Que te recontra
Lunes 26 de
Agosto 2019
Con un duro comunicado, el CPACF salió a responderle a la UIF y ratificó su postura contra los requerimientos de información sobre el origen de los honorarios profesionales en causas donde se investigan delitos graves.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) sacó un nuevo comunicado donde ratificó su rechazo a los requerimientos de información y denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) a un grupo de abogados penalistas en causas por corrupción y narcotráfico.
La entidad presidida por Eduardo Awad salió al cruce por el reciente comunicado del organismo antilavado, donde ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y requerir a un grupo de letrados penalistas información sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas.
La Unidad argumentó, entre otras cuestiones, que los abogados deben informar el origen de los fondos que obtiene de sus clientes y que estos requerimientos no violentan el secreto profesional ni el derecho de defensa en juicio.
En este escenario, el Colegio consideró que las declaraciones de la UIF fueron “desafortunadas” y advirtieron que establecer la "sospecha de ilegitimidad de los fondos utilizados por diversas personas para pagar los honorarios de los abogados importa intervertir las más caras garantías constitucionales sobre las que descansa el Estado de Derecho”.
La entidad también se refirió a las cuestiones vinculadas con el secreto profesional, y advirtió que el organismo “manifiesta un desconocimiento profundo” sobre las normas de ética profesional, las cuales establecen que el “abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo”, y que “sólo queda exceptuado” cuando el cliente así lo autorice o si se tratare de su propia defensa.
También recordaron que el Código de Ética dispone que en causa penal o en actuaciones que puedan lesionar derechos y garantías constitucionales del cliente, el abogado “velará por la preservación de los mismos, denunciando ante la autoridad competente y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, toda afectación a dichos derechos y garantías, particularmente, si ponen en riesgo la vida, la dignidad personal, la libertad individual o la integridad física y psíquica del cliente”.
“En tanto la UIF reporte la operación del pago de honorarios como sospechosa, pues supone que el origen de los fondos es ilícito y formule las denuncias correspondientes al respecto, los abogados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa en forma completa y libre ante un magistrado”, reza el duro comunicado, titulado "Esa costumbre de atacar a la Abogacía".
El CPACF destacó, además, que el secreto profesional incluye la totalidad de la relación abogado-cliente, como así también la convención respecto de sus honorarios. “La interpretación sesgada de la UIF sólo se basa en el interés de obtener datos que sencillamente podrían perseguirse bajo organismos fiscales o ante el Poder Judicial”.
Por último, la entidad señaló que el orden económico y financiero “se logra actuando con imparcialidad, ecuanimidad y justicia respetando la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten: Gobierne quien gobierne”.
La entidad presidida por Eduardo Awad salió al cruce por el reciente comunicado del organismo antilavado, donde ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y requerir a un grupo de letrados penalistas información sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas.
La Unidad argumentó, entre otras cuestiones, que los abogados deben informar el origen de los fondos que obtiene de sus clientes y que estos requerimientos no violentan el secreto profesional ni el derecho de defensa en juicio.
En este escenario, el Colegio consideró que las declaraciones de la UIF fueron “desafortunadas” y advirtieron que establecer la "sospecha de ilegitimidad de los fondos utilizados por diversas personas para pagar los honorarios de los abogados importa intervertir las más caras garantías constitucionales sobre las que descansa el Estado de Derecho”.
La entidad también se refirió a las cuestiones vinculadas con el secreto profesional, y advirtió que el organismo “manifiesta un desconocimiento profundo” sobre las normas de ética profesional, las cuales establecen que el “abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad al relevamiento del secreto profesional, negándose a responder las preguntas que lo expongan a violarlo”, y que “sólo queda exceptuado” cuando el cliente así lo autorice o si se tratare de su propia defensa.
También recordaron que el Código de Ética dispone que en causa penal o en actuaciones que puedan lesionar derechos y garantías constitucionales del cliente, el abogado “velará por la preservación de los mismos, denunciando ante la autoridad competente y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, toda afectación a dichos derechos y garantías, particularmente, si ponen en riesgo la vida, la dignidad personal, la libertad individual o la integridad física y psíquica del cliente”.
“En tanto la UIF reporte la operación del pago de honorarios como sospechosa, pues supone que el origen de los fondos es ilícito y formule las denuncias correspondientes al respecto, los abogados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa en forma completa y libre ante un magistrado”, reza el duro comunicado, titulado "Esa costumbre de atacar a la Abogacía".
El CPACF destacó, además, que el secreto profesional incluye la totalidad de la relación abogado-cliente, como así también la convención respecto de sus honorarios. “La interpretación sesgada de la UIF sólo se basa en el interés de obtener datos que sencillamente podrían perseguirse bajo organismos fiscales o ante el Poder Judicial”.
Por último, la entidad señaló que el orden económico y financiero “se logra actuando con imparcialidad, ecuanimidad y justicia respetando la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia se dicten: Gobierne quien gobierne”.
