El Gobierno se comprometió con el FMI a realizar aumentos superiores al 200% en las boletas de luz y al 150% para el gas
Por:
Agustín Maza
Jueves 01 de
Febrero 2024
Con esos incrementos también buscan reducir los subsidios en 0,5 puntos del PBI durante 2024, tal como fue consignado en el staff report del organismo. También se sumó el aumento del impuesto a los combustibles y la desregulación del sector energético
El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a aplicar aumentos superiores al 200% en las boletas de luz y al 150% en el caso del gas a partir de febrero, a los que se sumarán actualizaciones mensuales. Ese camino es clave en el objetivo de equilibrio fiscal que planteó el ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el objetivo es reducir los subsidios a la energía en 0,5 puntos del PBI durante el 2024. También ratificaron la puesta en marcha de un nuevo esquema de asistencia basado en una canasta básica energética.
Por otro lado, el Palacio de Hacienda espera sumar recaudación a través de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos para compensar el retiro del capitulo fiscal de la ley ómnibus. Más precisamente ese ítem reemplazaría el incremento en las retenciones que contemplaba el proyecto que se debate por estas horas en el Congreso, al tiempo que implicará un ingreso adicional para las provincias.
La información surge del staff report aprobado por el Directorio del organismo correspondiente a la séptima revisión del programa argentino, por el cual se aprobó el desembolso de USD 4.700 millones. Allí mencionaron que, inicialmente, la consolidación del gasto se sustentará en un ajuste del gasto en torno a 3% del PBI. Dentro de las medidas propuestas incluyeron: “Reducciones en los subsidios energéticos ineficientes, con aumentos iniciales en las tarifas de electricidad (superiores al 200%) y gas (superiores al 150%) a partir de febrero, luego de audiencias públicas en las que se espera que las autoridades describan sus planes para recuperar el costo de producción”.
Además se destacaron los próximos aumentos “continuos” en el transporte urbano, en referencia a las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sobre este punto aclararon que serán exceptuados aquellos que reciban asistencia social, mientras que el recorte previsto en subvenciones es de 0,2 puntos del PBI.
En cuanto a las tarifas de energía, en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo estudia la posibilidad de postergar las subas del gas, para evitar un impacto mayor en la inflación, y avanzar con la electricidad. Es que el consumo de luz crece exponencialmente durante el verano y, en consecuencia, el gasto en subsidios es mayor. De hecho, la demanda eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Argentino (SADI) superó este jueves los 29.500 MW y alcanzó un nuevo récord que generó cortes a lo largo del país.
De todos modos, el Ministerio de Economía fijó un rumbo claro en materia fiscal que involucra directamente a las tarifas. Es por eso que se busca una reducción del 0,5% del PBI en las subvenciones en las facturas de energía. El primer paso en ese sentido fueron las audiencias públicas que se celebraron durante las últimas semanas.
Según confirmó Infobae con fuentes oficiales, esa famosa cesta representaría el 10% de los ingresos de cada grupo conviviente, compuesta en partes iguales por luz y gas. Por tanto, si una familia gasta más de ese porcentaje de sus recursos en pagar las facturas el Estado subsidiaría el excedente. Tal como se aclaró, se tendrán en cuenta los tipos de consumo de cada zona geográfica de la Argentina. El informe del Fondo dice que ese proceso se demorará al menos hasta mayo próximo.
Impuesto a los combustibles por retenciones
En otro apartado, el staff report desliza que el aumento en los tributos a los combustibles líquidos reemplazará el ingreso que esperaba Caputo por la suba de retenciones incluida en el texto original de la ley ómnibus, equivalente a 0,5 puntos del PBI. “En cuanto a las medidas fiscales, las autoridades planean ahora normalizar los impuestos especiales sobre los combustibles a partir de febrero, lo que permitirá eliminar los derechos de exportación antes de lo previsto, fortaleciendo así la calidad del ajuste fiscal”, afirmaron.
En efecto, el Gobierno confirmó un aumento de 630% en esos impuestos que redundó en una suba del 6,5% promedio en la nafta súper que vende YPF en la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, aún resta la actualización de los cuatro trimestre de 2023 que serán aplicadas de forma gradual en marzo, abril y mayo próximos. “Si el Gobierno actualiza el impuesto a los combustibles (todo junto), el precio de la nafta podría subir un 25%. El valor real del del tributo cayó un 85% entre dic 2018 y dic 2023. La recaudación mensual cayó un 77%. Nación podría juntar recursos extras por 0,37% del PIB y Provincias por 0,15%”, detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Por último, informe del organismo hizo mención a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía con la desregulación que lleva adelante. “En lo que respecta al sector energético, la alineación de los precios minoristas de los combustibles con los precios internacionales, la propuesta de eliminar el precio máximo interno del petróleo, junto con la fijación de precios de los servicios públicos de electricidad y gas natural basados en el mercado, respaldarán la inversión en las reservas de gas y petróleo no convencional, impulsando posteriormente exportaciones. También se ha presentado legislación al Congreso para fortalecer las regulaciones y mejorar los incentivos para la inversión a largo plazo en energía y minería, incluidos los metales verdes”, sostuvo.
Por otro lado, el Palacio de Hacienda espera sumar recaudación a través de la actualización del impuesto a los combustibles líquidos para compensar el retiro del capitulo fiscal de la ley ómnibus. Más precisamente ese ítem reemplazaría el incremento en las retenciones que contemplaba el proyecto que se debate por estas horas en el Congreso, al tiempo que implicará un ingreso adicional para las provincias.
La información surge del staff report aprobado por el Directorio del organismo correspondiente a la séptima revisión del programa argentino, por el cual se aprobó el desembolso de USD 4.700 millones. Allí mencionaron que, inicialmente, la consolidación del gasto se sustentará en un ajuste del gasto en torno a 3% del PBI. Dentro de las medidas propuestas incluyeron: “Reducciones en los subsidios energéticos ineficientes, con aumentos iniciales en las tarifas de electricidad (superiores al 200%) y gas (superiores al 150%) a partir de febrero, luego de audiencias públicas en las que se espera que las autoridades describan sus planes para recuperar el costo de producción”.
Además se destacaron los próximos aumentos “continuos” en el transporte urbano, en referencia a las tarifas de colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sobre este punto aclararon que serán exceptuados aquellos que reciban asistencia social, mientras que el recorte previsto en subvenciones es de 0,2 puntos del PBI.
En cuanto a las tarifas de energía, en las últimas horas se conoció que la Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo estudia la posibilidad de postergar las subas del gas, para evitar un impacto mayor en la inflación, y avanzar con la electricidad. Es que el consumo de luz crece exponencialmente durante el verano y, en consecuencia, el gasto en subsidios es mayor. De hecho, la demanda eléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Argentino (SADI) superó este jueves los 29.500 MW y alcanzó un nuevo récord que generó cortes a lo largo del país.
De todos modos, el Ministerio de Economía fijó un rumbo claro en materia fiscal que involucra directamente a las tarifas. Es por eso que se busca una reducción del 0,5% del PBI en las subvenciones en las facturas de energía. El primer paso en ese sentido fueron las audiencias públicas que se celebraron durante las últimas semanas.
Según confirmó Infobae con fuentes oficiales, esa famosa cesta representaría el 10% de los ingresos de cada grupo conviviente, compuesta en partes iguales por luz y gas. Por tanto, si una familia gasta más de ese porcentaje de sus recursos en pagar las facturas el Estado subsidiaría el excedente. Tal como se aclaró, se tendrán en cuenta los tipos de consumo de cada zona geográfica de la Argentina. El informe del Fondo dice que ese proceso se demorará al menos hasta mayo próximo.
Impuesto a los combustibles por retenciones
En otro apartado, el staff report desliza que el aumento en los tributos a los combustibles líquidos reemplazará el ingreso que esperaba Caputo por la suba de retenciones incluida en el texto original de la ley ómnibus, equivalente a 0,5 puntos del PBI. “En cuanto a las medidas fiscales, las autoridades planean ahora normalizar los impuestos especiales sobre los combustibles a partir de febrero, lo que permitirá eliminar los derechos de exportación antes de lo previsto, fortaleciendo así la calidad del ajuste fiscal”, afirmaron.
En efecto, el Gobierno confirmó un aumento de 630% en esos impuestos que redundó en una suba del 6,5% promedio en la nafta súper que vende YPF en la Ciudad de Buenos Aires. De todos modos, aún resta la actualización de los cuatro trimestre de 2023 que serán aplicadas de forma gradual en marzo, abril y mayo próximos. “Si el Gobierno actualiza el impuesto a los combustibles (todo junto), el precio de la nafta podría subir un 25%. El valor real del del tributo cayó un 85% entre dic 2018 y dic 2023. La recaudación mensual cayó un 77%. Nación podría juntar recursos extras por 0,37% del PIB y Provincias por 0,15%”, detalló el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Por último, informe del organismo hizo mención a los objetivos que persigue la Secretaría de Energía con la desregulación que lleva adelante. “En lo que respecta al sector energético, la alineación de los precios minoristas de los combustibles con los precios internacionales, la propuesta de eliminar el precio máximo interno del petróleo, junto con la fijación de precios de los servicios públicos de electricidad y gas natural basados en el mercado, respaldarán la inversión en las reservas de gas y petróleo no convencional, impulsando posteriormente exportaciones. También se ha presentado legislación al Congreso para fortalecer las regulaciones y mejorar los incentivos para la inversión a largo plazo en energía y minería, incluidos los metales verdes”, sostuvo.
