ENTRE RÍOS
La extinción de dominio dispuesta por Macri ya se viene aplicando en Entre Ríos hace tiempo
Por:
Marcelo Comas
Martes 22 de
Enero 2019
A través de un decreto, el Presidente impuso una iniciativa que tiene efectos retroactivos a los procesos iniciados hace 15 años. Rechazo de la oposición
En su primera conferencia del año, el presidente Mauricio Macri, anunció un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), orientado al combate contra la corrupción y el narcotráfico. Se trata del régimen de extinción de dominio, cuyo proyecto de ley con media sanción no pudo lograr su aprobación definitiva en el Senado de la Nación. La iniciativa apunta a que el Estado pueda recuperar los bienes producto de delitos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Según detallaron los ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, Patricia Bullrich, y Germán Garavano, el decreto tiene varios puntos de contacto con el proyecto presentado en agosto por el oficialismo, aunque no logró ser tratado en la Cámara Alta por falta de apoyo.
La ley entiende a la extinción de dominio como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal, que queda a cargo del Ministerio Público Fiscal. Establece, además, que no es necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo la orden de un fiscal. Tendrá efectos retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años.
La experiencia en Entre Ríos
A diferencia de lo que se anunció en la Nación respecto del momento en que comienza la acción civil de extinción de dominio, en la Provincia se viene disponiendo el decomiso de los bienes provenientes de las personas imputadas que hayan sido condenadas, tanto en delitos de corrupción como de narcomenudeo.
En nuestra jurisdicción son dos las normativas que facultan al Estado a avanzar en este sentido: la ley 10.566 de narcomenudeo –vigente desde el 9 de mayo de 2018– y por otro lado, los delitos de corrupción están contemplados por el Código Procesal Penal de Entre Ríos. "En el caso del narcomenudeo se ha recuperado dinero, estupefacientes, balanzas, celulares, computadoras y automóviles. Los vehículos fueron distribuidos al ministerio de Salud, al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), a Desarrollo Social y a la Policía. La distribución de bienes ya está pautado en la ley 10.566", destacó en diálogo con UNO la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
En cuanto los casos de corrupción, la funcionaria recordó hechos de "enriquecimiento ilícito que fueron juzgados", cuyos bienes "pasaron a incrementar el patrimonio de la Provincia". Así se refirió a los procesos judiciales que terminaron con la condena de Abelardo Pacayut y Mario Yedro, y más recientemente al exdirector de Obras Sanitarias provincial, Hugo Righelato. "En este último caso se entregó una propiedad al ministerio de Salud, situada en pleno barrio Thompson que se destinó al hospital Escuela de Salud Mental", explicó la titular de la cartera provincial.
Romero destacó la decisión adoptada desde la Casa Rosada, ya que se trata de una forma "de aunar criterios en que los bienes que provienen del delito vuelvan a la comunidad". De la misma manera sostuvo que la Provincia no debería adherir al DNU: "Pero de todos modos lo vamos a estudiar. Si es necesario vamos a adherir porque compartimos el criterio. Nosotros venimos aplicando normas de características similares, al igual que otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires".
La situación de bienes decomisados en causas que tramita el fuero penal
En las causas por narcotráfico que se tramitan en la Justicia Federal donde se logra una sentencia, se decomisan vehículos de diferente porte que pasan a manos del Estado nacional. Este procedimiento está previsto en el Código Penal, en su artículo 23, y a su vez la ley de estupefacientes 23.737, que en su artículo 30 prevé la posibilidad de la incautación de bienes. "Porque fueron instrumentos del delito -autos o camiones que se utilizaron para transportar la droga, o que son provecho del delito. La ley argentina permite al Estado decomisar los vehículos", precisó una fuente judicial a UNO.
Así ocurrió durante la sentencia de la banda liderada por Gonzalo Caudana, condenado a 12 años de prisión. El tribunal dispuso que se decomisaran todos los vehículos secuestrados a la organización, entre ellos varios rodados de alta gama.
Los bienes quedan a disposición de la Corte Suprema Justicia de la Nación, pero también en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná resolvió una acordada y establecer en el caso de los vehículos que sean destinadas a asociaciones no gubernamentales o a comisarías que no disponen de movilidad.
En 2018 se entregaron más de 30 vehículos, precisó la misma fuente.
Rechazo al decreto
Diputados nacionales del FpV-PJ rechazaron el decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. "Una vez más, el Ejecutivo Nacional demuestra su autoritarismo, dándole la espalda al Congreso Nacional cuando no acciona de acuerdo a sus deseos", expresaron.
A través de un comunicado, señalaron que "el DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales".
"Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional",puntualizaron los diputados del kirchnerismo, que apelaron a que el Ejecutivo nacional sea "verdadero ejemplo de transparencia, sin funcionarios con cuentas en paraísos fiscales (offshore), sin beneficiar con políticas de Estado a amigos empresarios".
La ley entiende a la extinción de dominio como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal, que queda a cargo del Ministerio Público Fiscal. Establece, además, que no es necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo la orden de un fiscal. Tendrá efectos retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años.
La experiencia en Entre Ríos
A diferencia de lo que se anunció en la Nación respecto del momento en que comienza la acción civil de extinción de dominio, en la Provincia se viene disponiendo el decomiso de los bienes provenientes de las personas imputadas que hayan sido condenadas, tanto en delitos de corrupción como de narcomenudeo.
En nuestra jurisdicción son dos las normativas que facultan al Estado a avanzar en este sentido: la ley 10.566 de narcomenudeo –vigente desde el 9 de mayo de 2018– y por otro lado, los delitos de corrupción están contemplados por el Código Procesal Penal de Entre Ríos. "En el caso del narcomenudeo se ha recuperado dinero, estupefacientes, balanzas, celulares, computadoras y automóviles. Los vehículos fueron distribuidos al ministerio de Salud, al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), a Desarrollo Social y a la Policía. La distribución de bienes ya está pautado en la ley 10.566", destacó en diálogo con UNO la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
En cuanto los casos de corrupción, la funcionaria recordó hechos de "enriquecimiento ilícito que fueron juzgados", cuyos bienes "pasaron a incrementar el patrimonio de la Provincia". Así se refirió a los procesos judiciales que terminaron con la condena de Abelardo Pacayut y Mario Yedro, y más recientemente al exdirector de Obras Sanitarias provincial, Hugo Righelato. "En este último caso se entregó una propiedad al ministerio de Salud, situada en pleno barrio Thompson que se destinó al hospital Escuela de Salud Mental", explicó la titular de la cartera provincial.
Romero destacó la decisión adoptada desde la Casa Rosada, ya que se trata de una forma "de aunar criterios en que los bienes que provienen del delito vuelvan a la comunidad". De la misma manera sostuvo que la Provincia no debería adherir al DNU: "Pero de todos modos lo vamos a estudiar. Si es necesario vamos a adherir porque compartimos el criterio. Nosotros venimos aplicando normas de características similares, al igual que otras provincias, como por ejemplo Buenos Aires".
La situación de bienes decomisados en causas que tramita el fuero penal
En las causas por narcotráfico que se tramitan en la Justicia Federal donde se logra una sentencia, se decomisan vehículos de diferente porte que pasan a manos del Estado nacional. Este procedimiento está previsto en el Código Penal, en su artículo 23, y a su vez la ley de estupefacientes 23.737, que en su artículo 30 prevé la posibilidad de la incautación de bienes. "Porque fueron instrumentos del delito -autos o camiones que se utilizaron para transportar la droga, o que son provecho del delito. La ley argentina permite al Estado decomisar los vehículos", precisó una fuente judicial a UNO.
Así ocurrió durante la sentencia de la banda liderada por Gonzalo Caudana, condenado a 12 años de prisión. El tribunal dispuso que se decomisaran todos los vehículos secuestrados a la organización, entre ellos varios rodados de alta gama.
Los bienes quedan a disposición de la Corte Suprema Justicia de la Nación, pero también en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná resolvió una acordada y establecer en el caso de los vehículos que sean destinadas a asociaciones no gubernamentales o a comisarías que no disponen de movilidad.
En 2018 se entregaron más de 30 vehículos, precisó la misma fuente.
Rechazo al decreto
Diputados nacionales del FpV-PJ rechazaron el decreto de necesidad y urgencia de extinción de dominio anunciado ayer por el presidente Mauricio Macri. "Una vez más, el Ejecutivo Nacional demuestra su autoritarismo, dándole la espalda al Congreso Nacional cuando no acciona de acuerdo a sus deseos", expresaron.
A través de un comunicado, señalaron que "el DNU de extinción de dominio es inconstitucional, más un acto de campaña que de gobierno, ya que los DNU están vedados para materia penal. Por eso, lo anunciado por Mauricio Macri involucra directamente cuestiones penales".
"Curiosamente, en el día que el FMI anuncia mayor contracción económica para la Argentina, el Gobierno de Cambiemos intenta tapar una nueva mala noticia con un mamarracho que viola la Constitución Nacional",puntualizaron los diputados del kirchnerismo, que apelaron a que el Ejecutivo nacional sea "verdadero ejemplo de transparencia, sin funcionarios con cuentas en paraísos fiscales (offshore), sin beneficiar con políticas de Estado a amigos empresarios".
Con información de
unoentrerios
