Según el administrador del Poder Judicial, en dos semanas la justicia entrará en una crisis financiera el mes próximo
Por:
Lucía Salinas
Lunes 18 de
Mayo 2020
La Corte Suprema no respondió aún al pedido de la Magistratura para que el máximo tribunal solicite al gobierno una asistencia de 16.000 millones de pesos hasta fin de año.
Una grave crisis financiera del Poder Judicial está en puerta. Hace más de veinte días, el Administrador General anticipó que se tenía “garantizado el funcionamiento del personal y el pago de los sueldos hasta el mes de junio” y que esto es posible por una ayuda del Tesoro nacional de 7.316 millones de pesos. Con la caída en la recaudación de los recursos propios que genera la justicia por la feria judicial extraordinaria causada por el coronavirus, el administrador advirtió que no se llegará a fin de año, que sólo podrá hacerlo si el Poder judicial recibe una asistencia de 16.000 millones de pesos. El pedido fue elevado a la Corte Suprema de Justicia y según señalaron a Clarín, “no hubo ninguna respuesta formal aún”.
“En cierta medida tenemos garantizado el funcionamiento” hasta junio, dijo el Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Carlos Bedetta, en uno de los plenarios del Consejo de la Magistratura. Ese plazo llegarán en sólo dos semanas, cuando se acabará la ayuda del tesoro que permitió cubrir la totalidad de los gastos de personal y salarios de este primer semestre del año, signado por la emergencia sanitaria del Covid19.
El cálculo de 16.000 millones de pesos emerge de un informe que hace más de veinte días se remitió a la Corte. Según Bedetta, "los niveles de recaudación en relación con el año 2019 sufrieron una baja sustancial. En este mes, en relación al mismo período del año anterior, es de un 50% abajo, y los gastos de personal y funcionamiento han crecido por encima del 60%".
En el plenario de la Magistratura, la decisión fue requerir un salvataje financiero. "Tenemos que realizar un requerimiento al Tesoro Nacional con antelación suficiente. Tenemos garantizado el funcionamiento y pago de sueldos del personal judicial hasta junio, esto con la ayuda del Tesoro que suman la totalidad del primer semestre 7.300 millones de pesos", se explayó en aquel momento Bedetta.
A doce días de ingresar al sexto mes del año, la caída de la recaudación propia por servicios de justicia se profundizó, y como consecuencia de ello, apremia percibir una ayuda financiera. La preocupación va en aumento, La gran parte de los recursos -propios o derivados- se destina a los elevados salarios de los funcionarios judiciales, que tampoco pagan el impuesto a las Ganancias y desde el 22 de abril están prestando un servicio reducido en muchos fueros.
Según el documento elevado al máximo tribunal, y que ya dio a conocer Clarín, se detalla que por mes sólo al pago de sueldos (que insume el 97% de la partida presupuestaria) se destinan 4.829 millones de pesos.
La erogación anual en sueldos es de 62.465 millones de pesos. Pero si sumamos los gastos de alquileres, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y otras transferencias, la Justicia federal y nacional gastará este año 65.114 millones de pesos.
El documento que el administrador general del Poder Judicial elevó a la Corte sostiene que el déficit de crédito proyectado para el Ejercicio 2020 asciende a 16.065 millones de pesos.
Sólo en "gastos en personal, el déficit anual totaliza 15.584 millones de pesos", destacándose que la proyección "no incluye aumentos por paritarias para el corriente ejercicio, los cuales deberían ser financiados en su totalidad por el Tesoro Nacional".
Este nivel de crédito permite hacer frente a los sueldos hasta septiembre. Para cubrir las necesidades vinculadas al rubro "bienes de consumo y servicios", hacen falta 427 millones de pesos. Ahí entran las transferencias de fondos a los juzgados y oficinas para gastos de funcionamiento, automotores e intendencia, la adquisición de insumos de impresión y librería (como resmas de papel), el pago de los servicios públicos, alquileres, limpieza, honorarios profesionales, viáticos, etc.
Aunque la administración del Poder Judicial corresponde al Consejo de la Magistratura, el pedido de asistencia financiera debe ser formulado por la Corte, como cabeza de ese poder del Estado. Lo incómodo para sus jueces es que el máximo tribunal maneja un fondo anticíclico que hasta marzo pasado era de unos 30.000 millones de pesos. Ese mes, la Corte decidió acudir a él para financiar algunos de sus gastos.
“En cierta medida tenemos garantizado el funcionamiento” hasta junio, dijo el Administrador General del Poder Judicial de la Nación, Carlos Bedetta, en uno de los plenarios del Consejo de la Magistratura. Ese plazo llegarán en sólo dos semanas, cuando se acabará la ayuda del tesoro que permitió cubrir la totalidad de los gastos de personal y salarios de este primer semestre del año, signado por la emergencia sanitaria del Covid19.
El cálculo de 16.000 millones de pesos emerge de un informe que hace más de veinte días se remitió a la Corte. Según Bedetta, "los niveles de recaudación en relación con el año 2019 sufrieron una baja sustancial. En este mes, en relación al mismo período del año anterior, es de un 50% abajo, y los gastos de personal y funcionamiento han crecido por encima del 60%".
En el plenario de la Magistratura, la decisión fue requerir un salvataje financiero. "Tenemos que realizar un requerimiento al Tesoro Nacional con antelación suficiente. Tenemos garantizado el funcionamiento y pago de sueldos del personal judicial hasta junio, esto con la ayuda del Tesoro que suman la totalidad del primer semestre 7.300 millones de pesos", se explayó en aquel momento Bedetta.
A doce días de ingresar al sexto mes del año, la caída de la recaudación propia por servicios de justicia se profundizó, y como consecuencia de ello, apremia percibir una ayuda financiera. La preocupación va en aumento, La gran parte de los recursos -propios o derivados- se destina a los elevados salarios de los funcionarios judiciales, que tampoco pagan el impuesto a las Ganancias y desde el 22 de abril están prestando un servicio reducido en muchos fueros.
Según el documento elevado al máximo tribunal, y que ya dio a conocer Clarín, se detalla que por mes sólo al pago de sueldos (que insume el 97% de la partida presupuestaria) se destinan 4.829 millones de pesos.
La erogación anual en sueldos es de 62.465 millones de pesos. Pero si sumamos los gastos de alquileres, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y otras transferencias, la Justicia federal y nacional gastará este año 65.114 millones de pesos.
El documento que el administrador general del Poder Judicial elevó a la Corte sostiene que el déficit de crédito proyectado para el Ejercicio 2020 asciende a 16.065 millones de pesos.
Sólo en "gastos en personal, el déficit anual totaliza 15.584 millones de pesos", destacándose que la proyección "no incluye aumentos por paritarias para el corriente ejercicio, los cuales deberían ser financiados en su totalidad por el Tesoro Nacional".
Este nivel de crédito permite hacer frente a los sueldos hasta septiembre. Para cubrir las necesidades vinculadas al rubro "bienes de consumo y servicios", hacen falta 427 millones de pesos. Ahí entran las transferencias de fondos a los juzgados y oficinas para gastos de funcionamiento, automotores e intendencia, la adquisición de insumos de impresión y librería (como resmas de papel), el pago de los servicios públicos, alquileres, limpieza, honorarios profesionales, viáticos, etc.
Aunque la administración del Poder Judicial corresponde al Consejo de la Magistratura, el pedido de asistencia financiera debe ser formulado por la Corte, como cabeza de ese poder del Estado. Lo incómodo para sus jueces es que el máximo tribunal maneja un fondo anticíclico que hasta marzo pasado era de unos 30.000 millones de pesos. Ese mes, la Corte decidió acudir a él para financiar algunos de sus gastos.
Con información de
Clarín
