Accidente Monticas: se demora el juicio de una de las mayores tragedias viales de la provincia
Lunes 05 de
Agosto 2019
El 24 de agosto se van a cumplir dos años y medio del choque frontal entre dos micros de la empresa Monticas ocurrido en febrero de 2017 en la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, en el cual perdieron la vida 13 personas y otras 34 resultaron con heridas de distinta consideración.
Las cinco personas de la empresa a las que la Fiscalía les achaca responsabilidades penales, todavía no fueron imputadas.
El 24 de febrero de 2019 un grupo de personas se acercó al kilómetro 779 de la ruta 33, realizó un pequeño acto y luego un minuto de silencio, justo a las 10.30. Fue un momento de recogimiento de los familiares, amigos y allegados de las víctimas que a esa hora habían fallecido dos años antes, cuando los micros de la empresa de transporte de media distancia de la empresa Monticas se toparon de frente.
Pero no sólo fue un momento de homenaje. Sino que sirvió para visibilizar el flagelo de accidentes viales con víctimas fatales, y principalmente se reclamó Justicia y celeridad en el proceso judicial. En 2018 en toda la provincia de Santa Fe se registraron 626 muertos en las rutas y calles (es la segunda provincia detrás de Buenos Aires que suma 2.158 fallecidos), según datos de la ONG Luchemos por la Vida.
Entre otros hechos lamentables basta recordar la tragedia del colegio Ecos, cuando el 8 de octubre de 2006 un micro repleto de estudiantes protagonizó un choque frontal con un camión en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional Nº 11. Perdieron la vida doce personas, (9 estudiantes) y una docente que habían viajado a hacer tareas solidarias a Chaco, y casi cuarenta resultaron heridas. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó reabrir la causa, que estuvo repleta de desprolijidades procesales.
La investigación del accidente de Monticas quedó a cargo del fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos de Rosario. El funcionario ordenó una serie de pericias cuyos resultados recién se conocieron al final del 2018. Los informes concluyeron que el accidente se produjo por una falla mecánica: el reventón del neumático delantero izquierdo de uno de los micros, perdió estabilidad y se cruzó de carril donde impactó con el otro micro de la misa empresa.
Uno de los coches terminó en una profunda zanja que agravó el resultado del siniestro. Con esa evidencia clave, en diciembre Jurado posó su hipótesis sobre cinco responsables de la empresa Monticas. Les endilga la coautoría del delito de homicidio culposo, agravado por multiplicidad de víctimas fatales.
Ante un planteo de la defensas, que solicitaron la “invalidación de las imputaciones”, el juez de Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), Pablo Pinto, resolvió rechazarlas. En esa instancia el fiscal remarcó la conducta “negligente e imprudente por omisión de vigilancia, control y supervisión correspondiente de los coches”, alegando que de hacerlo se podría haber evitado el fatal accidente.
“Los imputados tenía un rol preponderante dentro de la empresa con relación al mantenimiento de las unidades”, manifestó entonces Jurado, y agregó que las evidencias eran “contundentes”. Los imputados, que transitan el proceso en libertad, son Juan Antonio C., director de Monticas; Pablo César D., en su rol de jefe de operaciones; Carlos L., jefe de Taller y miembro del directorio; Alejandro L., presidente de Monticas, y Raúl R. icepresidente de la firma.
Sin embargo, la pesquisa se estancó. Y mientras tanto los asesores letrados de Monticas se encargaron de responder ante las reclamaciones económicas de las víctimas y los familiares. En todos los casos formalizaron la reparación económica integral, pero el acuerdo establecía que debían desistir de la acción penal. Eso se explica que la causa tiene hoy un solo querellante, como el juicio por la tragedia de Salta 2141.
Hace tres semanas se desarrolló una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, de la cual participaron los imputados, sus defensas y el fiscal Jurado. En esa instancia el juez Pinto aceptó como querellante a los abogados Ignacio Arrondo y Fernando Braconi, en representación de Maricel Genga y de Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga, sobreviviente del accidente.
La mujer, de 42 años, artesana y bailarina de danzas árabes, sufrió lesiones irreparables, y permanece en estado vegetativo en su casa de San José de la Esquina, sin habla ni movilidad y se alimenta por sonda. En la habitación donde permanece inerte se montó una estructura sanitaria para velar por su cuidado. Un drama por donde se lo mire.
El fiscal no se opuso y se aceptó a la familia Genga como querellante. Pero en esa misma audiencia también formalizaron la misma pretensión la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad); la Municipalidad de Casilda, y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En líneas generales las instituciones argumentaron que pretendían formar parte del proceso al ser damnificados directos por el personal docente fallecido y lesionado en el siniestro, ampliándolo a toda la comunidad universitaria que se trasladaba entre Rosario, Casilda y Pérez. Y que Monticas prestaba un servicio monopólico o cuasi monopólico en condiciones deficientes, que la misma UNR había alertado sobre los potenciales riesgos.
Pero el fiscal se opuso porque entendió que no estaban legitimados. Sostuvo que “no se cumplen los requisitos formales exigidos por la norma procesal”. Y mencionó que si bien el Código Procesal Penal permite en algunos casos formar parte como querellante a ciertas personas jurídicas, deben tener como finalidad la protección de los intereses colectivos o difusos que se ven afectados por el ilícito penal.
En el caso de la UNR, según el funcionario, no tiene como objeto la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal que se imputó, sino la de garantizar la educación a nivel universitario y la formación de profesionales de carrera, no encontrándose ni penalmente ofendida por la comisión del delito ni como heredera de los ofendidos, ni como representante de los mismos ni como víctima. Los defensores en bloque adhirieron a esa apostura y también se opusieron.
Finalmente, el juez Pinto decidió admitir a la familia Genga como querellante, pero rechazó a la UNR, a la Municipalidad de Casilda y a Coad. Argumento sobre dos cuestiones: “El objeto procesal que constituye la plataforma fáctica y jurídica sobre la cual se desarrolla la investigación Fiscal”, y “que no están legitimados” porque “ninguno reviste la calidad de ofendido por los delitos investigados.
Más allá de ese trámite, la familia Genga advierte una sustancial demora en el proceso judicial, que va a cumplir dos años y medio sin definiciones concretas respecto a los imputados. “Nos convocaron a la audiencia para la constitución de querellante, donde también se debían tratar las imputaciones, pero eso último no ocurrió y se estiran los plazos. La causa claramente está estancada”, recalcó Ignacio Arrondo a Aire Digital.
Este medio confirmó efectivamente que el fiscal aún no formalizó la acusación con el pedido de pena, tampoco se fijó fecha de la audiencia preliminar, y no hay siquiera estimaciones de cuándo se podría realizar el juicio oral y público.
Sin bien Aire Digital intentó obtener precisiones al respecto, desde el departamento de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no lo pudieron confirmar. Y sobre el estado de la causa, el fiscal hizo saber a través de los voceros del organismo que no daría notas ni detalles del proceso.
Retomando las trabas del proceso, Arrondo se mostró molesto porque advierte arbitrariedades. “La Fiscalía nos dificulta el acceso a copias de la causa, cuando sabemos que detrás de Monticas hay un bloque de abogados que cuentan desde el primer momento con esa información. Además, se demora el pedido de análisis sobre la ampliación de las imputaciones a personal de los organismos oficiales y del Estado encargados del control técnico de los micros de Monticas”, cuestionó el profesional.
Es que la querella solicitó formalmente a la Fiscalía que avance sobre otras líneas de responsabilidades en relación al rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt); de Vialidad provincial y nacional; de la secretaría de Transporte de la provincia, y de la subsecretaría de Transporte de empresas interurbanas.
“Esto fue un final anunciado. Los colectivos tenían un estado deplorable, pasaban todos los días por muchas localidades cuyas vecinos y usuarios habían realizado innumerables denuncias y reclamos, pero nadie hizo nada para evitarlo”, se lamentó el letrado.
Según su postura, el accidente se dividió en dos planos trágicos. “Hay un primer momento cuando se revienta el neumático y el colectivo se desplaza. El otro, cuando cae a la banquina de ocho metros de profundidad. Esto último provocó el desarme interno del micro, la voladura de hierros que provocaron amputaciones, heridos graves y muertes. Lo dicen claramente los testimonios de los sobrevivientes. El estado de esa banquina también fue un factor clave, y eso tiene responsables” recalcó finalmente Arrondo.
En uno de los mayores siniestros viales de la provincia de Santa Fe, esa mañana del 24 de febrero murieron trece personas: Aníbal Pontiel, de 53 años (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Gabriela Márquez, de 25 años (Casilda); Cintia Albornoz, de 38 años (Rosario); Natalia Angiorama, de 31 años (Mar del Plata); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). Vidas que se apagaron abruptamente en un hecho evitable.
Entre los fallecidos había madres, padres, trabajadores, docentes, estudiantes, jubilados. Otros 34 pasajeros sufrieron heridas de consideración y fueron derivados a distintos hospitales de Rosario y la región. Se generó pánico entre los familiares de los usuarios de ese precario servicio de transporte, se abarrotaron los hospitales. Apenas se identificó a las víctimas, las autoridades difundieron las planillas con sus nombres y dónde estaban internados.
Aunque ya era tarde, una semana después del siniestro la provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas. Se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al fallecido empresario rosarino Agustín Bermúdez.
El 24 de febrero de 2019 un grupo de personas se acercó al kilómetro 779 de la ruta 33, realizó un pequeño acto y luego un minuto de silencio, justo a las 10.30. Fue un momento de recogimiento de los familiares, amigos y allegados de las víctimas que a esa hora habían fallecido dos años antes, cuando los micros de la empresa de transporte de media distancia de la empresa Monticas se toparon de frente.
Pero no sólo fue un momento de homenaje. Sino que sirvió para visibilizar el flagelo de accidentes viales con víctimas fatales, y principalmente se reclamó Justicia y celeridad en el proceso judicial. En 2018 en toda la provincia de Santa Fe se registraron 626 muertos en las rutas y calles (es la segunda provincia detrás de Buenos Aires que suma 2.158 fallecidos), según datos de la ONG Luchemos por la Vida.
Entre otros hechos lamentables basta recordar la tragedia del colegio Ecos, cuando el 8 de octubre de 2006 un micro repleto de estudiantes protagonizó un choque frontal con un camión en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional Nº 11. Perdieron la vida doce personas, (9 estudiantes) y una docente que habían viajado a hacer tareas solidarias a Chaco, y casi cuarenta resultaron heridas. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenó reabrir la causa, que estuvo repleta de desprolijidades procesales.
La investigación del accidente de Monticas quedó a cargo del fiscal Walter Jurado, de la Unidad de Homicidios Culposos de Rosario. El funcionario ordenó una serie de pericias cuyos resultados recién se conocieron al final del 2018. Los informes concluyeron que el accidente se produjo por una falla mecánica: el reventón del neumático delantero izquierdo de uno de los micros, perdió estabilidad y se cruzó de carril donde impactó con el otro micro de la misa empresa.
Uno de los coches terminó en una profunda zanja que agravó el resultado del siniestro. Con esa evidencia clave, en diciembre Jurado posó su hipótesis sobre cinco responsables de la empresa Monticas. Les endilga la coautoría del delito de homicidio culposo, agravado por multiplicidad de víctimas fatales.
Ante un planteo de la defensas, que solicitaron la “invalidación de las imputaciones”, el juez de Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), Pablo Pinto, resolvió rechazarlas. En esa instancia el fiscal remarcó la conducta “negligente e imprudente por omisión de vigilancia, control y supervisión correspondiente de los coches”, alegando que de hacerlo se podría haber evitado el fatal accidente.
“Los imputados tenía un rol preponderante dentro de la empresa con relación al mantenimiento de las unidades”, manifestó entonces Jurado, y agregó que las evidencias eran “contundentes”. Los imputados, que transitan el proceso en libertad, son Juan Antonio C., director de Monticas; Pablo César D., en su rol de jefe de operaciones; Carlos L., jefe de Taller y miembro del directorio; Alejandro L., presidente de Monticas, y Raúl R. icepresidente de la firma.
Sin embargo, la pesquisa se estancó. Y mientras tanto los asesores letrados de Monticas se encargaron de responder ante las reclamaciones económicas de las víctimas y los familiares. En todos los casos formalizaron la reparación económica integral, pero el acuerdo establecía que debían desistir de la acción penal. Eso se explica que la causa tiene hoy un solo querellante, como el juicio por la tragedia de Salta 2141.
Hace tres semanas se desarrolló una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario, de la cual participaron los imputados, sus defensas y el fiscal Jurado. En esa instancia el juez Pinto aceptó como querellante a los abogados Ignacio Arrondo y Fernando Braconi, en representación de Maricel Genga y de Adriana Beatriz Genga, curadoras de María Belén Genga, sobreviviente del accidente.
La mujer, de 42 años, artesana y bailarina de danzas árabes, sufrió lesiones irreparables, y permanece en estado vegetativo en su casa de San José de la Esquina, sin habla ni movilidad y se alimenta por sonda. En la habitación donde permanece inerte se montó una estructura sanitaria para velar por su cuidado. Un drama por donde se lo mire.
El fiscal no se opuso y se aceptó a la familia Genga como querellante. Pero en esa misma audiencia también formalizaron la misma pretensión la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores (Coad); la Municipalidad de Casilda, y la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
En líneas generales las instituciones argumentaron que pretendían formar parte del proceso al ser damnificados directos por el personal docente fallecido y lesionado en el siniestro, ampliándolo a toda la comunidad universitaria que se trasladaba entre Rosario, Casilda y Pérez. Y que Monticas prestaba un servicio monopólico o cuasi monopólico en condiciones deficientes, que la misma UNR había alertado sobre los potenciales riesgos.
Pero el fiscal se opuso porque entendió que no estaban legitimados. Sostuvo que “no se cumplen los requisitos formales exigidos por la norma procesal”. Y mencionó que si bien el Código Procesal Penal permite en algunos casos formar parte como querellante a ciertas personas jurídicas, deben tener como finalidad la protección de los intereses colectivos o difusos que se ven afectados por el ilícito penal.
En el caso de la UNR, según el funcionario, no tiene como objeto la protección del bien jurídico tutelado en la figura penal que se imputó, sino la de garantizar la educación a nivel universitario y la formación de profesionales de carrera, no encontrándose ni penalmente ofendida por la comisión del delito ni como heredera de los ofendidos, ni como representante de los mismos ni como víctima. Los defensores en bloque adhirieron a esa apostura y también se opusieron.
Finalmente, el juez Pinto decidió admitir a la familia Genga como querellante, pero rechazó a la UNR, a la Municipalidad de Casilda y a Coad. Argumento sobre dos cuestiones: “El objeto procesal que constituye la plataforma fáctica y jurídica sobre la cual se desarrolla la investigación Fiscal”, y “que no están legitimados” porque “ninguno reviste la calidad de ofendido por los delitos investigados.
Más allá de ese trámite, la familia Genga advierte una sustancial demora en el proceso judicial, que va a cumplir dos años y medio sin definiciones concretas respecto a los imputados. “Nos convocaron a la audiencia para la constitución de querellante, donde también se debían tratar las imputaciones, pero eso último no ocurrió y se estiran los plazos. La causa claramente está estancada”, recalcó Ignacio Arrondo a Aire Digital.
Este medio confirmó efectivamente que el fiscal aún no formalizó la acusación con el pedido de pena, tampoco se fijó fecha de la audiencia preliminar, y no hay siquiera estimaciones de cuándo se podría realizar el juicio oral y público.
Sin bien Aire Digital intentó obtener precisiones al respecto, desde el departamento de prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no lo pudieron confirmar. Y sobre el estado de la causa, el fiscal hizo saber a través de los voceros del organismo que no daría notas ni detalles del proceso.
Retomando las trabas del proceso, Arrondo se mostró molesto porque advierte arbitrariedades. “La Fiscalía nos dificulta el acceso a copias de la causa, cuando sabemos que detrás de Monticas hay un bloque de abogados que cuentan desde el primer momento con esa información. Además, se demora el pedido de análisis sobre la ampliación de las imputaciones a personal de los organismos oficiales y del Estado encargados del control técnico de los micros de Monticas”, cuestionó el profesional.
Es que la querella solicitó formalmente a la Fiscalía que avance sobre otras líneas de responsabilidades en relación al rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt); de Vialidad provincial y nacional; de la secretaría de Transporte de la provincia, y de la subsecretaría de Transporte de empresas interurbanas.
“Esto fue un final anunciado. Los colectivos tenían un estado deplorable, pasaban todos los días por muchas localidades cuyas vecinos y usuarios habían realizado innumerables denuncias y reclamos, pero nadie hizo nada para evitarlo”, se lamentó el letrado.
Según su postura, el accidente se dividió en dos planos trágicos. “Hay un primer momento cuando se revienta el neumático y el colectivo se desplaza. El otro, cuando cae a la banquina de ocho metros de profundidad. Esto último provocó el desarme interno del micro, la voladura de hierros que provocaron amputaciones, heridos graves y muertes. Lo dicen claramente los testimonios de los sobrevivientes. El estado de esa banquina también fue un factor clave, y eso tiene responsables” recalcó finalmente Arrondo.
En uno de los mayores siniestros viales de la provincia de Santa Fe, esa mañana del 24 de febrero murieron trece personas: Aníbal Pontiel, de 53 años (Rosario); Joana Fernández, de 15 años (Zavalla); Gianella Fernández, de 20 años (Zavalla); Juan Burzacca, de 82 años (Zavalla); Juana Ferreyra, de 69 años (Corrientes); Gustavo Souza, de 48 años (Zavalla); Jorge Forgioni, de 62 años (Zavalla); Jorge Ledesma, de 58 años (Zavalla); Gabriela Márquez, de 25 años (Casilda); Cintia Albornoz, de 38 años (Rosario); Natalia Angiorama, de 31 años (Mar del Plata); Sergio Norberto Chana, de 72 años (Rosario), y Marcelo Machado, de 23 años (Fray Luis Beltrán). Vidas que se apagaron abruptamente en un hecho evitable.
Entre los fallecidos había madres, padres, trabajadores, docentes, estudiantes, jubilados. Otros 34 pasajeros sufrieron heridas de consideración y fueron derivados a distintos hospitales de Rosario y la región. Se generó pánico entre los familiares de los usuarios de ese precario servicio de transporte, se abarrotaron los hospitales. Apenas se identificó a las víctimas, las autoridades difundieron las planillas con sus nombres y dónde estaban internados.
Aunque ya era tarde, una semana después del siniestro la provincia decidió quitarle todas las concesiones a la compañía Monticas. Se hizo cargo la UTE 33/9 conformada por dos empresas pertenecientes al fallecido empresario rosarino Agustín Bermúdez.
Con información de
Aire de Santa Fe
