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Piden llevar a juicio por intento de lavado a un conocido abogado rosarino

Lunes 01 de Abril 2019

El fiscal federal de Campana Sebastián Bringas solicitó clausurar la instrucción y elevar a juicio la causa por tentativa de lavado de activos provenientes del narcotráfico que involucra al abogado rosarino Wilfredo Germán Scarpello, a los contadores Roberto Guerini y Delia Ulecia y a Sebastián Segovia, primo del "Rey de la Efedrina".
La investigación surgió justamente como un desprendimiento de la que terminó con la condena en 2012 a Roberto Mario Segovia a 14 años de prisión por contrabando de efedrina a México y por integrar una organización que elaboraba metanfetaminas en una quinta de la provincia de Buenos Aires.
 
"La presente causa está íntimamente ligada a la investigación de acciones relacionadas con la administración de dinero de orígen ilícito proveniente de la actividad de narcotráfico desplegada por al menos Roberto Mario Segovia", describe el fiscal en su presentación.
 
El estudio jurídico, ubicado en el Victoria Mall de San Martín y Córdoba, fue allanado en noviembre de 2008, cinco días después de la resonante detención de Segovia en Aeroparque y de los operativos en su casa de Fisherton. Scarpello es un reconocido abogado, asesor de decenas de empresas y hasta de Rosario Central, donde participó en la compra-venta de futbolistas junto al ex secretario Gonzalo Estévez.
 
Abogado y contadores
 
La Justicia federal le atribuye a los tres profesionales "haber realizado gestiones para que dos personas aparecieran como testaferros de un campo ubicado en San Juan que iba a ser adquirido por Segovia". Era una inversión, por aquél entonces, de un equivalente a 100 mil dólares (310.000 pesos). A partir de escuchas, el juez Adrián González Charvay dio por probadas las maniobras para intentar ocultar de órganos de control el dinero, que era de Segovia.
 
Según el fiscal Bringas, Scarpello "comandó gestiones técnicas para disimular los bienes obtenidos como consecuencia de la actividad de narcotráfico desplegada por Mario Roberto Segovia para hacerlos aparecer como de origen lícito y pertenecientes a Delia Ulecia y Sebastián Martín Segovia". La requistoria incluye a estos dos últimos también.
 
Escuchas y roles
 
"Estuve hablando con Scarpello respecto a lo que le podrían ofrecer a Delia Ulecia para figurar como testaferro de Segovia", dijo el contador Guerini en un diálogo interceptado. Para el juez que firmó el procesamiento, no tenía ningún motivo para mentir, pese a que en su indagatoria el abogado dijo no estar al tanto de esas gestiones.
 
Afirmó además que Segovia era un "cliente menor del estudio" y que desconocía sus actividades ilícitas. Sin embargo, para González Charvay "aparece como lo más coherente a las conversaciones que Wilfredo Scarpello, verdaderamente y contrario a sus manifestaciones, junto con Guerini, se encargaban de realizar las acciones tendientes a dar a los bienes obtenidos por Mario Roberto Segovia apariencia sólida".
 
Con esas consideraciones, en abril de 2017 el abogado Scarpello, los contadores Guerini y Ulecia y Sebastián Segovia terminaron procesados como coautores de tentativa de lavado de dinero del narcotráfico al realizar gestiones para utilizar testaferros.
 
"Puntualmente, en el caso concreto, se verificó un claro intento de lavado de los bienes obtenidos como resultado de las actividades vinculadas al narcotráfico que desarrollaba Mario Roberto Segovia", dice la resolución de aquél momento.
 
Lavado sí, narcotráfico no
 
En ese sentido, destacan que los cuatro involucrados "no participaron de las operaciones de tráfico de estupefacientes de Mario Segovia, limitándose únicamente a los aspectos de ocultamiento de sus bienes, lo que los convierte entonces en los agentes lavadores de sus activos criminales, con perfecto conocimiento de su procedencia".
 
Al dar por concluida la instrucción, Brigas remarca que el delito "ha quedado en grado de tentativa, ya que si bien se dio inicio a la maniobra, lo cierto es que no pudo concluirse por circunstancias ajenas a la voluntad de los imputados".
 
Presentada la requisitoria, sólo resta que el Juzgado Federal de Campana eleve la causa a juicio oral. Las fuentes consultadas no estimaron plazos para su realización.
Con información de Rosario3

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