CÓRDOBA
Dos policías a juicio por prender fuego a una familia
Domingo 19 de
Noviembre 2017
El siniestro ocurrió hace tres años en una vivienda de Río Tercero y dejó dos muertos y otros dos heridos. La fiscal sostiene que en medio de la investigación hubo un pacto policial de silencio.
Dos policías de Río Tercero, ahora en situación pasiva, se sentarán en el banquillo de los acusados sospechados de haber incendiado de manera intencional, con una bomba casera, una casa prefabricada en la madrugada del 3 de noviembre de 2014, lo que produjo la muerte de dos personas, Mirta Selva (53) y su hijo Alejandro Villalón (20).
En la Cámara del Crimen se ventilará el juicio por jurado popular recién en los primeros meses de 2018, contra Cristian Ahumada (31) y José Vidaurre (34), quienes se desempeñaban como sargento y cabo primero, respectivamente, y están detenidos desde hace un año.
La fiscal Andrea Heredia Hidalgo acaba de elevar la causa a juicio, bajo la imputación de homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio (por quienes sobrevivieron; Nahuel, y Lucía Villalón, de 21 y 12 años respectivamente).
La defensa de los imputados como también el defensor oficial (por la menor sobreviviente) manifestaron que no se opondrán a la elevación a juicio.
En realidad, los defensores confían en que en las audiencias demostrarán la inocencia de sus acusados y anticipan que no alcanzarían las pruebas para llegar a la certeza para incriminarlos.
En la acusación consta en que la noche previa al siniestro, la familia Villalón recibió por debajo de la puerta de ingreso a la modesta casa que alquilaban tres papeles anónimos con amenazas de muerte que advertían: “Sigan así, van a terminar mal”.
A las pocas horas la casa terminó en llamas. Las últimas palabras de Selva fueron: “¡Milico culia..., me vas a prender fuego la casa!”, según aparece en la investigación.
¿Falta de pruebas?
Un dato relevante es que la fiscal tira un manto de sospecha contra los superiores policiales de turno de aquel día, pero no parece haber encontrado pruebas para adjudicarles alguna responsabilidad.
Por caso, sugiere como llamativo que en el libro de los superiores el hecho de los dos muertos “no fue registrado como novedad importante”. También subrayó que “esa noche el superior de turno controló la guardia, que no sería habitual”.
La fiscal también advirtió “las infrecuentes llamadas telefónicas” entre el superior de turno y uno de los imputados. Más aún –sospecha– cuando la celda del celular del imputado fue captada por una antena cercana al lugar del incendio.
Al mismo tiempo, la fiscal dejó de manifiesto la “dificultad” que le demandó esta investigación, en un escenario con denuncias de “persecución policial” a la familia Villalón y “donde se observó códigos policiales de silencio grupal, para no perjudicar a sus compañeros y vínculos de amistad”.
Y en ese sentido, alude a que se investigó personal policial, quienes “conocían qué hacer para ocultar, borrar, producir o eliminar pruebas”. Además, se quejó de que los policías recién una hora más tarde comunicaron a la fiscalía sobre el siniestro, cuando tampoco es habitual “esa demora”.
La familia declaró desde el primer día su sospecha hacia la Policía, ya que algunos de sus integrantes contaban con antecedentes penales y habían tenido problemas con algunos agentes.
Las víctimas murieron calcinadas, en plena madrugada, a una hora en que casi todos en la ciudad dormían. Un perito concluyó: “Por el tipo de vivienda de madera revestida en material, con el incendio se convierte en algo parecido a un horno”.
Conocían de explosivos
Si bien la estrategia defensiva que procura la inocencia de los investigados apunta a que esa madrugada Vidaurre y Ahumada estaban en sus puestos de trabajo y lejos de la casa de los Villalón, la fiscal ofreció pruebas que los ubicarían cercanos al hecho del incendio fatal.
Otro punto que toma relevancia, es que Vidaurre era bombero voluntario activo, lo que le habría servido para tener un amplio conocimiento sobre bombas caseras y explosivos.
Además, en la causa consta que se secuestraron en los domicilios de los imputados, envases vacíos de cerveza con un papel de servilleta en sus picos e iniciadores de fuego caseros (tipo goma).
En la pesquisa también surge como importante la prueba vinculada al recorrido de los móviles policiales, aquella madrugada. Apunta a que “todos los móviles llegaron al lugar con diferencia de segundos”, interpretando que estaban cerca del lugar del hecho, cuando se supone que deberían patrullar distintos puntos de la zona urbana.
En la Cámara del Crimen se ventilará el juicio por jurado popular recién en los primeros meses de 2018, contra Cristian Ahumada (31) y José Vidaurre (34), quienes se desempeñaban como sargento y cabo primero, respectivamente, y están detenidos desde hace un año.
La fiscal Andrea Heredia Hidalgo acaba de elevar la causa a juicio, bajo la imputación de homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio (por quienes sobrevivieron; Nahuel, y Lucía Villalón, de 21 y 12 años respectivamente).
La defensa de los imputados como también el defensor oficial (por la menor sobreviviente) manifestaron que no se opondrán a la elevación a juicio.
En realidad, los defensores confían en que en las audiencias demostrarán la inocencia de sus acusados y anticipan que no alcanzarían las pruebas para llegar a la certeza para incriminarlos.
En la acusación consta en que la noche previa al siniestro, la familia Villalón recibió por debajo de la puerta de ingreso a la modesta casa que alquilaban tres papeles anónimos con amenazas de muerte que advertían: “Sigan así, van a terminar mal”.
A las pocas horas la casa terminó en llamas. Las últimas palabras de Selva fueron: “¡Milico culia..., me vas a prender fuego la casa!”, según aparece en la investigación.
¿Falta de pruebas?
Un dato relevante es que la fiscal tira un manto de sospecha contra los superiores policiales de turno de aquel día, pero no parece haber encontrado pruebas para adjudicarles alguna responsabilidad.
Por caso, sugiere como llamativo que en el libro de los superiores el hecho de los dos muertos “no fue registrado como novedad importante”. También subrayó que “esa noche el superior de turno controló la guardia, que no sería habitual”.
La fiscal también advirtió “las infrecuentes llamadas telefónicas” entre el superior de turno y uno de los imputados. Más aún –sospecha– cuando la celda del celular del imputado fue captada por una antena cercana al lugar del incendio.
Al mismo tiempo, la fiscal dejó de manifiesto la “dificultad” que le demandó esta investigación, en un escenario con denuncias de “persecución policial” a la familia Villalón y “donde se observó códigos policiales de silencio grupal, para no perjudicar a sus compañeros y vínculos de amistad”.
Y en ese sentido, alude a que se investigó personal policial, quienes “conocían qué hacer para ocultar, borrar, producir o eliminar pruebas”. Además, se quejó de que los policías recién una hora más tarde comunicaron a la fiscalía sobre el siniestro, cuando tampoco es habitual “esa demora”.
La familia declaró desde el primer día su sospecha hacia la Policía, ya que algunos de sus integrantes contaban con antecedentes penales y habían tenido problemas con algunos agentes.
Las víctimas murieron calcinadas, en plena madrugada, a una hora en que casi todos en la ciudad dormían. Un perito concluyó: “Por el tipo de vivienda de madera revestida en material, con el incendio se convierte en algo parecido a un horno”.
Conocían de explosivos
Si bien la estrategia defensiva que procura la inocencia de los investigados apunta a que esa madrugada Vidaurre y Ahumada estaban en sus puestos de trabajo y lejos de la casa de los Villalón, la fiscal ofreció pruebas que los ubicarían cercanos al hecho del incendio fatal.
Otro punto que toma relevancia, es que Vidaurre era bombero voluntario activo, lo que le habría servido para tener un amplio conocimiento sobre bombas caseras y explosivos.
Además, en la causa consta que se secuestraron en los domicilios de los imputados, envases vacíos de cerveza con un papel de servilleta en sus picos e iniciadores de fuego caseros (tipo goma).
En la pesquisa también surge como importante la prueba vinculada al recorrido de los móviles policiales, aquella madrugada. Apunta a que “todos los móviles llegaron al lugar con diferencia de segundos”, interpretando que estaban cerca del lugar del hecho, cuando se supone que deberían patrullar distintos puntos de la zona urbana.
Con información de
lavoz
