SANTA FE
Diputados pidió el traslado de presos federales alojados en la provincia
Por:
Mario Cáffaro
Sábado 24 de
Noviembre 2018
También exigen que se gestione el pago de la deuda por dicho alojamiento. Un convenio incumplido durante más de 20 años. Estiman que el costo mensual por cada interno es de 30.000 pesos.
La Cámara de Diputados de la provincia exigió el traslado de los casi 600 detenidos federales alojados en dependencias del Servicio Penitenciario provincial así como la gestión del pago adeudado de los gastos de manutención que generan. “Los internos con causas federales con alojamiento preventivo en nuestra provincia significa destinar al menos ocho pabellones de la Unidad Penitenciaria de Piñero” ejemplificó Victoria Tejeda (UCR) al fundamentar el proyecto ante sus pares.
La situación del sistema penitenciario fue uno de los puntos discutidos el martes pasado en el ámbito de la reunión de Junta Provincial de Seguridad en Casa de Gobierno de la cual participan legisladores de todos los sectores políticos, entre ellos Tejeda.
Santa Fe es una de las nueve provincias argentinas donde el Servicio Penitenciario Federal no tiene aún unidades propias para alojar detenidos. Fracasaron en los últimos 20 años los intentos de construir uno en Coronda donde incluso en su momento el gobierno provincial cedió un terreno a ese fin. Hoy la obra avanza de manera muy lenta, según los propios vecinos de Coronda.
En el mientras tanto, hubo convenios entre la provincia y la Nación donde acordaron los cupos para albergar a detenidos por delitos federales en establecimientos santafesinos.
Según la legisladora radical -oriunda de Coronda- los convenios datan de 1997 donde se otorgó un cupo de 100 plazas reducido a 50 lugares en 2016 en nota cursada desde Santa Fe al organismo nacional. “Se le otorgó un plazo dentro del cual, el excedente de internos con causas federales debían ser trasladados de las dependencias del servicio penitenciario provincial”, explicó. Sin embargo, la población penal continúo creciendo en cuanto al número de internos con causas federales. “Actualmente el número de internos a disposición exclusiva de la Justicia federal asciende a 596, a los cuales se le suma 76 con causas federales y provinciales”, precisó. El mayor número de los presos federales obedece a causas vinculadas al tráfico de drogas.
Comparando políticas
La diputada oficialista detalló que el traslado de internos se ha dado de manera muy esporádica y en cantidades insignificantes y ante ese ritmo demandará mucho tiempo la reducción del número de internos.
En la página web del propio sistema federal se informa que tienen 13.010 alojados cuando la capacidad en todo el país es de 12.242. Más del 50% de los alojados están procesados. También se marca que el 90% son hombres y de la cifra total, el 20% son extranjeros.
Tejeda destacó que “nuestra provincia desde 2007 lleva adelante una política de seguridad penitenciaria con una fuerte inversión en infraestructura y puestos de trabajo, logrando obtener mayor número de plazas y reduciendo el número de personas privadas de su libertad alojadas en las comisarías”.
Para la legisladora “queda más que claro, que las plazas ocupadas por internos a cargo de la Justicia Federal exceden los convenios existentes con el agravante de que la provincia no recibe los pagos correspondientes por las plazas ocupadas. La manutención de los internos con causas federales es responsabilidad de la Nación, por lo que la provincia de Santa Fe en el cumplimiento de los acuerdos existentes ha cumplido con creces. Se calcula que al mes de noviembre de 2018, la deuda que mantiene la Nación con nuestra provincia en concepto de manutención de los internos federales ronda los 200.000.000 de pesos”.
El último acuerdo estableció que Nación reconocía un costo de 310 pesos por día, por detenido, por mantenimiento. La información brindada en la Junta de Seguridad es que al primero de marzo, el costo de cada interno para la provincia ya era de 810 pesos diarios. Tejeda precisó que hoy se estima que alojar un detenido cuesta 30.000 pesos mensuales “y la Nación no paga nada desde 2015”.
Inspección conjunta
La titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, y el delegado de la Región Litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Cáceres, recorrieron distintos sectores de la cárcel de mujeres de esta capital y de la Unidad 11 en Piñero.
En la cárcel de mujeres, ingresaron al pabellón de internas federales. Allí, realizaron entrevistas con las internas y relevaron las condiciones generales de detención a fin de determinar posibles anomalías estructurales o sistémicas.
En Piñero, en tanto, los profesionales se entrevistaron con internos para obtener y brindar datos sobre sus defensas técnicas ante las preocupaciones que ha generado la reciente finalización del sistema conclusional provincial. Además, visitaron sectores de resguardo y realizaron consultas al servicio médico.
Este tipo de inspecciones y monitoreos tienen el objetivo de relevar el estado de situación de cada establecimiento carcelario, permitir que los internos e internas de cada penal se entrevisten con los profesionales y recabar información para programar acciones institucionales.
La situación del sistema penitenciario fue uno de los puntos discutidos el martes pasado en el ámbito de la reunión de Junta Provincial de Seguridad en Casa de Gobierno de la cual participan legisladores de todos los sectores políticos, entre ellos Tejeda.
Santa Fe es una de las nueve provincias argentinas donde el Servicio Penitenciario Federal no tiene aún unidades propias para alojar detenidos. Fracasaron en los últimos 20 años los intentos de construir uno en Coronda donde incluso en su momento el gobierno provincial cedió un terreno a ese fin. Hoy la obra avanza de manera muy lenta, según los propios vecinos de Coronda.
En el mientras tanto, hubo convenios entre la provincia y la Nación donde acordaron los cupos para albergar a detenidos por delitos federales en establecimientos santafesinos.
Según la legisladora radical -oriunda de Coronda- los convenios datan de 1997 donde se otorgó un cupo de 100 plazas reducido a 50 lugares en 2016 en nota cursada desde Santa Fe al organismo nacional. “Se le otorgó un plazo dentro del cual, el excedente de internos con causas federales debían ser trasladados de las dependencias del servicio penitenciario provincial”, explicó. Sin embargo, la población penal continúo creciendo en cuanto al número de internos con causas federales. “Actualmente el número de internos a disposición exclusiva de la Justicia federal asciende a 596, a los cuales se le suma 76 con causas federales y provinciales”, precisó. El mayor número de los presos federales obedece a causas vinculadas al tráfico de drogas.
Comparando políticas
La diputada oficialista detalló que el traslado de internos se ha dado de manera muy esporádica y en cantidades insignificantes y ante ese ritmo demandará mucho tiempo la reducción del número de internos.
En la página web del propio sistema federal se informa que tienen 13.010 alojados cuando la capacidad en todo el país es de 12.242. Más del 50% de los alojados están procesados. También se marca que el 90% son hombres y de la cifra total, el 20% son extranjeros.
Tejeda destacó que “nuestra provincia desde 2007 lleva adelante una política de seguridad penitenciaria con una fuerte inversión en infraestructura y puestos de trabajo, logrando obtener mayor número de plazas y reduciendo el número de personas privadas de su libertad alojadas en las comisarías”.
Para la legisladora “queda más que claro, que las plazas ocupadas por internos a cargo de la Justicia Federal exceden los convenios existentes con el agravante de que la provincia no recibe los pagos correspondientes por las plazas ocupadas. La manutención de los internos con causas federales es responsabilidad de la Nación, por lo que la provincia de Santa Fe en el cumplimiento de los acuerdos existentes ha cumplido con creces. Se calcula que al mes de noviembre de 2018, la deuda que mantiene la Nación con nuestra provincia en concepto de manutención de los internos federales ronda los 200.000.000 de pesos”.
El último acuerdo estableció que Nación reconocía un costo de 310 pesos por día, por detenido, por mantenimiento. La información brindada en la Junta de Seguridad es que al primero de marzo, el costo de cada interno para la provincia ya era de 810 pesos diarios. Tejeda precisó que hoy se estima que alojar un detenido cuesta 30.000 pesos mensuales “y la Nación no paga nada desde 2015”.
Inspección conjunta
La titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Jaquelina Balangione, y el delegado de la Región Litoral de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Sebastián Cáceres, recorrieron distintos sectores de la cárcel de mujeres de esta capital y de la Unidad 11 en Piñero.
En la cárcel de mujeres, ingresaron al pabellón de internas federales. Allí, realizaron entrevistas con las internas y relevaron las condiciones generales de detención a fin de determinar posibles anomalías estructurales o sistémicas.
En Piñero, en tanto, los profesionales se entrevistaron con internos para obtener y brindar datos sobre sus defensas técnicas ante las preocupaciones que ha generado la reciente finalización del sistema conclusional provincial. Además, visitaron sectores de resguardo y realizaron consultas al servicio médico.
Este tipo de inspecciones y monitoreos tienen el objetivo de relevar el estado de situación de cada establecimiento carcelario, permitir que los internos e internas de cada penal se entrevisten con los profesionales y recabar información para programar acciones institucionales.
Con información de
ellitoral
