Corte oscila: ¿Fallo con nombres propios o más amplio?, el regreso del "conversador" y brasas en Casación
Por:
Gabriel Morini
Martes 13 de
Octubre 2020
Máximo Tribunal debe definir si circunscribe decisión por traslados a Bruglia, Berttuzzi y Castelli o si revisa procedimiento constitucional de nombramiento de jueces. Desde allí, las mayorías. Gobierno se preocupa por saber. Confirmado retorno a la arena judicial y tres expedientes clave en máximo tribunal penal.
A la gresca que, como en los dibujitos animados, generó una nube de humo en la que volaron piñas y patadas para todos los costados en las que cualquiera puede dar y recibir, le sucedió una tensa calma, que aplacó temporalmente los ánimos. La relación entre oficialismo y oposición con el Poder Judicial y la Corte Suprema en el medio ingresó en un impasse a la espera de una definición respecto de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Ya nadie es capaz de arriesgar pronósticos certeros cuando el máximo Tribunal demostró que con hermetismo y blindaje puede jugar a la sorpresa con su imprevisibilidad. Eso lo consideran un activo y hacia allí se dirigen. Por eso es tan difícil adivinar cuándo será el “Día B” (por Bruglia-Bertuzzi) en el que se conozca la sentencia en un caso que la política tomó como bandera de los extremos.
Luego de la apertura del per saltum arreciaron los llamados telefónicos a varias vocalías. El Gobierno percibió que era intolerable que funcionarios de la más alta jerarquía hubiesen tenido, al mediodía, el mensaje cambiado respecto a que ya existía una mayoría que había ingresado el voto a favor de la apertura del recurso a las 10 de la mañana de ese martes. La desorientación era absoluta cuando repetían que no había acuerdo y que no se iba a tocar el per saltum. Coincidió cronológicamente con las voces en el gobierno que salían a despegarse del pedido de juicio político de la consejera oficialista Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz. Fue balanceado con el mal paso que el presidente del máximo Tribunal dio luego con la fallida reunión de la Comisión Interpoderes para analizar la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad que se volvió un búmeran. Pero que contó con un desaire del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que no solo involucró a Rosenkrantz, sino que acusó de demora a toda la Corte. Pese a la batalla superficial, hubo contactos en todas las escalas y lo que reclamaban era siempre lo mismo: información.
En el camino se empezaron a cruzar versiones sobre posibles caminos que adoptará la Corte y cuándo se expedirá. Una de ellas apuntaba a una especie de solución “salomónica” que invalidara los traslados de los jueces, pero que no los removiera hasta tanto se sustanciaran los concursos, y obviamente con una fórmula que ratificara sus actuaciones hasta el momento. Una forma de devolverle a la política (es decir al Consejo de la Magistratura) el “adoquín” que había escalado. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo establecer Ámbito, el primer problema que se debe desentrañar es otro: el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli ¿tendrá una solución con nombres propios? Es decir, ¿se circunscribirá sólo al planteo de los demandantes para quedarse en la Cámara Federal y TOF? ¿O el fallo podría tener implicancias para la revisión constitucional de todos los traslados de jueces como mecanismo vidriosamente regulado? Una vez despejada esa incógnita será el momento de construir las mayorías necesarias. Pero el primer interrogante resultará “ordenador” de las distintas posiciones que conviven hoy en el máximo Tribunal sobre cómo abordar la sentencia de fondo. La disyuntiva es “focalizado o amplio”. La siguiente es cómo resultarán esas mayorías con el compás de espera que derivó en cascoteo inicial, contactos posteriores y cese al fuego momentáneo.
A este escenario debe agregársele el componente de la dinámica propia de la Corte donde –además de reinar la desconfianza mutua- los jueces mantienen alianzas tácticas, como ya se vio con el voto de la denominada “mayoría peronista” –que incluye a Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda- que trabajó en sigilo más allá del radar de Rosenkrantz, que había forzado al acuerdo extraordinario. El modelo podría (o no) replicarse. En el cuarto piso del Palacio, como es de uso y costumbre, comenzó la redacción individual. Por eso el tema no volvió a emerger en el Zoom de los ministros. No es un TP de la facultad donde es preciso poner en común los avances. Eso ocurre en comunicaciones directas y a través de segundas líneas, que para casos como estos, acotan al círculo más cercano de colaboradores el conocimiento de los borradores de los votos. Desde hoy y hasta dentro de dos semanas, la decisión podría conocerse en cualquier momento. La firma digital puede precipitar cualquier movimiento logístico que de otra forma hubiese servido de alerta.
¿Certezas? Ninguna. Eso es lo que cosecharon los funcionarios de distinto orden que cursaron consultas a la Corte. En el gobierno se lamentaban de que Alberto Fernández insista en mantener inactivo al jefe de asesores Juan Manuel Olmos, de sabida experiencia en las arenas movedizas del mundo judicial, aunque no en el cuarto piso. Juran que desde que asumió no movió sus contactos e influencias para atajar ninguno de los problemas que tuvo el Ejecutivo en esa área, pese a ser su expertise, por expresa instrucción presidencial. Sin embargo, en otras latitudes de la extensa comarca oficialista celebran el retorno a las pistas del Auditor General de la Nación Javier Fernández, cuyo regreso a los alrededores del Frente de Todos fue adelantado en este diario el 24 de agosto pasado. En su rol de “conversador” (como una suerte de antídoto al mote de operador) el mundo judicial percibió sus sutilezas en sucesivos fallos favorables del fuero Contencioso Administrativo Federal que no solo le dio la espalda a los jueces trasladados, sino que abortó el intento de Cambiemos de judicializar toda la labor de sesiones remotas en el Congreso.
La habilidad de tejer hilos invisibles es una cualidad requerida en un contexto de desbande generalizado donde, a excepción del juez federal Ariel Lijo desde Comodoro Py, no emergen los liderazgos. Quien también apareció en escena, es otro Fernández. Nicolás Fernández, el exsenador santacruceño.
Fuera de los alcances del Palacio, la Cámara Federal de Casación Penal tiene una hoja de ruta compleja para el mundo de la política. La Sala I debe decidir específicamente si los arrepentimientos en “cuadernos” con solo un acta y sin grabación tienen valor, una decisión caliente como ya se anticipó en estas líneas. Un fallo dividido podría no ser el final del camino para esa controversia advertida desde un comienzo de la deficiente investigación. Es trascendente. Al ser una sentencia interlocutoria –por las nulidades- por Código tendrían solo 5 días para resolver después de que el viernes la fiscal de juicio Fabiana León confirmara la inexistencia de registros más allá del acta. ¿Podría darse un fallo dividido que considerase que al momento de tomarse los arrepentimientos había un estándar vigente y que se resuelva en el juicio oral?
La Sala II debe definir la causa por espionaje ilegal que se tramita en Dolores podría o no pasar a Comodoro Py que tuvo la precaución, en su momento, de darle de manera “provisoria” el expediente a Alejo Ramos Padilla. Sucede que en una causa paralela, se aceptó la recusación del juez por parte del exministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano que apuntaba a correr del mapa a Dolores en la trama del falso abogado Marcelo D´Alessio y cuyo objetivo final era generar el precedente para el tramo principal que le sigue dando dolores de cabeza al macrismo, valga la redundancia. El camarista Daniel Petrone se excusó por su relación con Garavano, por lo que la decisión quedó en manos de Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi como reemplazo. El imán de Retiro comenzará su atracción.
El tercer ítem llega de la mano de la causa de Lomas de Zamora también por espionaje ilegal, en una Sala todavía a determinar, donde el macrismo en pleno quiere que el caso abandone la jurisdicción del conurbano para mudarse a Comodoro Py. No fue sorteada la sala de Casación que deba intervenir en un conflicto de competencia como el que se suscitó. Pero la divulgación de actas no testadas del registro de la AFI que fueron “colgadas” en el sistema abrió una causa paralela en manos de la jueza María Servini que podría tener incidencia en el desarrollo de los acontecimientos. Junto a la Corte, los expedientes que tiene a mano Casación constituyen los temas centrales del mapa judicial.
Luego de la apertura del per saltum arreciaron los llamados telefónicos a varias vocalías. El Gobierno percibió que era intolerable que funcionarios de la más alta jerarquía hubiesen tenido, al mediodía, el mensaje cambiado respecto a que ya existía una mayoría que había ingresado el voto a favor de la apertura del recurso a las 10 de la mañana de ese martes. La desorientación era absoluta cuando repetían que no había acuerdo y que no se iba a tocar el per saltum. Coincidió cronológicamente con las voces en el gobierno que salían a despegarse del pedido de juicio político de la consejera oficialista Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz. Fue balanceado con el mal paso que el presidente del máximo Tribunal dio luego con la fallida reunión de la Comisión Interpoderes para analizar la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad que se volvió un búmeran. Pero que contó con un desaire del Gobierno a través del Ministerio de Justicia, que no solo involucró a Rosenkrantz, sino que acusó de demora a toda la Corte. Pese a la batalla superficial, hubo contactos en todas las escalas y lo que reclamaban era siempre lo mismo: información.
En el camino se empezaron a cruzar versiones sobre posibles caminos que adoptará la Corte y cuándo se expedirá. Una de ellas apuntaba a una especie de solución “salomónica” que invalidara los traslados de los jueces, pero que no los removiera hasta tanto se sustanciaran los concursos, y obviamente con una fórmula que ratificara sus actuaciones hasta el momento. Una forma de devolverle a la política (es decir al Consejo de la Magistratura) el “adoquín” que había escalado. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo establecer Ámbito, el primer problema que se debe desentrañar es otro: el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli ¿tendrá una solución con nombres propios? Es decir, ¿se circunscribirá sólo al planteo de los demandantes para quedarse en la Cámara Federal y TOF? ¿O el fallo podría tener implicancias para la revisión constitucional de todos los traslados de jueces como mecanismo vidriosamente regulado? Una vez despejada esa incógnita será el momento de construir las mayorías necesarias. Pero el primer interrogante resultará “ordenador” de las distintas posiciones que conviven hoy en el máximo Tribunal sobre cómo abordar la sentencia de fondo. La disyuntiva es “focalizado o amplio”. La siguiente es cómo resultarán esas mayorías con el compás de espera que derivó en cascoteo inicial, contactos posteriores y cese al fuego momentáneo.
A este escenario debe agregársele el componente de la dinámica propia de la Corte donde –además de reinar la desconfianza mutua- los jueces mantienen alianzas tácticas, como ya se vio con el voto de la denominada “mayoría peronista” –que incluye a Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda- que trabajó en sigilo más allá del radar de Rosenkrantz, que había forzado al acuerdo extraordinario. El modelo podría (o no) replicarse. En el cuarto piso del Palacio, como es de uso y costumbre, comenzó la redacción individual. Por eso el tema no volvió a emerger en el Zoom de los ministros. No es un TP de la facultad donde es preciso poner en común los avances. Eso ocurre en comunicaciones directas y a través de segundas líneas, que para casos como estos, acotan al círculo más cercano de colaboradores el conocimiento de los borradores de los votos. Desde hoy y hasta dentro de dos semanas, la decisión podría conocerse en cualquier momento. La firma digital puede precipitar cualquier movimiento logístico que de otra forma hubiese servido de alerta.
¿Certezas? Ninguna. Eso es lo que cosecharon los funcionarios de distinto orden que cursaron consultas a la Corte. En el gobierno se lamentaban de que Alberto Fernández insista en mantener inactivo al jefe de asesores Juan Manuel Olmos, de sabida experiencia en las arenas movedizas del mundo judicial, aunque no en el cuarto piso. Juran que desde que asumió no movió sus contactos e influencias para atajar ninguno de los problemas que tuvo el Ejecutivo en esa área, pese a ser su expertise, por expresa instrucción presidencial. Sin embargo, en otras latitudes de la extensa comarca oficialista celebran el retorno a las pistas del Auditor General de la Nación Javier Fernández, cuyo regreso a los alrededores del Frente de Todos fue adelantado en este diario el 24 de agosto pasado. En su rol de “conversador” (como una suerte de antídoto al mote de operador) el mundo judicial percibió sus sutilezas en sucesivos fallos favorables del fuero Contencioso Administrativo Federal que no solo le dio la espalda a los jueces trasladados, sino que abortó el intento de Cambiemos de judicializar toda la labor de sesiones remotas en el Congreso.
La habilidad de tejer hilos invisibles es una cualidad requerida en un contexto de desbande generalizado donde, a excepción del juez federal Ariel Lijo desde Comodoro Py, no emergen los liderazgos. Quien también apareció en escena, es otro Fernández. Nicolás Fernández, el exsenador santacruceño.
Fuera de los alcances del Palacio, la Cámara Federal de Casación Penal tiene una hoja de ruta compleja para el mundo de la política. La Sala I debe decidir específicamente si los arrepentimientos en “cuadernos” con solo un acta y sin grabación tienen valor, una decisión caliente como ya se anticipó en estas líneas. Un fallo dividido podría no ser el final del camino para esa controversia advertida desde un comienzo de la deficiente investigación. Es trascendente. Al ser una sentencia interlocutoria –por las nulidades- por Código tendrían solo 5 días para resolver después de que el viernes la fiscal de juicio Fabiana León confirmara la inexistencia de registros más allá del acta. ¿Podría darse un fallo dividido que considerase que al momento de tomarse los arrepentimientos había un estándar vigente y que se resuelva en el juicio oral?
La Sala II debe definir la causa por espionaje ilegal que se tramita en Dolores podría o no pasar a Comodoro Py que tuvo la precaución, en su momento, de darle de manera “provisoria” el expediente a Alejo Ramos Padilla. Sucede que en una causa paralela, se aceptó la recusación del juez por parte del exministro de Justicia de Cambiemos Germán Garavano que apuntaba a correr del mapa a Dolores en la trama del falso abogado Marcelo D´Alessio y cuyo objetivo final era generar el precedente para el tramo principal que le sigue dando dolores de cabeza al macrismo, valga la redundancia. El camarista Daniel Petrone se excusó por su relación con Garavano, por lo que la decisión quedó en manos de Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Eduardo Riggi como reemplazo. El imán de Retiro comenzará su atracción.
El tercer ítem llega de la mano de la causa de Lomas de Zamora también por espionaje ilegal, en una Sala todavía a determinar, donde el macrismo en pleno quiere que el caso abandone la jurisdicción del conurbano para mudarse a Comodoro Py. No fue sorteada la sala de Casación que deba intervenir en un conflicto de competencia como el que se suscitó. Pero la divulgación de actas no testadas del registro de la AFI que fueron “colgadas” en el sistema abrió una causa paralela en manos de la jueza María Servini que podría tener incidencia en el desarrollo de los acontecimientos. Junto a la Corte, los expedientes que tiene a mano Casación constituyen los temas centrales del mapa judicial.
Con información de
Ámbito
