Los claroscuros del proceso de reforma de la Constitución, a 24 horas de la votación
Martes 28 de
Agosto 2018
Este martes, en el Centro Cultural Provincial y a partir de las 19.30, el gobernador Miguel Lifschitz encabezará el último acto para pedir por la reforma de la Constitución antes de que ese tema sea puesto a consideración en la Cámara de Diputados. El proyecto enviado por el Ejecutivo es el único apuntado para su tratamiento en la sesión especial que se realizará este miércoles, a las 10.
El logro de impulsar y mantener en la agenda pública la necesidad de la reforma, aun cuando la iniciativa parecía sepultada luego de la derrota electoral del Frente Progresista en las elecciones nacionales de 2017 –cuando quedó muy lejos de Cambiemos y el PJ en la elección de diputados por Santa Fe–, fue todo mérito del gobernador.
Incluso opositores como el diputado justicialista Luis Rubeo, le reconocieron a Lifschitz el esfuerzo por llevar al recinto el tratamiento de la modificación de la Carta Magna provincial. Pero a pesar de ese reconocimiento y de que varios legisladores aseguran que son reformistas, el bloque de 11 diputados del PJ y los cuatro del interbloque de Igualdad hicieron pública su decisión de no convalidar una reforma en los términos que la plantea el Ejecutivo. Cambiemos ya lo había hecho meses atrás, pero el silencio en las últimas semanas hizo tejer todo tipo de especulaciones.
Si el gobernador consigue los dos tercios de los diputados presentes para tratar sobre tablas este miércoles el proyecto y luego llega a los 34 votos –hasta ahora contaría con 25– para darle media sanción al proyecto de necesidad de reforma, Lifschitz habrá dado un gran paso en el mayor anhelo político de su gestión y se encontraría frente a un nuevo escenario: la negociación con los 11 senadores justicialistas.
Pero también hay partidarios del Frente Progresista, y del socialismo en particular, que aseguran que si no lo consigue tampoco sería una derrota para el gobernador. Entre los principales argumentos esgrimen que ninguno de sus antecesores consiguieron llegar a esta instancia –que al menos una de las cámaras se tenga que pronunciar sobre el tratamiento o no del tema– desde el regreso de la democracia. Y con la sesión especial de este miércoles quieren que alguien pague el costo político de no modificar la Constitución.
En cambio, desde la oposición los cuestionamientos tienen que ver con los tiempos, ya que el mandatario propone un tratamiento con plazos muy acotados. En su proyecto, Lifschitz estableció que una vez promulgada la ley de necesidad de reforma, el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes y "fijar el día de la elección que será dentro de los 90 días de esa promulgación y no podrá coincidir con elección alguna".
Luego se establece que "la Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará su labor dentro de los 10 (diez) días posteriores a las elecciones generales de convencionales constituyentes y finalizará sus sesiones a los 40 (cuarenta) días de su instalación, pudiendo prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado".
Eso significa que luego de que la Legislatura aprueba el proyecto de necesidad de reforma constitucional, todo el proceso demandará 160 días. Si Lifschitz consigue una negociación exprés en el Senado y a fines de septiembre tiene aprobado el proyecto de necesidad de reforma, las elecciones de convencionales deberían ser en diciembre y todo el proceso para modificar la Carta Magna provincial concluiría a fines de febrero.
Esa es la fecha en la que se prevé –aún el gobernador no fijó el calendario electoral de los comicios para todos los cargos provinciales en 2019– que se esté iniciando el proceso electoral del año que viene. Y ahí radica uno de los grandes inconvenientes que Lifschitz y el proceso de reforma que encaró nunca pudieron sortear: el fantasma de su reelección detrás del intento de reforma.
En este punto la oposición parece haber conseguido su cometido, que fue poner como eje de discusión que el objetivo de la reforma solo era la reelección del actual gobernador. Y Lifschitz, más allá de sus intentos por despegarse de esa idea, nunca terminó de resignar esa posibilidad.
Es muy probable que esa remota chance de reelección –los convencionales serán los que definan sobre ese tema cuando se vote y luego la gente lo debería elegir nuevamente en las urnas– haya terminado eclipsando los verdaderos motivos por los que se impulsaba la reforma. En el acto de este martes a la noche, Lifschitz podrá volver a mencionarlos uno por uno. Pero la última palabra la tendrán el miércoles, a las 10, los diputados cuando se inicie la sesión especial. Ahí los santafesinos sabrán si después de 56 años sigue abierta la posibilidad de reformar la Constitución en el corto plazo o si habrá que esperar a que asuma un nuevo gobierno y comience a desandar su propio camino hacia una reforma.
Incluso opositores como el diputado justicialista Luis Rubeo, le reconocieron a Lifschitz el esfuerzo por llevar al recinto el tratamiento de la modificación de la Carta Magna provincial. Pero a pesar de ese reconocimiento y de que varios legisladores aseguran que son reformistas, el bloque de 11 diputados del PJ y los cuatro del interbloque de Igualdad hicieron pública su decisión de no convalidar una reforma en los términos que la plantea el Ejecutivo. Cambiemos ya lo había hecho meses atrás, pero el silencio en las últimas semanas hizo tejer todo tipo de especulaciones.
Si el gobernador consigue los dos tercios de los diputados presentes para tratar sobre tablas este miércoles el proyecto y luego llega a los 34 votos –hasta ahora contaría con 25– para darle media sanción al proyecto de necesidad de reforma, Lifschitz habrá dado un gran paso en el mayor anhelo político de su gestión y se encontraría frente a un nuevo escenario: la negociación con los 11 senadores justicialistas.
Pero también hay partidarios del Frente Progresista, y del socialismo en particular, que aseguran que si no lo consigue tampoco sería una derrota para el gobernador. Entre los principales argumentos esgrimen que ninguno de sus antecesores consiguieron llegar a esta instancia –que al menos una de las cámaras se tenga que pronunciar sobre el tratamiento o no del tema– desde el regreso de la democracia. Y con la sesión especial de este miércoles quieren que alguien pague el costo político de no modificar la Constitución.
En cambio, desde la oposición los cuestionamientos tienen que ver con los tiempos, ya que el mandatario propone un tratamiento con plazos muy acotados. En su proyecto, Lifschitz estableció que una vez promulgada la ley de necesidad de reforma, el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes y "fijar el día de la elección que será dentro de los 90 días de esa promulgación y no podrá coincidir con elección alguna".
Luego se establece que "la Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará su labor dentro de los 10 (diez) días posteriores a las elecciones generales de convencionales constituyentes y finalizará sus sesiones a los 40 (cuarenta) días de su instalación, pudiendo prorrogar el término de su duración una sola vez y por la mitad del plazo fijado".
Eso significa que luego de que la Legislatura aprueba el proyecto de necesidad de reforma constitucional, todo el proceso demandará 160 días. Si Lifschitz consigue una negociación exprés en el Senado y a fines de septiembre tiene aprobado el proyecto de necesidad de reforma, las elecciones de convencionales deberían ser en diciembre y todo el proceso para modificar la Carta Magna provincial concluiría a fines de febrero.
Esa es la fecha en la que se prevé –aún el gobernador no fijó el calendario electoral de los comicios para todos los cargos provinciales en 2019– que se esté iniciando el proceso electoral del año que viene. Y ahí radica uno de los grandes inconvenientes que Lifschitz y el proceso de reforma que encaró nunca pudieron sortear: el fantasma de su reelección detrás del intento de reforma.
En este punto la oposición parece haber conseguido su cometido, que fue poner como eje de discusión que el objetivo de la reforma solo era la reelección del actual gobernador. Y Lifschitz, más allá de sus intentos por despegarse de esa idea, nunca terminó de resignar esa posibilidad.
Es muy probable que esa remota chance de reelección –los convencionales serán los que definan sobre ese tema cuando se vote y luego la gente lo debería elegir nuevamente en las urnas– haya terminado eclipsando los verdaderos motivos por los que se impulsaba la reforma. En el acto de este martes a la noche, Lifschitz podrá volver a mencionarlos uno por uno. Pero la última palabra la tendrán el miércoles, a las 10, los diputados cuando se inicie la sesión especial. Ahí los santafesinos sabrán si después de 56 años sigue abierta la posibilidad de reformar la Constitución en el corto plazo o si habrá que esperar a que asuma un nuevo gobierno y comience a desandar su propio camino hacia una reforma.
Con información de
UNO
