Alerta en provincias: vacío legal les traba el manejo de fondos
Jueves 23 de
Enero 2020
La semana pasada fue resuelto ya pago de compensación por fallo de la Corte Suprema. Pero resta blindarles 6% del PBI para Financiamiento Educativo.
La decisión de Alberto Fernández de prorrogar el Presupuesto Nacional 2019 tras recibir el poder de manos de Mauricio Macri mantiene abierto aún un agujero legal que genera fuerte preocupación en las provincias porque les traba el normal manejo de los fondos que reciben de Nación.
Se trata de un asfixiante escenario que derivó incluso -afirman- en el reciente auxilio de la Casa Rosada con anticipos de recursos a cinco distritos, que habían recibido goteo cero producto de las detracciones derivadas de esa incómoda coyuntura.
Uno de los impactos de ese hueco legal, en rigor, ya fue resuelto la semana pasada, cuando se destrabó el pago a los gobernadores de la compensación ordenada por la Corte Suprema nacional en 2019 para menguar la erosión generada en las remesas por el paquete de medidas post PASO de Macri. Fue de la mano de una negociación con el secretario de Hacienda nacional, Raúl Rigo.
Pero fuentes provinciales aseguraron a Ambito Financiero que, al menos hasta ayer, seguía vigente otro espinoso agujero negro, derivado de la falta de un decreto nacional -o algún otro mecanismo legal- que blinde que el 6% del PBI debe ser obligatoriamente destinado al financiamiento de la educación, un área clave que manejan las provincias. Ese jugoso porcentaje -que se detrae antes de la distribución general de recursos coparticipables y se envía a las provincias- involucró en 2019 unos $ 200 mil millones.
Se trata de una premisa definida en la Ley Nacional 26075 de Financiamiento Educativo, y que se renueva año a año con la sanción de cada presupuesto nacional y una posterior resolución -a principios de cada enero- del Ministerio de Educación nacional, que fija la meta anual de fondos para financiamiento educativo, en correspondencia con ese 6% del PBI.
Pero la dilación en este caso del plan de gastos 2020 de Fernández obliga a aplicar un “parche” legal que, advierten desde despachos de distintas provincias, hasta el momento no ocurrió.
La consecuencia no se mide en términos de montos -los distritos reciben la lluvia diaria de la coparticipación en función de los índices estipulados- sino de “blindaje”: al no estar aprobado ese paraguas que determina que ese 6% de recursos debe ser destinado obligatoriamente a educación, el goteo de esos recursos también pasa a sufrir las diferentes detracciones que alcanza a los envíos de coparticipación a las provincias, producto de los compromisos varios de cada distrito (pagos de adelantos de coparticipación, de créditos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el BID y con otras entidades).
De esta manera la coparticipación se evapora rápidamente, y de hecho -afirmaron desde filas provinciales- el Gobierno de Fernández debió salir a auxiliar días atrás con adelantos por $ 5.600 millones a los peronistas Juan Manzur (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), además de Arabela Carreras (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut), de fuerzas provinciales, por la dura erosión que sufrieron las transferencias de coparticipación a sus distritos.
“Tuvieron que generar esos adelantos a cinco provincias porque tuvieron coparticipación cero”, aseguró una fuente del interior a este diario.
Provincias consultadas coincidieron en que el planteo ya fue elevado a la cartera de Educación de Nicolás Trotta, aunque al menos hasta ayer el tema -que involucra a Presidencia y a la cartera de Economía- no había sido resuelto. “Las provincias necesitan ese respiro”, enfatizaron ayer desde el entorno de uno de los gobernadores a este diario, respecto de una problemática con extendido impacto en los distritos.
Se trata de un asfixiante escenario que derivó incluso -afirman- en el reciente auxilio de la Casa Rosada con anticipos de recursos a cinco distritos, que habían recibido goteo cero producto de las detracciones derivadas de esa incómoda coyuntura.
Uno de los impactos de ese hueco legal, en rigor, ya fue resuelto la semana pasada, cuando se destrabó el pago a los gobernadores de la compensación ordenada por la Corte Suprema nacional en 2019 para menguar la erosión generada en las remesas por el paquete de medidas post PASO de Macri. Fue de la mano de una negociación con el secretario de Hacienda nacional, Raúl Rigo.
Pero fuentes provinciales aseguraron a Ambito Financiero que, al menos hasta ayer, seguía vigente otro espinoso agujero negro, derivado de la falta de un decreto nacional -o algún otro mecanismo legal- que blinde que el 6% del PBI debe ser obligatoriamente destinado al financiamiento de la educación, un área clave que manejan las provincias. Ese jugoso porcentaje -que se detrae antes de la distribución general de recursos coparticipables y se envía a las provincias- involucró en 2019 unos $ 200 mil millones.
Se trata de una premisa definida en la Ley Nacional 26075 de Financiamiento Educativo, y que se renueva año a año con la sanción de cada presupuesto nacional y una posterior resolución -a principios de cada enero- del Ministerio de Educación nacional, que fija la meta anual de fondos para financiamiento educativo, en correspondencia con ese 6% del PBI.
Pero la dilación en este caso del plan de gastos 2020 de Fernández obliga a aplicar un “parche” legal que, advierten desde despachos de distintas provincias, hasta el momento no ocurrió.
La consecuencia no se mide en términos de montos -los distritos reciben la lluvia diaria de la coparticipación en función de los índices estipulados- sino de “blindaje”: al no estar aprobado ese paraguas que determina que ese 6% de recursos debe ser destinado obligatoriamente a educación, el goteo de esos recursos también pasa a sufrir las diferentes detracciones que alcanza a los envíos de coparticipación a las provincias, producto de los compromisos varios de cada distrito (pagos de adelantos de coparticipación, de créditos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el BID y con otras entidades).
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