Dura réplica del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos a Cúneo Libarona por su defensa de Lijo
Martes 02 de
Abril 2024
La institución expresó su malestar por unas declaraciones del ministro respecto de quienes rechazan la postulación del juez federal para ocupar un lugar en la Corte Suprema
Un un duro comunicado, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó “su sorpresa y disconformidad” con unas declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que incluyeron descalificaciones hacia quienes cuestionan la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo.
El funcionario de Javier Milei había dicho la semana pasada: “He escuchado a mucha gente que opina que no tiene ni idea de lo que están opinando. No sólo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores. Muchos jueces tuvieron causas. La de Lijo se investigo muchísimo, pidieron informes a numerosos lugares y todo terminó en un archivo”.
El directorio del Colegio ratificó su rechazo a la propuesta de Lijo, “fundada en el invariable criterio de defender el Estado de Derecho, los valores republicanos y la independencia de la Justicia, principios que se verían afectados con la designación de una persona que, como juez federal, ha dado muestras de un comportamiento que no se condice con la imprescindible confianza pública que deben despertar quienes ejercen la magistratura”.
En ese sentido, consideraron que las declaraciones del ministro (respecto de los que “opinan y no tienen idea”) “son desdeñosas” y “desconocen el contenido” de la declaración del Colegio y de su trabajo en defensa de los valores republicanos y la independencia judicial.
“Fue nuestro Colegio quien impugnó en su momento la candidatura a juez de la Corte Suprema del doctor Raúl Zaffaroni. Fue también el Colegio quien promovió la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Consejo de la Magistratura de 2006, por la cual se favoreciera al estamento político en desmedro de los profesionales del derecho”, indicó la institución que preside Alberto F. Garay. Al comunicado adhirieron los expresidentes Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge.
También recordó el impulso a la inconstitucionalidad de la ley kirchnerista de 2012, bautizada como “democratización de la justicia” y de la ley de subrogancias de 2015.
Y añadió: “Cabe recordar la iniciativa de nuestro Colegio, a la que adhirieron una gran cantidad de entidades de la sociedad civil, solicitando la realización de una amplia auditoría en la justicia federal para determinar los motivos por los que muchas causas de corrupción se hallaban cajoneadas, cuyo primer avance, paradójicamente, puso de manifiesto las inusuales demoras en la tramitación de causas en dos de los juzgados federales auditados en aquel entonces, uno de los cuales ocupaba al juez Lijo”.
Al conocerse la noticia de la postulación de Lijo por parte de Milei, el Colegio había considerado que el actual juez federal porteño “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para el cargo.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional”, recordó y sostuvo que sus integrantes “deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales; pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública”.
El funcionario de Javier Milei había dicho la semana pasada: “He escuchado a mucha gente que opina que no tiene ni idea de lo que están opinando. No sólo es prestigioso en el fuero, lo quieren todos, sus pares y sus superiores. Muchos jueces tuvieron causas. La de Lijo se investigo muchísimo, pidieron informes a numerosos lugares y todo terminó en un archivo”.
El directorio del Colegio ratificó su rechazo a la propuesta de Lijo, “fundada en el invariable criterio de defender el Estado de Derecho, los valores republicanos y la independencia de la Justicia, principios que se verían afectados con la designación de una persona que, como juez federal, ha dado muestras de un comportamiento que no se condice con la imprescindible confianza pública que deben despertar quienes ejercen la magistratura”.
En ese sentido, consideraron que las declaraciones del ministro (respecto de los que “opinan y no tienen idea”) “son desdeñosas” y “desconocen el contenido” de la declaración del Colegio y de su trabajo en defensa de los valores republicanos y la independencia judicial.
“Fue nuestro Colegio quien impugnó en su momento la candidatura a juez de la Corte Suprema del doctor Raúl Zaffaroni. Fue también el Colegio quien promovió la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Consejo de la Magistratura de 2006, por la cual se favoreciera al estamento político en desmedro de los profesionales del derecho”, indicó la institución que preside Alberto F. Garay. Al comunicado adhirieron los expresidentes Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge.
También recordó el impulso a la inconstitucionalidad de la ley kirchnerista de 2012, bautizada como “democratización de la justicia” y de la ley de subrogancias de 2015.
Y añadió: “Cabe recordar la iniciativa de nuestro Colegio, a la que adhirieron una gran cantidad de entidades de la sociedad civil, solicitando la realización de una amplia auditoría en la justicia federal para determinar los motivos por los que muchas causas de corrupción se hallaban cajoneadas, cuyo primer avance, paradójicamente, puso de manifiesto las inusuales demoras en la tramitación de causas en dos de los juzgados federales auditados en aquel entonces, uno de los cuales ocupaba al juez Lijo”.
Al conocerse la noticia de la postulación de Lijo por parte de Milei, el Colegio había considerado que el actual juez federal porteño “no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos” para el cargo.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional”, recordó y sostuvo que sus integrantes “deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales; pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública”.
Con información de
La Nación
