Facundo Moyano desafía a Axel Kicillof: desconoce la conciliación obligatoria y sigue el paro del sindicato de peajes
Por:
María José Lucesole
Martes 03 de
Enero 2023
Toma voltaje político la disputa: ni en tiempo de Vidal hubo tanto conflicto, afirmó el gremio que exige la renuncia de un funcionario designado por Kicillof y aliado de Sergio Massa.
El sindicato que conduce Facundo Moyano desconoció una orden de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación destinada a regularizar el cobro de peajes en las autopista La Plata-Buenos Aires y las autopistas hacia la Costa Atlántica. El gremio mantiene hoy el paro, que ya lleva más de 48 horas y generó pérdidas millonarias.
Las barreras de los peajes que conectan a la capital de provincia con la Ciudad Autónoma y con la Costa Atlántica están levantadas desde el domingo pese a que ayer el ministerio de Trabajo de la Nación exhortó a regularizar el conflicto por otra vía que no sea una medida de fuerza.
El conflicto por la vía de fuerza es sostenido por el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) que lidera a Facundo Moyano, exdiputado del Frente de Todos. El gremio fue denunciado por la empresa administradora de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa).
En concreto, Aubasa denunció falta de acatamiento a la orden en los peajes de Dock Sud, Hudson, Bernal, Berazategui, Quilmes, Ramal Gutiérrez y en los peajes del camino a la costa, en pleno inicio de temporada de alta de verano.
El gremio denuncia incumplimientos de varias condiciones laborales. Pero el reclamo de fondo está vinculado con la resistencia al actual presidente de la empresa Ricardo Lissalde, un hombre cercano a Sergio Massa.
El sindicato metió un ingrediente político a la hora de forzar la renuncia de Lissalde: “Ni siquiera en el gobierno de [María Eugenia] Vidal llegamos a este nivel de conflictividad e imposibilidad de acuerdo y mucho menos con el gobernador Scioli”, expresó en un comunicado difundido para explicar la continuidad del paro. Y siguió: “Desde que el señor Lissalde asumió al frente de la presidencia de Aubasa hemos ingresado en un espiral de conflictos que parece no tener fin”.
Tras el llamado a conciliación del ministerio de Trabajo el sindicato reiteró que sigue en paro por tiempo indeterminado: “No permitiremos que nadie pretenda avasallarnos. Los derechos de los trabajadores no se negocian”, expresó Sutpa.
La medida de fuerza comenzó el 1° de enero a las dos de la mañana “de manera intempestiva y por tiempo indeterminado” – según Aubasa- con “el levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del SVIA y de la Autopista Buenos Aires – La Plata, impidiéndose con ello el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo”.
Desde la empresa se destacó que en esta época el trabajo operativo “es crucial y al 100% de nuestros colaboradores atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.
“Esta medida resulta totalmente injustificada- dijo la administradora que dirige Lissalde-. Y enumeró: “En primer lugar, desconocemos sus razones, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual; estamos pagando el bono que recientemente indico el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el Sutpa aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”, dijo la empresa.
Aubasa informó que cuando se haga efectivo en marzo el nuevo cuadro tarifario permitirá avanzar en el equilibrio de los costos de operación.
La empresa informó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo de Nación de esta medida gremial considerada “intempestiva” y solicitó la conciliación obligatoria, ya que se están violando los acuerdos que contemplan paz social, así como las leyes que regulan el procedimiento previo al inicio a una medida de acción directa.
La empresa hizo reserva de derecho de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esta medida.
La decisión que ha tomado el sindicato “perjudica inmensamente a la empresa y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de 60 millones de pesos por día”, dijo Lissalde a LA NACION.
El orígen del conflicto
A mediados del año pasado el sindicato denunció formalmente a la empresa por el no cumplimiento de las paritarias: fue el 20 de julio último. Allí se estableció la creación de una mesa bipartita para analizar la implementación de tecnología y la eventual reconversión laboral “con especial atención en la defensa de los puestos de trabajo”.
Entonces el gremio denunció que el presidente de Aubasa pretendía implementar una abrupta modificación en las condiciones laborales – que supone traslados de personal administrativos a puestos de peajes según el gremio- más implementación de tecnología sin considerar como afectará a la dotación de personal.
A su vez, Aubasa dejó trascender las pérdidas millonarias que tuvo el Estado por el levantamiento de barreras y bloqueo del cobro de peajes por vías manuales y dinámicas – como telepeaje-. El año pasado cuantificó las pérdidas en cien millones. Este año afirma que ya lleva perdidos 60 millones dado que el paro se da en temporada alta.
La pulseada tomó estado público no sólo por la apertura de las barreras: por una semana en los carteles de los peajes, en lugar de dar avisos de tránsito, se exigió la renuncia de Ricardo Lissalde: ahora los sindicalistas esperan que el gobierno de Kicillof aparte al funcionario.
Las barreras de los peajes que conectan a la capital de provincia con la Ciudad Autónoma y con la Costa Atlántica están levantadas desde el domingo pese a que ayer el ministerio de Trabajo de la Nación exhortó a regularizar el conflicto por otra vía que no sea una medida de fuerza.
El conflicto por la vía de fuerza es sostenido por el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) que lidera a Facundo Moyano, exdiputado del Frente de Todos. El gremio fue denunciado por la empresa administradora de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa).
En concreto, Aubasa denunció falta de acatamiento a la orden en los peajes de Dock Sud, Hudson, Bernal, Berazategui, Quilmes, Ramal Gutiérrez y en los peajes del camino a la costa, en pleno inicio de temporada de alta de verano.
El gremio denuncia incumplimientos de varias condiciones laborales. Pero el reclamo de fondo está vinculado con la resistencia al actual presidente de la empresa Ricardo Lissalde, un hombre cercano a Sergio Massa.
El sindicato metió un ingrediente político a la hora de forzar la renuncia de Lissalde: “Ni siquiera en el gobierno de [María Eugenia] Vidal llegamos a este nivel de conflictividad e imposibilidad de acuerdo y mucho menos con el gobernador Scioli”, expresó en un comunicado difundido para explicar la continuidad del paro. Y siguió: “Desde que el señor Lissalde asumió al frente de la presidencia de Aubasa hemos ingresado en un espiral de conflictos que parece no tener fin”.
Tras el llamado a conciliación del ministerio de Trabajo el sindicato reiteró que sigue en paro por tiempo indeterminado: “No permitiremos que nadie pretenda avasallarnos. Los derechos de los trabajadores no se negocian”, expresó Sutpa.
La medida de fuerza comenzó el 1° de enero a las dos de la mañana “de manera intempestiva y por tiempo indeterminado” – según Aubasa- con “el levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del SVIA y de la Autopista Buenos Aires – La Plata, impidiéndose con ello el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo”.
Desde la empresa se destacó que en esta época el trabajo operativo “es crucial y al 100% de nuestros colaboradores atendiendo a los automovilistas que circulen por nuestra traza”.
“Esta medida resulta totalmente injustificada- dijo la administradora que dirige Lissalde-. Y enumeró: “En primer lugar, desconocemos sus razones, pues se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente, incluso al mes de diciembre lo hemos abonado con un incremento a cuenta de futuros aumentos para mitigar la situación económica actual; estamos pagando el bono que recientemente indico el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el Sutpa aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”, dijo la empresa.
Aubasa informó que cuando se haga efectivo en marzo el nuevo cuadro tarifario permitirá avanzar en el equilibrio de los costos de operación.
La empresa informó al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Trabajo de Nación de esta medida gremial considerada “intempestiva” y solicitó la conciliación obligatoria, ya que se están violando los acuerdos que contemplan paz social, así como las leyes que regulan el procedimiento previo al inicio a una medida de acción directa.
La empresa hizo reserva de derecho de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de esta medida.
La decisión que ha tomado el sindicato “perjudica inmensamente a la empresa y al estado provincial y nacional, ya que estimamos una pérdida de 60 millones de pesos por día”, dijo Lissalde a LA NACION.
El orígen del conflicto
A mediados del año pasado el sindicato denunció formalmente a la empresa por el no cumplimiento de las paritarias: fue el 20 de julio último. Allí se estableció la creación de una mesa bipartita para analizar la implementación de tecnología y la eventual reconversión laboral “con especial atención en la defensa de los puestos de trabajo”.
Entonces el gremio denunció que el presidente de Aubasa pretendía implementar una abrupta modificación en las condiciones laborales – que supone traslados de personal administrativos a puestos de peajes según el gremio- más implementación de tecnología sin considerar como afectará a la dotación de personal.
A su vez, Aubasa dejó trascender las pérdidas millonarias que tuvo el Estado por el levantamiento de barreras y bloqueo del cobro de peajes por vías manuales y dinámicas – como telepeaje-. El año pasado cuantificó las pérdidas en cien millones. Este año afirma que ya lleva perdidos 60 millones dado que el paro se da en temporada alta.
La pulseada tomó estado público no sólo por la apertura de las barreras: por una semana en los carteles de los peajes, en lugar de dar avisos de tránsito, se exigió la renuncia de Ricardo Lissalde: ahora los sindicalistas esperan que el gobierno de Kicillof aparte al funcionario.
