Tras los incidentes en el Congreso, la UCR se suma al rechazo al capítulo de seguridad en la ley ómnibus
Jueves 01 de
Febrero 2024
El radicalismo reclamará que se retire ese apartado del proyecto; anoche una militante radical y otras tres mujeres fueron detenidas en las manifestaciones; el oficialismo no tendría los votos para aprobarlo
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, corre serio riesgo de que la Cámara de Diputados rechace in totum el capítulo con atribuciones especiales que demandó en el proyecto de ley de bases para el combate contra el delito. Luego de los incidentes ocurridos anoche frente al Congreso, en los que una militante radical y otras tres mujeres fueron detenidas, el bloque de diputados de la UCR rechazaría los artículos que modifican el Código Penal en lo referido a cuestiones como “legítima defensa” y “resistencia a la autoridad”.
“El despliegue de la Policía Federal, de la Gendarmería y de Prefectura en las inmediaciones del Congreso para contener las protestas por la ley ómnibus fue excesivo, desproporcionado, pocas veces visto. Pareció una provocación. Por solo cantar el himno una militante radical fue detenida. No le vamos a votar a Bullrich el capítulo sobre seguridad contenido en la ley ómnibus”, fue el mensaje que trascendió del bloque que comanda Rodrigo De Loredo.
Se descuenta que el bloque de Unión por la Patria se sumará al rechazo, también disconforme con la actuación de los agentes de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante la primera jornada de debate de la ley ómnibus. Tampoco acompañarán buena parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Sin estos votos, la votación sobre el capítulo sobre seguridad se encamina hacia una derrota segura.
En la iniciativa, la ministra Bullrich propone que se modifiquen varios artículos del Código Penal para endurecer penas por distintos delitos. Uno de los puntos más espinosos es el referido a la “legítima defensa”: el proyecto amplía los casos que deben ser interpretados bajo este rótulo. En la actualidad, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio.
La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y suma a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
El proyecto también incluye otros puntos conflictivos, como los referidos a la organización de las manifestaciones públicas, a saber:
- La suba de penas de uno (1) a tres años (3) y seis meses -antes se determinaba una pena de tres meses a dos años- para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito.
- Se agrega que la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si una persona que bloquea la circulación causara daño a la integridad física de otra.
- Los organizadores de una manifestación serán penados con prisión de dos (2) a cinco (5) años, “estén o no presentes en el acampe”, señala el texto.
- Quienes obliguen a personas a asistir a una movilización o protesta podrán ser penados a una reclusión de tres (3) a seis (6) años.
- Los organizaciones de las manifestaciones serán responsabilizados por los daños de bienes públicos que ocasionen los manifestantes.
- Los menores de 13 años que estén en las manifestaciones sin la tutela de sus padres podrá dar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “si se encontrase en una situación de peligro inminente”.
- Toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
- El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá intimar a los organizadores de la manifestación con el objetivo de que no incurran en el mismo procedimiento. De incumplir, se podrán aplicar multas o sanciones. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana.
“El despliegue de la Policía Federal, de la Gendarmería y de Prefectura en las inmediaciones del Congreso para contener las protestas por la ley ómnibus fue excesivo, desproporcionado, pocas veces visto. Pareció una provocación. Por solo cantar el himno una militante radical fue detenida. No le vamos a votar a Bullrich el capítulo sobre seguridad contenido en la ley ómnibus”, fue el mensaje que trascendió del bloque que comanda Rodrigo De Loredo.
Se descuenta que el bloque de Unión por la Patria se sumará al rechazo, también disconforme con la actuación de los agentes de seguridad en las inmediaciones del Congreso durante la primera jornada de debate de la ley ómnibus. Tampoco acompañarán buena parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Sin estos votos, la votación sobre el capítulo sobre seguridad se encamina hacia una derrota segura.
En la iniciativa, la ministra Bullrich propone que se modifiquen varios artículos del Código Penal para endurecer penas por distintos delitos. Uno de los puntos más espinosos es el referido a la “legítima defensa”: el proyecto amplía los casos que deben ser interpretados bajo este rótulo. En la actualidad, para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, hay que tener en cuenta siempre la “proporcionalidad del medio empleado” para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Con los cambios que busca introducir el Ejecutivo, por ejemplo, Luis Chocobar, el policía bonaerense que mató a balazos a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en La Boca, hubiese sido absuelto en el juicio.
La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual”. Y suma a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.
El proyecto también incluye otros puntos conflictivos, como los referidos a la organización de las manifestaciones públicas, a saber:
- La suba de penas de uno (1) a tres años (3) y seis meses -antes se determinaba una pena de tres meses a dos años- para quien, sin crear una situación de peligro común, bloquee el normal funcionamiento del tránsito.
- Se agrega que la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si una persona que bloquea la circulación causara daño a la integridad física de otra.
- Los organizadores de una manifestación serán penados con prisión de dos (2) a cinco (5) años, “estén o no presentes en el acampe”, señala el texto.
- Quienes obliguen a personas a asistir a una movilización o protesta podrán ser penados a una reclusión de tres (3) a seis (6) años.
- Los organizaciones de las manifestaciones serán responsabilizados por los daños de bienes públicos que ocasionen los manifestantes.
- Los menores de 13 años que estén en las manifestaciones sin la tutela de sus padres podrá dar aviso al Organismo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “si se encontrase en una situación de peligro inminente”.
- Toda manifestación deberá ser notificada al Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
- El Ministerio de Seguridad de la Nación podrá intimar a los organizadores de la manifestación con el objetivo de que no incurran en el mismo procedimiento. De incumplir, se podrán aplicar multas o sanciones. Lo recaudado será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana.
Con información de
La Nación
