SANTA FE
La policía, a la calle: los efectivos dejarán de cumplir tareas administrativas que serán absorbidas por el Ministerio de Seguridad
Por:
Germán De Los Santos
Viernes 15 de
Mayo 2020
Lo plantea la nueva ley de seguridad pública que será enviada a la Legislatura. Forma parte de las tres leyes que anunció Perotti serán tratadas este año. Sain busca un Ministerio más fuerte y con mayor poder.
La policía no realizará más tareas administrativas, sino que cumplirá funciones operativas. Esas funciones burocráticas las absorberá el Ministerio de Seguridad, que –de acuerdo al proyecto de ley de seguridad pública– esa cartera tendrá mayor poder para “fortalecer capacidades de conducción y control político de la policía”.
Es parte de la visión sobre la reforma en seguridad que iniciará el gobierno, tras una serie de discusiones en foros, como los de las dos universidades de Rosario y Santa Fe, en un contexto complicado en materia de inseguridad y violencia, que sólo pudo apaciguar hasta ahora la cuarentena obligatoria.
El desafío político pasará por discutir una reforma en medio de otra epidemia, la de la violencia, que puso en un estado de crisis permanente a la seguridad desde 2013. Lo que empieza a mostrar la “vieja” realidad santafesina es que cuando se empieza a flexibilizar la cuarentena vuelven a encenderse los homicidios y los robos, como comienza a verse en Santa Fe y Rosario.
En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura del 1º de mayo pasado, el gobernador Omar Perotti anunció que tres leyes “claves” en materia de seguridad, que elaboró el Ministerio a cargo de Marcelo Sain, serán enviadas a la Legislatura, tras un proceso de consultas y debate con la ciudadanía. Perotti insistió frente a las pantallas de los legisladores que “es un imperativo la modernización del sistema de seguridad pública de Santa Fe”.
Estos tres proyectos son considerados como la base de la reforma policial, que incluso tiene un alcance mayor porque abarca también el sistema de seguridad en su conjunto, con un ministerio con mayor poder político sobre la fuerza. Las leyes son la de “seguridad pública”, que es el paraguas de otras dos que son “ley del sistema policial” y la de “control del sistema policial.
Toda la arquitectura normativa ya está lista y en manos de Perotti, a quien Sain le envió con urgencia y trasladándole la presión, los proyectos y una extensa argumentación en la que se explica el alcance de esta reforma, que –según el ministro de Seguridad de Santa Fe- parte de una “preocupante paradoja”.
Sain le envió a Perotti los proyectos con urgencia, acompañados de una extensa argumentación en la que se explica el alcance de esta reforma
“Por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar destacado en la agenda social y política, y por otro el sistema político no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos institucionales para su abordaje”, apunta el documento. A excepción de Santa Fe, las provincias más grandes tienen un marco normativo más moderno como Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Mendoza.
Antes de que Perotti anunciara que se enviarán estas leyes, el ministro de Seguridad amenazó con renunciar si no se concretaba este paso, en medio de una fuerte pelea con el jefe de la Policía Víctor Sarnaglia. Si se aprueba este nuevo marco jurídico, el titular de la Policía pierde poder y queda relegado, como ya ocurre, porque la fuerza se dividirá en tres: la parte de seguridad preventiva, que estará a cargo de la Policía; la Agencia de Investigaciones y de Control.
Para Sain, que se empecina en transitar el terreno de la polémica, estos tres proyectos son la base de cualquier cambio, con una matriz institucional que lo diferencia de las políticas coyunturales, marcadas por los hechos de inseguridad.
El desafío político del gobierno peronista, será poder transitar la aprobación de estas leyes en un estado de permanente crisis de la seguridad, ahora aplacada en parte por la cuarentena. Estos proyectos ingresarán por Diputados, con la sospecha de que tendrá más resistencia en los senadores peronistas que en los legisladores del Frente Progresista. Sain confía en que la policía se va a encuadrar a la conducción política. El problema, como escribió en el libro El Péndulo, con respecto a la reforma policial en la provincia de Buenos Aires, es la resistencia del establishment político.
Sain confía en que la policía se va a encuadrar a la conducción política. El problema es la resistencia del establishment político.
Diez objetivos
El proyecto de ley de seguridad pública, al que tuvo acceso Aire de Santa Fe, contiene 10 objetivos, con un eje de reforma en el plano institucional. “Es necesario fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conducción política de la policía”, señala el documento.
En ese punto el Ministerio de Seguridad se va a ocupar de las tareas administrativas que hace actualmente la policía. Los efectivos “deben centrarse en el desarrollo de las labores operacionales, prescindiendo de las tareas administrativas”. Actualmente, sólo el 60 por ciento de los agentes prestan servicios “en la calle”.
En este proyecto se asigna al Ministerio de Seguridad “la dirección superior y la administración general del sistema policial de la provincia”. “Son dos funciones claves en la relación entre la política y la policía”, señala el proyecto. A esto se suma que el ministro de Seguridad, según este proyecto, va a “administrar y disponer” de fondos especiales que serán asignados en materia de investigación criminal a cada órgano policial. Los fondos especiales o reservados comenzaron a ser utilizados desde 1988 y estaban destinados a la Brigada Especial Antinarcóticos. Después se amplió a la TOE y a Asuntos Internos y en 2014 se asignaron a la PDI. El objetivo es cortar “el autogobierno policial, que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina”.
El proyecto busca es cortar "el autogobierno policial, que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina"
Sain buscará “fortalecer” el ministerio de Seguridad porque –según observan- “es una cáscara vacía”, que no tenía funcionarios especializados y toda su función se enfocaba en utilizar “a la policía como único instrumento” para intervenir en materia de seguridad preventiva.
En el diagnóstico del Ministerio de Seguridad se menciona también que en la policía “hay un sobredimensionamiento de las áreas de conducción superior, como la jefatura y subjefatura, en detrimento de las operativas, como los departamentos de policía y las comisarías”.
La otra falencia que apuntan en el Ministerio es la escasa información con la que cuenta actualmente. El ejemplo que sirve para tabular este punto es que no se sabe cuántos policías ni armas reglamentarias hay en la provincia. En diciembre pasado la jefatura de policía informó que contaba con 21.368 efectivos, de los cuales 20.182 prestaban servicio. El Departamento de Personal, conocido como D1, informó una cifra diferente. Según esa área, había 21.431 agentes, con 20.457 en servicio. La diferencia entre los policías en servicio era de 275. Por eso, la ley propone la creación de un Observatorio de Seguridad Pública, que en los hechos ya está en funcionamiento, para articular la información, incluso otra esencial, que es “la cifra negra de criminalidad”. No hay estudios para conocer los delitos no registrados o tipos de violencias sociales graves, como la que se ejerce contra las mujeres. Ante este contexto, según el documento elaborado por Sain y su equipo, “se ha gestionado seguridad a ciegas”, que respondió a “una estrategia a amoldarse a la opinión pública y evitar situaciones de crisis política que esmerilen la legitimidad del gobierno”.
La otra temática que aborda la ley es la “prevención de la violencia con armas de fuego”, al crear una agencia especializada que estará encargada de la abordar este delito. El 80 por ciento de los homicidios en la provincia se ejecutan con armas. Nunca el gobierno ni la Justicia pudieron establecer con cierta claridad cómo se alimenta el mercado negro de armas.
Es parte de la visión sobre la reforma en seguridad que iniciará el gobierno, tras una serie de discusiones en foros, como los de las dos universidades de Rosario y Santa Fe, en un contexto complicado en materia de inseguridad y violencia, que sólo pudo apaciguar hasta ahora la cuarentena obligatoria.
El desafío político pasará por discutir una reforma en medio de otra epidemia, la de la violencia, que puso en un estado de crisis permanente a la seguridad desde 2013. Lo que empieza a mostrar la “vieja” realidad santafesina es que cuando se empieza a flexibilizar la cuarentena vuelven a encenderse los homicidios y los robos, como comienza a verse en Santa Fe y Rosario.
En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura del 1º de mayo pasado, el gobernador Omar Perotti anunció que tres leyes “claves” en materia de seguridad, que elaboró el Ministerio a cargo de Marcelo Sain, serán enviadas a la Legislatura, tras un proceso de consultas y debate con la ciudadanía. Perotti insistió frente a las pantallas de los legisladores que “es un imperativo la modernización del sistema de seguridad pública de Santa Fe”.
Estos tres proyectos son considerados como la base de la reforma policial, que incluso tiene un alcance mayor porque abarca también el sistema de seguridad en su conjunto, con un ministerio con mayor poder político sobre la fuerza. Las leyes son la de “seguridad pública”, que es el paraguas de otras dos que son “ley del sistema policial” y la de “control del sistema policial.
Toda la arquitectura normativa ya está lista y en manos de Perotti, a quien Sain le envió con urgencia y trasladándole la presión, los proyectos y una extensa argumentación en la que se explica el alcance de esta reforma, que –según el ministro de Seguridad de Santa Fe- parte de una “preocupante paradoja”.
Sain le envió a Perotti los proyectos con urgencia, acompañados de una extensa argumentación en la que se explica el alcance de esta reforma
“Por un lado, los problemas de seguridad ocupan un lugar destacado en la agenda social y política, y por otro el sistema político no ha sido capaz, hasta ahora, de sancionar una legislación que regule los principales instrumentos institucionales para su abordaje”, apunta el documento. A excepción de Santa Fe, las provincias más grandes tienen un marco normativo más moderno como Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Mendoza.
Antes de que Perotti anunciara que se enviarán estas leyes, el ministro de Seguridad amenazó con renunciar si no se concretaba este paso, en medio de una fuerte pelea con el jefe de la Policía Víctor Sarnaglia. Si se aprueba este nuevo marco jurídico, el titular de la Policía pierde poder y queda relegado, como ya ocurre, porque la fuerza se dividirá en tres: la parte de seguridad preventiva, que estará a cargo de la Policía; la Agencia de Investigaciones y de Control.
Para Sain, que se empecina en transitar el terreno de la polémica, estos tres proyectos son la base de cualquier cambio, con una matriz institucional que lo diferencia de las políticas coyunturales, marcadas por los hechos de inseguridad.
El desafío político del gobierno peronista, será poder transitar la aprobación de estas leyes en un estado de permanente crisis de la seguridad, ahora aplacada en parte por la cuarentena. Estos proyectos ingresarán por Diputados, con la sospecha de que tendrá más resistencia en los senadores peronistas que en los legisladores del Frente Progresista. Sain confía en que la policía se va a encuadrar a la conducción política. El problema, como escribió en el libro El Péndulo, con respecto a la reforma policial en la provincia de Buenos Aires, es la resistencia del establishment político.
Sain confía en que la policía se va a encuadrar a la conducción política. El problema es la resistencia del establishment político.
Diez objetivos
El proyecto de ley de seguridad pública, al que tuvo acceso Aire de Santa Fe, contiene 10 objetivos, con un eje de reforma en el plano institucional. “Es necesario fortalecer las capacidades de gobierno en materia de seguridad y de conducción política de la policía”, señala el documento.
En ese punto el Ministerio de Seguridad se va a ocupar de las tareas administrativas que hace actualmente la policía. Los efectivos “deben centrarse en el desarrollo de las labores operacionales, prescindiendo de las tareas administrativas”. Actualmente, sólo el 60 por ciento de los agentes prestan servicios “en la calle”.
En este proyecto se asigna al Ministerio de Seguridad “la dirección superior y la administración general del sistema policial de la provincia”. “Son dos funciones claves en la relación entre la política y la policía”, señala el proyecto. A esto se suma que el ministro de Seguridad, según este proyecto, va a “administrar y disponer” de fondos especiales que serán asignados en materia de investigación criminal a cada órgano policial. Los fondos especiales o reservados comenzaron a ser utilizados desde 1988 y estaban destinados a la Brigada Especial Antinarcóticos. Después se amplió a la TOE y a Asuntos Internos y en 2014 se asignaron a la PDI. El objetivo es cortar “el autogobierno policial, que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina”.
El proyecto busca es cortar "el autogobierno policial, que signó gran parte de la historia institucional de la democracia santafesina"
Sain buscará “fortalecer” el ministerio de Seguridad porque –según observan- “es una cáscara vacía”, que no tenía funcionarios especializados y toda su función se enfocaba en utilizar “a la policía como único instrumento” para intervenir en materia de seguridad preventiva.
En el diagnóstico del Ministerio de Seguridad se menciona también que en la policía “hay un sobredimensionamiento de las áreas de conducción superior, como la jefatura y subjefatura, en detrimento de las operativas, como los departamentos de policía y las comisarías”.
La otra falencia que apuntan en el Ministerio es la escasa información con la que cuenta actualmente. El ejemplo que sirve para tabular este punto es que no se sabe cuántos policías ni armas reglamentarias hay en la provincia. En diciembre pasado la jefatura de policía informó que contaba con 21.368 efectivos, de los cuales 20.182 prestaban servicio. El Departamento de Personal, conocido como D1, informó una cifra diferente. Según esa área, había 21.431 agentes, con 20.457 en servicio. La diferencia entre los policías en servicio era de 275. Por eso, la ley propone la creación de un Observatorio de Seguridad Pública, que en los hechos ya está en funcionamiento, para articular la información, incluso otra esencial, que es “la cifra negra de criminalidad”. No hay estudios para conocer los delitos no registrados o tipos de violencias sociales graves, como la que se ejerce contra las mujeres. Ante este contexto, según el documento elaborado por Sain y su equipo, “se ha gestionado seguridad a ciegas”, que respondió a “una estrategia a amoldarse a la opinión pública y evitar situaciones de crisis política que esmerilen la legitimidad del gobierno”.
La otra temática que aborda la ley es la “prevención de la violencia con armas de fuego”, al crear una agencia especializada que estará encargada de la abordar este delito. El 80 por ciento de los homicidios en la provincia se ejecutan con armas. Nunca el gobierno ni la Justicia pudieron establecer con cierta claridad cómo se alimenta el mercado negro de armas.
Con información de
Aire de Santa Fe
