SANTA FE
Un informe reveló cómo los terrenos fiscales de Santa Fe estaban sin control
Lunes 04 de
Marzo 2019
Luego de que el juez federal Reinaldo Rodríguez citó a indagatoria para el próximo 27 de marzo a dos concesionarios de automóviles de Santa Fe y a dos exfuncionarios nacionales del área encargada de controlar los bienes del Estado, se conoció un informe del año 2003 que alertó sobre la desidia estatal en torno a los bienes que eran propiedad, en su mayoría, del ferrocarril.
El 30 de octubre de ese año, la Auditoría General de la Nación llevó a cabo un documento sobre el estado actual del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), el cual tenía como fin administrar las tierras fiscales de todo el país, entre ellas la provincia de Santa Fe.
Dicho organismo fue disuelto en 2012, mediante el Decreto Nº 1.382 y por el cual se creó la actual Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), que administra las tierras y bienes de la Argentina.
En aquel documento, la Auditoría General de la Nación llevó a cabo un informe sobre el traspaso de los bienes de la Ex-Enabief (Ente Nacional de Bienes Ferroviarios) a la Onabe y el resultado no fue el más alentador. Es más, detectó una total olvido estatal en torno al control de los bienes estatales.
Por un lado se detectó que había una inexistencia de actas de transferencias de inmuebles, como así también que los procesos internos no resultaban confiables, no existían sistemas informáticos corporativos y no había un criterio uniforme de carga.
"Se observan fallas en el resguardo del patrimonio, las inconsistencias en la información impiden conocer el universo de inmuebles, fundamentar la razonabilidad de los valores de venta o alquiler y verificar los ingresos, no existe un adecuado seguimiento de las obligaciones (pagos o cargos) fijados en la transferencia o alquiler de los bienes, la operatoria de concesión de inmuebles presenta un alto grado de litigiosidad (inmuebles que continúan en poder del inquilino, no obstante estar rescindida la concesión, desactualización de los cánones, pérdida de garantía en contratos vencidos y no renovados formalmente", reflejó la auditoría llevada a cabo.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, el informe determinó que en todo el territorio provincial había un total de 59 inmuebles pertenecientes al Estado federal. Los mismos se encontraban sin su respectiva individualización por lo que el informe no logró detectar cuáles eran y si eran los que se encontraban en la capital provincial.
El informe fue tenido en cuenta en la causa que investiga a los propietarios de Natión S.A. (Domingo Marcos V.) y de Vitacar (Jorge Alberto M.,), los cuales tienen sus empresas en el terreno ubicado en Avenida Alem y Las Heras, el cual hasta 2018 era propiedad en su totalidad de la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F”.
Al respecto, el fiscal federal Nº 1 Gustavo Onel, consideró que ese informe permitió comprender que en la administración de los bienes nacionales "habría estado ausente el cumplimiento de interés público" al menos en el terreno ocupado por las dos concesionarias.
Es que los mismos fueron concesionados en 1999 para la construcción de emprendimientos privados pero por un plazo de dos años. Cuando ese contrato culminó, la ocupación del terreno continuó hasta el día de la fecha y abonando cánones de $500 y $450, montos que nunca se actualizaron.
Por esa situación el fiscal Onel le atribuyó no solo a los empresarios santafesinos el delito de "partícipes necesarios de la administración pública", sino también a los titulares que estuvieron al frente de la Onabe y después de la Aabe.
Se trata de Fernando Miguel Suárez quien estuvo al frente de la Onabe por un período de nueve años, entre el 4 de junio del 2003 y el 9 de agosto del 2012, como director del organismo.
En tanto, también fue puesto bajo la lupa judicial Antonio Alberto Vulcano, quien presidió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (creada tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015, cuando asumió la actual gestión del organismo.
Dicho organismo fue disuelto en 2012, mediante el Decreto Nº 1.382 y por el cual se creó la actual Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), que administra las tierras y bienes de la Argentina.
En aquel documento, la Auditoría General de la Nación llevó a cabo un informe sobre el traspaso de los bienes de la Ex-Enabief (Ente Nacional de Bienes Ferroviarios) a la Onabe y el resultado no fue el más alentador. Es más, detectó una total olvido estatal en torno al control de los bienes estatales.
Por un lado se detectó que había una inexistencia de actas de transferencias de inmuebles, como así también que los procesos internos no resultaban confiables, no existían sistemas informáticos corporativos y no había un criterio uniforme de carga.
"Se observan fallas en el resguardo del patrimonio, las inconsistencias en la información impiden conocer el universo de inmuebles, fundamentar la razonabilidad de los valores de venta o alquiler y verificar los ingresos, no existe un adecuado seguimiento de las obligaciones (pagos o cargos) fijados en la transferencia o alquiler de los bienes, la operatoria de concesión de inmuebles presenta un alto grado de litigiosidad (inmuebles que continúan en poder del inquilino, no obstante estar rescindida la concesión, desactualización de los cánones, pérdida de garantía en contratos vencidos y no renovados formalmente", reflejó la auditoría llevada a cabo.
En cuanto a la provincia de Santa Fe, el informe determinó que en todo el territorio provincial había un total de 59 inmuebles pertenecientes al Estado federal. Los mismos se encontraban sin su respectiva individualización por lo que el informe no logró detectar cuáles eran y si eran los que se encontraban en la capital provincial.
El informe fue tenido en cuenta en la causa que investiga a los propietarios de Natión S.A. (Domingo Marcos V.) y de Vitacar (Jorge Alberto M.,), los cuales tienen sus empresas en el terreno ubicado en Avenida Alem y Las Heras, el cual hasta 2018 era propiedad en su totalidad de la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F”.
Al respecto, el fiscal federal Nº 1 Gustavo Onel, consideró que ese informe permitió comprender que en la administración de los bienes nacionales "habría estado ausente el cumplimiento de interés público" al menos en el terreno ocupado por las dos concesionarias.
Es que los mismos fueron concesionados en 1999 para la construcción de emprendimientos privados pero por un plazo de dos años. Cuando ese contrato culminó, la ocupación del terreno continuó hasta el día de la fecha y abonando cánones de $500 y $450, montos que nunca se actualizaron.
Por esa situación el fiscal Onel le atribuyó no solo a los empresarios santafesinos el delito de "partícipes necesarios de la administración pública", sino también a los titulares que estuvieron al frente de la Onabe y después de la Aabe.
Se trata de Fernando Miguel Suárez quien estuvo al frente de la Onabe por un período de nueve años, entre el 4 de junio del 2003 y el 9 de agosto del 2012, como director del organismo.
En tanto, también fue puesto bajo la lupa judicial Antonio Alberto Vulcano, quien presidió la Agencia de Administración de Bienes del Estado (creada tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015, cuando asumió la actual gestión del organismo.
Con información de
UNO
#Docentes #SantaFe
— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) May 7, 2024
Es la “declaración jurada” individual impuesta de modo anterior a una medida colectiva (paro) lo que la censura previa a la libertad de expresión.
Fíjese Gobierno:
Si se dice “designa toda acción u omisión dirigida a dificultar o imposibilitar, en forma…
