La victoria de Biden aviva a las renovables y frena a las tecnológicas
Por:
Jose Luis de Haro Tomás Díaz María Domínguez
Sábado 09 de
Enero 2021
La Administración del presidente electo norteamericano, Joe Biden, pondrá contra las cuerdas a las empresas tecnológicas, con una mayor supervisión -que se suma a las actuales demandas antimonopolio-, y un previsible incremento de la presión impositiva, en línea con lo que sucede en la UE.
Por el contrario, las compañías con intereses en negocios ligados a la energía, el clima y las infraestructuras sostenibles, como las renovables o las líneas férreas de alta velocidad, experimentarán un fuerte impulso: el próximo presidente quiere que sean piezas clave del paquete de estímulo de dos a tres billones de dólares durante los próximos cuatro años para recuperar la economía de la crisis de la Covid-19.
Cuando el pasado martes el recuento electoral en Georgia comenzó a favorecer a los candidatos demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, los grandes titanes de la tecnología como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet no tardaron en reaccionar. A medida que se esclarecía que los dos escaños al Senado en juego ofrecerían al partido del presidente electo una mayoría en la Cámara Alta, el Nasdaq telegrafió el miedo a una mayor presión regulatoria.
No es para menos. La hegemonía demócrata en el Capitolio amenaza con golpear por partida doble a la flor y nata de Silicon Valley. Por un lado está el acecho de una mayor supervisión y las demandas antimonopolio que la Administración Biden heredará del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio contra Google y Facebook. Por otro, de forma más implícita, está la expectativa de que un abundante estímulo fiscal comience a azuzar la inflación. Una situación que tradicionalmente no favorece a sectores de crecimiento. La zancadilla final se avecina del lado tributario, dado que la tecnología sería una de las más áreas más perjudicadas entre el potencial incremento impositivo.
"Las grandes tecnológicas están más expuestas a la combinación de una mayor carga fiscal y un incremento en las expectativas de inflación", confiesa Matt Gertken, estratega geopolítico de BCA Research, que resalta cómo el beneficio por acción del sector tecnológico hubiera sido un 13,5% más bajo en 2019 si se elevase hasta el 28% el impuesto de sociedades, como propone Biden.
Blanco de la animadversión
Aunque inicialmente Gertken estima que el asedio regulatorio a las grandes tecnológicas será moderado, dado que Biden respetará la alianza ya forjada por la Administración Obama con Silicon Valley, el contexto actual ha cambiado bastante. "La gran tecnología ha asumido el papel de los grandes bancos después de la crisis financiera como el blanco de la animadversión popular", aclara.
Precisamente, Jason Furman, quien fuera presidente del Consejo Económico Nacional de la Administración Obama, explicó a este periódico cómo principalmente será el Congreso el que recoja el testigo y continúe examinando detenidamente a las tecnológicas, emulando así parte de la legislación ya propuesta o aprobada en Europa. También matizó que "las compañías que generen beneficios en el extranjero y actúen como monopolios deberían pagar más impuestos", una referencia velada a compañías como Amazon o Apple.
El aumento del escrutinio por parte de un Capitolio controlado por los demócratas probablemente incluirá una mayor regulación sobre la privacidad y el uso de datos personales. En un informe de 450 páginas publicado en octubre, los legisladores de la Cámara de Representantes ya recomendaron al Congreso frenar las prácticas anticompetitivas de Amazon, Apple, Google y Facebook tomando medidas que incluyen la potencial partición de sus operaciones.
En este sentido, la animadversión de múltiples senadores demócratas en la Cámara Alta contra esta compañías es más que palpable. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, ha insistido en múltiples ocasiones en que las grandes empresas de tecnología tienen demasiado poder sobre la economía, la sociedad y la democracia. Al mismo tiempo el senador por Vermont, Bernie Sanders, ha atacado públicamente a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, por no pagar salarios dignos a los trabajadores de su distribución. En la Cámara de Representantes, la legisladora progresista Alexandria Ocasio-Cortez no ocultó su oposición a que Amazon construyera su segunda sede en el barrio de Queens, en Nueva York, proyecto que la de Seattle acabó por cancelar.
Justin Post, analista de Bank of America, manifestaba en un informe a sus clientes que los demócratas se han vuelto cada vez más críticos con la influencia y concentración de las compañías de Internet y mencionaba como Warren aboga por obligar a una partición de sus negocios o una regulación similar a la que rige a las empresas de servicios públicos.
Responsables del contenido
Otro aspecto en el punto de mira de los legisladores está en si se debe o no derogar la sección 230 de la ley de Decencia de las Comunicaciones, que actualmente blinda legalmente a gigantes como Alphabet y Facebook de responsabilizarse del contenido que sus usuarios publican en sus plataformas. El presidente saliente, Donald Trump, ha insistido sin éxito en la necesidad de anular estas protecciones pero es cierto que el Congreso continúa tanteando a los principales consejeros delegados de los gigantes tecnológicos para determinar si realmente fomentan su mal comportamiento.
No obstante, hay varios factores a tener en cuenta que indican que cualquier tipo de acción contra las tecnológicas no será inmediata. Dada la ajustadísima mayoría en el Senado de los demócratas, estos se verán condenados a entenderse con los republicanos para aprobar un cambio legislativo de calado, tanto desde el punto de vista regulatorio como tributario. Aunque existen fórmulas, como la reconciliación del presupuesto, para avanzar ciertas propuestas, no está previsto que una subida del impuesto de sociedades vaya a convertirse en una prioridad inmediata.
Desde el punto de vista de las demandas ya en curso contra Facebook y Alphabet, o las que podrían llegar próximamente, no debemos pasar por alto que este tipo de procesos tardarán años en completarse. De hecho, el juicio sobre el caso antimonopolio presentado por del Departamento de Justicia contra Google no tiene previsto celebrarse antes de septiembre de 2023.
Atentos al frente chino
Más allá de la tecnología patria, la Administración Biden y el Capitolio deben mirar también a China. Cuando el presidente electo tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero tendrá que lidiar con las consecuencias derivadas de los múltiples decretos rubricados por Trump contra compañías como ByteDance, WeChat y más recientemente QQ Wallet, Tencent QQ y WeChat Pay, propiedad de Tencent Holdings, así como CamScanner, SHAREit, VMate y WPS Office.
Esta misma semana el Wall Street Journal adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir en el país las inversiones en los gigantes chinos Alibaba y Tencent, expandiendo la lista de empresas vetadas por supuestos vínculos con el Ejército y los servicios de seguridad de Pekín. El rotativo, que citó a fuentes anónimas conocedoras de la cuestión, señaló que funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa han mantenido conversaciones con el Tesoro sobre las posibles repercusiones de la medida en los mercados. De llegar a tomar una decisión final, la aplicación de la orden quedaría en manos de Biden. Otros frentes abiertos con el gigante asiático incluyen a Huawei o al mayor fabricante de semiconductores chino, Semiconductor Manufacturing International Corporation, actualmente en la lista negra de entidades del Departamento de Comercio de EEUU.
En guerra contra el CO2
En el caso de las firmas de energías renovables y otras tecnologías ligadas a frenar el cambio climático, con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el futuro inmediato parece brillante, porque Biden, al contrario que Trump, defiende la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de CO2: en su programa electoral incluye el compromiso de situar al país en la senda de la descarbonización durante el primer año de mandato, con vistas a disponer de electricidad 100% renovable para 2035 y tener una economía libre de emisiones de carbono para 2050, en línea con el objetivo de la ONU.
Quizá lo más simbólico en este ámbito sea el retorno de EEUU al Acuerdo de París -el acuerdo internacional para frenar el calentamiento global abandonado por Trump-, durante el primer día de su mandato. John Kerry, el secretario de Estado de Obama que representó a EEUU en la Conferencia que alumbró el Acuerdo, pilotará toda la actuación climática global, con asiento en el Consejo de Seguridad Nacional.
Pero más allá de la diplomacia climática y la visión a largo plazo, la agenda económica de Biden promete invertir miles de millones de dólares para proyectos de innovación, infraestructuras y energías verdes -unos 400.000 en diez años, el doble del programa Apolo que llevó al país a la Luna-, como plantas eólicas y solares o trenes de alta velocidad, así como en una amplia mejora en el acceso a la banda ancha en todo el país.
Entre otras iniciativas, quiere rehabilitar cuatro millones de edificios para que cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética, fomentar los vehículos eléctricos y las estaciones para recargarlos -quiere superar las 500.000 unidades colaborando con los distintos estados-, estableciendo incentivos fiscales para sustituir los coches antiguos y dando ejemplo con la propia Administración. En el plano social, busca destinar hasta 775.000 millones para facilitar el cuidado infantil y el de las personas dependientes, y otros 700.000 millones en compras federales e investigación y desarrollo Made in America,
"Sus planes incluyen dos billones de dólares de gasto del Gobierno federal durante su mandato de cuatro años, algo que será más probable ahora que los planes de gasto de los demócratas no serán bloqueados por los republicanos del Senado. Representa una gran oportunidad para las empresas de sostenibilidad centradas en el clima tanto en EEUU como en el resto del mundo", confiesa Randeep Somel, gestor del equipo de renta variable de M&G.
En muchas de estas iniciativas algunos republicanos de la Cámara Alta podrían estar interesados. De hecho, a finales de año, con este foro aún en manos republicanas, se aprobó una ley ómnibus que incluía un importante regalo para todas las empresas promotoras de plantas eólicas y fotovoltaicas, desde colosos autóctonos como NextEra hasta firmas españolas como Acciona o Iberdrola: la prórroga de las exenciones fiscales denominadas Investment Tax Credit (ITC).
Exenciones fiscales
La ITC para la energía solar es del 26% para los proyectos que empiecen a construirse en 2021 y 2022, bajando después hasta el 22% en 2023 y el 10% en 2024; los proyectos podrán terminar de construirse en 2025. Las eólicas terrestres mantendrán el 60% de ITC y la marinas el 30% en los casos en que la construcción comience antes del 31 de diciembre de 2025.
Esta ley también incluye un programa de desarrollo tecnológico para desarrollar la fabricación de energía solar, ayudas para eficiencia energética en hogares pobres y hasta 35.000 millones durante diez años para tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía, renovables, captura de carbono y modernización de las redes.
Biden, por otro lado, no tendrá que esperar para empezar a aplicar sus planes: el Departamento de Energía dispone de 40.000 millones para préstamos y garantías financieras, remanentes del paquete de estímulo económico lanzado por Barack Obama en 2009 que Trump no quiso gastar y que podría poner en marcha de forma inmediata
Además la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro potencia la posibilidad de imponer un impuesto sobre el carbono que incremente los ingresos para iniciativas verdes y aplicar la hoja de ruta en materia climática. "Los resultados de Georgia significan que esta medida se someterá en ambas Cámaras a un serio debate y una votación", considera Somel.
Cuando el pasado martes el recuento electoral en Georgia comenzó a favorecer a los candidatos demócratas Raphael Warnock y Jon Ossoff, los grandes titanes de la tecnología como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet no tardaron en reaccionar. A medida que se esclarecía que los dos escaños al Senado en juego ofrecerían al partido del presidente electo una mayoría en la Cámara Alta, el Nasdaq telegrafió el miedo a una mayor presión regulatoria.
No es para menos. La hegemonía demócrata en el Capitolio amenaza con golpear por partida doble a la flor y nata de Silicon Valley. Por un lado está el acecho de una mayor supervisión y las demandas antimonopolio que la Administración Biden heredará del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio contra Google y Facebook. Por otro, de forma más implícita, está la expectativa de que un abundante estímulo fiscal comience a azuzar la inflación. Una situación que tradicionalmente no favorece a sectores de crecimiento. La zancadilla final se avecina del lado tributario, dado que la tecnología sería una de las más áreas más perjudicadas entre el potencial incremento impositivo.
"Las grandes tecnológicas están más expuestas a la combinación de una mayor carga fiscal y un incremento en las expectativas de inflación", confiesa Matt Gertken, estratega geopolítico de BCA Research, que resalta cómo el beneficio por acción del sector tecnológico hubiera sido un 13,5% más bajo en 2019 si se elevase hasta el 28% el impuesto de sociedades, como propone Biden.
Blanco de la animadversión
Aunque inicialmente Gertken estima que el asedio regulatorio a las grandes tecnológicas será moderado, dado que Biden respetará la alianza ya forjada por la Administración Obama con Silicon Valley, el contexto actual ha cambiado bastante. "La gran tecnología ha asumido el papel de los grandes bancos después de la crisis financiera como el blanco de la animadversión popular", aclara.
Precisamente, Jason Furman, quien fuera presidente del Consejo Económico Nacional de la Administración Obama, explicó a este periódico cómo principalmente será el Congreso el que recoja el testigo y continúe examinando detenidamente a las tecnológicas, emulando así parte de la legislación ya propuesta o aprobada en Europa. También matizó que "las compañías que generen beneficios en el extranjero y actúen como monopolios deberían pagar más impuestos", una referencia velada a compañías como Amazon o Apple.
El aumento del escrutinio por parte de un Capitolio controlado por los demócratas probablemente incluirá una mayor regulación sobre la privacidad y el uso de datos personales. En un informe de 450 páginas publicado en octubre, los legisladores de la Cámara de Representantes ya recomendaron al Congreso frenar las prácticas anticompetitivas de Amazon, Apple, Google y Facebook tomando medidas que incluyen la potencial partición de sus operaciones.
En este sentido, la animadversión de múltiples senadores demócratas en la Cámara Alta contra esta compañías es más que palpable. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, ha insistido en múltiples ocasiones en que las grandes empresas de tecnología tienen demasiado poder sobre la economía, la sociedad y la democracia. Al mismo tiempo el senador por Vermont, Bernie Sanders, ha atacado públicamente a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, por no pagar salarios dignos a los trabajadores de su distribución. En la Cámara de Representantes, la legisladora progresista Alexandria Ocasio-Cortez no ocultó su oposición a que Amazon construyera su segunda sede en el barrio de Queens, en Nueva York, proyecto que la de Seattle acabó por cancelar.
Justin Post, analista de Bank of America, manifestaba en un informe a sus clientes que los demócratas se han vuelto cada vez más críticos con la influencia y concentración de las compañías de Internet y mencionaba como Warren aboga por obligar a una partición de sus negocios o una regulación similar a la que rige a las empresas de servicios públicos.
Responsables del contenido
Otro aspecto en el punto de mira de los legisladores está en si se debe o no derogar la sección 230 de la ley de Decencia de las Comunicaciones, que actualmente blinda legalmente a gigantes como Alphabet y Facebook de responsabilizarse del contenido que sus usuarios publican en sus plataformas. El presidente saliente, Donald Trump, ha insistido sin éxito en la necesidad de anular estas protecciones pero es cierto que el Congreso continúa tanteando a los principales consejeros delegados de los gigantes tecnológicos para determinar si realmente fomentan su mal comportamiento.
No obstante, hay varios factores a tener en cuenta que indican que cualquier tipo de acción contra las tecnológicas no será inmediata. Dada la ajustadísima mayoría en el Senado de los demócratas, estos se verán condenados a entenderse con los republicanos para aprobar un cambio legislativo de calado, tanto desde el punto de vista regulatorio como tributario. Aunque existen fórmulas, como la reconciliación del presupuesto, para avanzar ciertas propuestas, no está previsto que una subida del impuesto de sociedades vaya a convertirse en una prioridad inmediata.
Desde el punto de vista de las demandas ya en curso contra Facebook y Alphabet, o las que podrían llegar próximamente, no debemos pasar por alto que este tipo de procesos tardarán años en completarse. De hecho, el juicio sobre el caso antimonopolio presentado por del Departamento de Justicia contra Google no tiene previsto celebrarse antes de septiembre de 2023.
Atentos al frente chino
Más allá de la tecnología patria, la Administración Biden y el Capitolio deben mirar también a China. Cuando el presidente electo tome posesión de su cargo el próximo 20 de enero tendrá que lidiar con las consecuencias derivadas de los múltiples decretos rubricados por Trump contra compañías como ByteDance, WeChat y más recientemente QQ Wallet, Tencent QQ y WeChat Pay, propiedad de Tencent Holdings, así como CamScanner, SHAREit, VMate y WPS Office.
Esta misma semana el Wall Street Journal adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de prohibir en el país las inversiones en los gigantes chinos Alibaba y Tencent, expandiendo la lista de empresas vetadas por supuestos vínculos con el Ejército y los servicios de seguridad de Pekín. El rotativo, que citó a fuentes anónimas conocedoras de la cuestión, señaló que funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa han mantenido conversaciones con el Tesoro sobre las posibles repercusiones de la medida en los mercados. De llegar a tomar una decisión final, la aplicación de la orden quedaría en manos de Biden. Otros frentes abiertos con el gigante asiático incluyen a Huawei o al mayor fabricante de semiconductores chino, Semiconductor Manufacturing International Corporation, actualmente en la lista negra de entidades del Departamento de Comercio de EEUU.
En guerra contra el CO2
En el caso de las firmas de energías renovables y otras tecnologías ligadas a frenar el cambio climático, con el desarrollo de infraestructuras sostenibles, el futuro inmediato parece brillante, porque Biden, al contrario que Trump, defiende la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de CO2: en su programa electoral incluye el compromiso de situar al país en la senda de la descarbonización durante el primer año de mandato, con vistas a disponer de electricidad 100% renovable para 2035 y tener una economía libre de emisiones de carbono para 2050, en línea con el objetivo de la ONU.
Quizá lo más simbólico en este ámbito sea el retorno de EEUU al Acuerdo de París -el acuerdo internacional para frenar el calentamiento global abandonado por Trump-, durante el primer día de su mandato. John Kerry, el secretario de Estado de Obama que representó a EEUU en la Conferencia que alumbró el Acuerdo, pilotará toda la actuación climática global, con asiento en el Consejo de Seguridad Nacional.
Pero más allá de la diplomacia climática y la visión a largo plazo, la agenda económica de Biden promete invertir miles de millones de dólares para proyectos de innovación, infraestructuras y energías verdes -unos 400.000 en diez años, el doble del programa Apolo que llevó al país a la Luna-, como plantas eólicas y solares o trenes de alta velocidad, así como en una amplia mejora en el acceso a la banda ancha en todo el país.
Entre otras iniciativas, quiere rehabilitar cuatro millones de edificios para que cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética, fomentar los vehículos eléctricos y las estaciones para recargarlos -quiere superar las 500.000 unidades colaborando con los distintos estados-, estableciendo incentivos fiscales para sustituir los coches antiguos y dando ejemplo con la propia Administración. En el plano social, busca destinar hasta 775.000 millones para facilitar el cuidado infantil y el de las personas dependientes, y otros 700.000 millones en compras federales e investigación y desarrollo Made in America,
"Sus planes incluyen dos billones de dólares de gasto del Gobierno federal durante su mandato de cuatro años, algo que será más probable ahora que los planes de gasto de los demócratas no serán bloqueados por los republicanos del Senado. Representa una gran oportunidad para las empresas de sostenibilidad centradas en el clima tanto en EEUU como en el resto del mundo", confiesa Randeep Somel, gestor del equipo de renta variable de M&G.
En muchas de estas iniciativas algunos republicanos de la Cámara Alta podrían estar interesados. De hecho, a finales de año, con este foro aún en manos republicanas, se aprobó una ley ómnibus que incluía un importante regalo para todas las empresas promotoras de plantas eólicas y fotovoltaicas, desde colosos autóctonos como NextEra hasta firmas españolas como Acciona o Iberdrola: la prórroga de las exenciones fiscales denominadas Investment Tax Credit (ITC).
Exenciones fiscales
La ITC para la energía solar es del 26% para los proyectos que empiecen a construirse en 2021 y 2022, bajando después hasta el 22% en 2023 y el 10% en 2024; los proyectos podrán terminar de construirse en 2025. Las eólicas terrestres mantendrán el 60% de ITC y la marinas el 30% en los casos en que la construcción comience antes del 31 de diciembre de 2025.
Esta ley también incluye un programa de desarrollo tecnológico para desarrollar la fabricación de energía solar, ayudas para eficiencia energética en hogares pobres y hasta 35.000 millones durante diez años para tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía, renovables, captura de carbono y modernización de las redes.
Biden, por otro lado, no tendrá que esperar para empezar a aplicar sus planes: el Departamento de Energía dispone de 40.000 millones para préstamos y garantías financieras, remanentes del paquete de estímulo económico lanzado por Barack Obama en 2009 que Trump no quiso gastar y que podría poner en marcha de forma inmediata
Además la elección de Janet Yellen como secretaria del Tesoro potencia la posibilidad de imponer un impuesto sobre el carbono que incremente los ingresos para iniciativas verdes y aplicar la hoja de ruta en materia climática. "Los resultados de Georgia significan que esta medida se someterá en ambas Cámaras a un serio debate y una votación", considera Somel.
Con información de
eE
