quienes acusaron de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.
En tanto, el 4 de mayo los fiscales hicieron lo propio con el comisario mayor Fabián Tolaba, a cargo del Centro de Coordinación Operativa del que depende el Sistema de Emergencia 911, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, es el que investiga el crimen en sí, y ordenó la detención e imputó a Pablo Exequiel Verón (18) y a una menor de 17 años.
Verón quedó imputado de ‘homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar violencia de género y criminis causa‘, y la chica, que negó su vinculación con el hecho, fue imputada por ‘homicidio criminis causa con alevosía‘.
Según la autopsia, Sulca sufrió 17 puñaladas en el tórax, que le causaron la muerte, además de numerosas heridas contusas, abiertas y punzo cortantes en todo el cuerpo.
Al llamar al 911, la víctima le comunicó al operador que la estaban ‘matando‘ y llegó a dar su domicilio, pero de inmediato otra voz femenina se interpuso en la llamada y dijo que se trataba de su tía, que tomaba pastillas y cortó la comunicación.
Minutos después, Sanhueso y Vizgarra fueron a la casa de la víctima, pero como ella no respondió a sus llamados a la puerta se retiraron del lugar.
Las imputaciones recayeron sobre el operador del área de Demanda Ciudadana, Pablo Ezequiel Bisón Enríquez; su supervisor, Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro; el despachante policial Héctor Roberto Herrera; el jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González; y el supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera.
En todos los casos, los fiscales consideraron que los imputados omitieron dar cumplimiento a sus distintas obligaciones y eso llevó a la muerte ‘evitable‘ de la docente, que fue hallada sin vida en el interior de su casa, en la zona sudeste de la capital salteña, el 28 de abril.
Antes de recibir las 17 puñaladas que le provocaron la muerte, la mujer llegó a comunicarse con el Sistema de Emergencias 911 y alertar que la estaban ‘matando‘, y quince horas después fue encontrada muerta.
Fuentes judiciales aseguraron que Bisón Enríquez (30) fue quien atendió el llamado de auxilio de Sulca, y fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que, para los fiscales, omitió dar la importancia que revestía la llamada de clara de emergencia y actuó con una conducta omisiva.
Tintilay Cordeyro (34), en tanto, fue imputado por los fiscales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ya que consideraron que era el encargado de las actividades llevadas a cabo por el operador e incumplió deliberadamente sus obligaciones, ya que se retiró de su puesto de trabajo por 30 minutos, sin que otra persona se quedara supervisando.
Por su parte, Herrera (45) fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, ante la sospecha de que no informó al jefe de turno y al supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio.
Para los fiscales, esto conllevó al resultado fatal de la muerte de Rosa Sulca, ya que, al ser la persona que tuvo contacto directo con los recursos de calle, no dio cumplimiento a las previsiones legales.
Mientras que González (41) fue imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, porque se cree que no asignó otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud.
En tanto, Corbera (42) fue imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.
Según los fiscales, el supervisor de Despacho, pese a haber consignado una situación de “pedido de auxilio”, omitió cumplir con lo que dispuesto por el Reglamento Orgánico y Funcional de la Dirección Centro de Coordinación Operativa, al no haber asignado otros recursos para verificar el incidente.
El 30 de abril, Simesen de Bielke y Rivero ya habían imputado a los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra, a quienes acusaron de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, ambos en calidad de autores.
En tanto, el 4 de mayo los fiscales hicieron lo propio con el comisario mayor Fabián Tolaba, a cargo del Centro de Coordinación Operativa del que depende el Sistema de Emergencia 911, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, es el que investiga el crimen en sí, y ordenó la detención e imputó a Pablo Exequiel Verón (18) y a una menor de 17 años.
Verón quedó imputado de ‘homicidio triplemente calificado por alevosía, por mediar violencia de género y criminis causa‘, y la chica, que negó su vinculación con el hecho, fue imputada por ‘homicidio criminis causa con alevosía‘.
Según la autopsia, Sulca sufrió 17 puñaladas en el tórax, que le causaron la muerte, además de numerosas heridas contusas, abiertas y punzo cortantes en todo el cuerpo.
Al llamar al 911, la víctima le comunicó al operador que la estaban ‘matando‘ y llegó a dar su domicilio, pero de inmediato otra voz femenina se interpuso en la llamada y dijo que se trataba de su tía, que tomaba pastillas y cortó la comunicación.
Minutos después, Sanhueso y Vizgarra fueron a la casa de la víctima, pero como ella no respondió a sus llamados a la puerta se retiraron del lugar.
Con información de
El Litoral
